El Deber
El 19 de agosto, la justicia emitió una resolución con la que anula la norma gubernamental que clausura la gestión escolar 2020. Dos días después el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ratificó el cierre administrativo del año escolar, pero este miércoles el Senado aprobó un proyecto de ley que obliga a retomar las clases virtuales.
Estas disposiciones contradictorias lo único que ocasionan es confusión y desconcierto en los padres de familia y maestros, advirtió este viernes la dirigencia nacional de los maestros urbanos de Santa Cruz.
“Los días avanzan y los encargados de dar vialidad a las políticas educativas siguen jugando a la chicana. Todo esto genera mucha confusión, incluso entre los profesores. Ha salido una resolución de una acción popular; ahora hay una propuesta de ley, de la que se debe esperar una reglamentación; el ministro Cárdenas dice que el año escolar está clausurado y que no va a retroceder, pero paralelamente dice que se tiene que experimentar hasta fin de año con las clases virtuales. ¿Qué hacemos los maestros?, todo está confuso”, indicó el secretario ejecutivo nacional de los maestros urbanos, Patricio Molina.
El dirigente cree que todo esto obedece a una pulseta política y falta de coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que en fondo no hay un interés real por lo que pueda pasar con la educación.
Molina agrega que el proyecto de ley aprobado este miércoles es muy escueto y establece un plazo de tres días para que el Ejecutivo dicte un decreto para reglamentar su puesta en marcha. “Estamos a la espera de eso”, dijo al recordar que el proyecto también debe pasar a revisión a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Molina asegura que, como la pandemia los imposibilita a movilizarse, el único camino que tienen por ahora para encontrar alguna claridad en el ámbito educativo es la justicia. Por eso, están a la espera de la resolución a la acción popular que presentó la dirigencia en contra del Decreto Supremo 4260, el cual, según él, “deslinda la responsabilidad económica del Estado para con la educación en tiempos de pandemia”.