Osmar Arroyo/El Andaluz
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega indicó a El Andaluz que la próxima semana se reanudan las actividades en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) y se pedirá la reposición de varios temas que quedaron pendientes de la anterior gestión legislativa.
Vega indicó que uno de los temas pendientes, es la actividad minera, los diques de cola y la contaminación a las aguas del río Pilcomayo.
Después de la rotura del dique de colas que se reportó el pasado 23 de julio en la comunidad de Agua Dulce del municipio de Yocalla de Potosí, que provocó el derrame de lodos con desechos mineros por una extensión aproximada de 32 kilómetros, es que se inició un trabajo de fiscalización por parte de varios legisladores nacionales.
Vega indicó que se tienen numerosos diques de cola que no están contabilizados oficialmente y numerosas empresas que operan en esos diques de colas, pero que tampoco tienen ningún registro ni permiso de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ni del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
“Nadie los regula”, expresó el diputado Vega a tiempo de señalar que la rotura del dique de colas en la comunidad de Agua Dulce es una muestra clara de lo que pasa con la actividad minera en el país y la falta de control por parte de las instancias competentes.
Reiteró que la próxima semana al reactivarse el trabajo de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados solicitarán la reposición de todos los temas pendientes.
Vega sospecha una complicidad de algunas autoridades para permitir esta situación en el sector minero, actividades ilegales y que ponen en riesgo el medio ambiente.
Instancias del ejecutivo nacional que deberían fiscalizar la actividad minera, dijo que no lo hacen.
Mencionó que en una oportunidad en el comité de Minería y Metalurgia de la Cámara de Diputados un legislador del sector minero indicó que es difícil regular la actividad.
Señaló que es difícil que la actividad minera pueda ser regulada de manera adecuada y para ello se necesitaría realizar una reestructuración de la AJAM.
Dijo que es en esta instancia nacional que depende del Ministerio de Minería en donde se cometen todos los hechos irregulares, de corrupción o delitos.
Denuncian que la AJAM actúa como una agencia de concesiones
El año pasado en una entrevista con El Andaluz, el diputado por Chuquisaca, Walter Arizaga cuestionó la labor que realiza la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que a su parecer en la actualidad se habría dedicado solo a entregar contratos, a funcionar como una agencia de concesiones.
Se olvidaron se hacer seguimiento y control de la actividad minera.
Arizaga recordó que el 2019 en la gestión del expresidente Evo Morales se aprobó por el ejecutivo nacional alrededor de 63 nuevos contratos mineros, pero faltaba la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).
Muchas de los solicitantes comenzaron a operar sin contar con la autorización y cuando el tema se trato en la Asamblea Legislativa ya en la gestión del Gobierno de Luis Arce Catacora, no fueron aprobados.
Se tenían solicitudes para actividad minera en Potosí, Chuquisaca, Tarija y otros departamentos.
Muchas de las concesiones que pretendían aprobar por el gobierno del expresidente Evo Morales, comenzaron a operar desde el 2017, 2018, pero de manera ilegal.
Señaló que algunas empresas comenzaron a operar pensando que el órgano legislativo los aprobaría al igual que lo hizo el órgano ejecutivo, pero fueron rechazados.
El diputado dijo que la AJAM en vez de realizar observaciones a estas actividades ilegales, se dedicó a la venta de concesiones.
“No les importa que pasa con los contratos (…) o si ha cumplido con su ciclo de vida”, expresó haciendo referencia a los diques de colas.
El legislador nacional mencionó que un estudio de hacer varios años observa la presencia de varios diques de colas en la zona, alrededor de siete.
Esos diques de cola debían dejar de operar hace varios años atrás, al igual que el dique de colas que colapsó en la comunidad de Agua Dulce del municipio de Yocalla. Éste último debía cerrar el 2014, pero continúo operando hasta el desastre ambiental que se registró en julio de este año.
Arizaga indicó que no hubo una fiscalización por la instancia competente del ejecutivo nacional y dejaron que siga trabajando.
Remarcó que hay otros diques de colas en Potosí que deberían estar cerrados, pero siguen funcionando y no se los observa.
Mencionó que existen algunos diques en peor situación, que ni siquiera están inscritos o registrados en funcionamiento, pero se encuentran operando.
Ante esta situación, el diputado considera que el riesgo de contaminación continúa latente, mientras no se asuman acciones por parte de las instancias competentes para sentar un precedente y evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir.
Lamentó que a las autoridades no les importe el cumplimiento de las normativas ambientales, ni las normativas de uso, más les importa las regalías.
“Me parece que hemos ido a un nivel en donde más nos importa la plata que nos dan, en relación a lo que debería ser la vigilancia y la supervisión del cumplimiento de la Ley”, apuntó.
Reiteró, que en varias oportunidades se indicó que la AJAM más esta como una agencia de concesiones y no les importa el trabajo que se realiza en la actividad minera, qué se explota o si existen actividades ilegales.