Osmar Arroyo/El Andaluz

El secretario general del Movimiento de Emergencia Nacional para la Devolución de los Aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) en Tarija, Salvador Barrios informó a El Andaluz que el sector determinó en una asamblea anoche iniciar con las medidas de presión a partir de éste miércoles.

Señaló, que se realizará una marcha de protesta por las principales calles de la ciudad de Tarija, para luego proceder con la toma de las oficinas de las AFPs por unas horas.

Las medidas de presión iniciarán a las 8 de la mañana de éste miércoles y concluirán con una asamblea del sector, en donde se tomará determinaciones para nuevas movilizaciones para exigir al gobierno la devolución de los aportes a las AFPs.

Barrios indicó para las Noticias de Tarija que se dejará una carta a la Central Obrera Departamental (COD) y otra carta a la Brigada Parlamentaria de Tarija, solicitando apoyo al sector para que la devolución de los aportes.

“Como Tarija no podemos quedarnos callados”, expresó el dirigente del Movimiento de Emergencia Nacional en Tarija.

Reiteró, que se verá de radicalizar las medidas de presión en las siguientes movilizaciones, no se descarta con iniciar con el bloqueo de carretas a nivel departamental.

Diálogo con el gobierno

Ayer se tenía programada una reunión entre la dirigencia del Movimiento de Emergencia Nacional del Chaco y el presidente Luis Arce Catacora en Villa Montes, el periódico El Andaluz hasta el cierre de la presente edición intentó comunicarse con Moisés Arauz, presidente del movimiento del Chaco, pero su celular se encontraba apagado.

Al momento todavía no se hicieron conocer los resultados de las negociaciones con el gobierno para que se concrete la devolución de los aportes.

Barrios, indicó que de manera extra oficial se conocería que en esta semana en diputados se habrá agendado el tratamiento del proyecto de Ley, pero en varias oportunidades ya fue agendado pero no tratado.

Agencias

El gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, participó en el 86 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco, conflicto que enfrentó a Bolivia y Paraguay entre los años 1932 y 1935. En el acto, la máxima autoridad del departamento destacó el valor del acuerdo de paz y el trabajo de desarrollo en beneficio de ambas naciones:

“Que este aniversario de la cruenta Guerra del Chaco, una guerra que nunca debió haber sucedido, que hoy nos sirva no solo para recordar y homenajear a quienes sacrificaron sus vidas, sino que sirvan para asumir compromisos conjuntos de aquí en adelante”.

En la oportunidad, Montes destacó la importancia de mantener buenas relaciones bilaterales con la República del Paraguay con el fin de fortalecer sectores como la minería y la agricultura.

 “Hace dos años se ha creado la Cámara de Comercio Boliviano-Paraguaya, lo importante es que desde el sector público le demos impulso y abrir la frontera entre nuestros países de manera que podamos tener un intercambio comercio mucho más fluido”, destacó el Gobernador, que asistió al acto acompañado de una comitiva de empresarios tarijeños que se reunieron con sus pares del Paraguay.

Del acto también fue parte el presidente Luis Arce Catacora, entre otras autoridades que asistieron al acto central en Villa Montes.

El Presidente resaltó que la nacionalización y el control de los recursos hidrocarburíferos es una victoria que beneficia a todos los bolivianos, misma que se empezó a labrar durante la Guerra de El Chaco, cuyo aniversario 86 de cese de hostilidades se celebra hoy.

“Nuestros recursos hidrocarburíferos benefician a todo el pueblo boliviano desde que, en mayo de 2006, fueron nacionalizados por la lucha de movimientos sociales y por la voluntad política del gobierno del hermano-presidente Evo Morales, pero el camino de esa victoria fue largo y se empezó a labrar, precisamente, en la Guerra de El Chaco”, indicó Arce.

El Andaluz / Yacuiba

Los salubristas del Fray Quebracho, designado como “hospital COVID-19” recibieron ayer las adendas que amplían sus contratos con la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), luego de protagonizar distintas movilizaciones. Los documentos fueron entregados por representantes del Ministerio de Salud y del Gobierno Regional.

“Mediante las gestiones del ejecutivo José Luis Ábrego, el viernes 11 de junio se contó con la ‘no objeción’ del Banco Mundial, lo que permite la adenda a quienes trabajaron en el mes de mayo y que da continuidad a los contratos con la Aisem en los hospitales de segundo y tercer nivel del país”, indicó ayer la directora regional de Salud, Hilda Melendres.

Detalló que las órdenes de proceder permiten el trabajo continuo de los médicos y las enfermeras contratados por la Aisem en el hospital COVID-19 de Yacuiba y el hospital de segundo nivel de Villa Montes, con lo que se subsanan las dificultades con el personal de salud de estos nosocomios.

“Con la adenda que amplía los contratos, más de 100 profesionales de los hospitales de Villa Montes y Yacuiba continuarán brindando atenciones médicas a los pacientes de sus municipios. Ellos también percibirán al pago por los servicios prestados durante el mes de mayo”, resaltó la funcionaria.

La Aisem contrató nuevo personal de salud para fortalecer la atención a pacientes con COVID-19 en los hospitales designados para estos cuidados y otros estratégicos. Un total de 77 contratos fueron designados para el Chaco, de esta cifra 24 fueron para Villa Montes, 25 para Yacuiba y 11 para Caraparí, según el informe del Gobierno Regional.

Los salubristas del Fray Quebracho se declararon hace más de una semana en estado de emergencia debido al impago de sus salarios de febrero, marzo, abril y mayo. Ellos reclamaron que trabajaron el mes de mayo con contratos a la deriva, puesto que fenecieron en abril y no les ampliaron la vigencia, pese al compromiso verbal de las autoridades regionales.

El 70% del personal del Fray Quebracho tiene contrato con la AISEM, mientras que el 30% restante con el Gobierno Regional. El sector permaneció en constante vigilia en el frontis del nosocomio, a donde salían con carteles para pedir atención de las autoridades y el pago de sus salarios.

El Andaluz / Yacuiba

Jacqueline Rocabada, concejal de Yacuiba, planteó ayer que los recursos que se descontarán de los salarios del alcalde Carlos Brú y los concejales sea destinado a la contratación de cinco médicos para el hospital municipal Rubén Zelaya. Se estima que el descuento asciende a Bs 72.000 mensuales.

“No es una idea descabellada, yo ya hice las consultas a la Dirección del hospital Zelaya y tranquilamente se puede pagar los salarios de estos profesionales, porque si se destina a la reactivación económica solo se beneficiará a unas 20 o 30 personas”, sostuvo la concejal.

Rocabado planteó específicamente contratar cinco médicos internistas y dos neonatólogos para el hospital Zelaya, con el fin de atender las necesidades de salud por la pandemia del COVID-19, porque el nosocomio solo tiene un neonatólogo y un internista.

Ella señaló que los recursos que se recaudarán cada mes es aproximadamente Bs 72.000, monto que cubriría el pago a los siete galenos. “Yo pido a mis colegas concejales, más allá de quien es mayoría y minoría en el Concejo para la aprobación del proyecto de ley, que se valore la necesidad de la población respecto a la salud”.

Brú presentó un anteproyecto de ley para la reducción de su salario y el de los concejales al 50%, como un acto de solidaridad con las necesidades de la población. El documento es tratado en las comisiones de Jurídica y Económica actualmente.

El Andaluz / Yacuiba

La violencia al interior de la familia aumentó considerablemente en Yacuiba y es motivo de preocupación. En los cinco meses y medio de lo que va del año, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Yacuiba atendió un total de 631 denuncias de este tipo, es decir, 28 casos a la semana o cuatro casos a diario.

La información fue proporcionada por Cinthia Zurita, responsable del SLIM, quien detalló que los 631 casos están muy por encima de las 25 denuncias registradas entre enero y mayo de 2020. Cabe aclarar que el año pasado, entre marzo y junio, el país ingresó a una cuarentena rígida para evitar la propagación del COVID-19 y con la medida las instituciones de denuncias permanecieron cerradas.

Zurita sostuvo que el aumento de casos se debe principalmente al consumo de alcohol como factor detonante, pues muchos agresores están en estado de ebriedad cuando cometen violencia contra sus parejas o sus hijos. La Ley Integral para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia (348), de marzo de 2013, reconoce 16 tipos de violencia en el territorio nacional.

De acuerdo con los informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Yacuiba, la violencia física es el tipo más recurrente en el municipio, seguida por la violencia psicológica y la violencia sexual. La mayoría de las víctimas son mujeres y adolescentes, y los principales agresores están dentro del seno familiar: padres, abuelos, tíos, primos.

La responsable del SLIM agregó que la mayoría de los casos proviene del área urbana de Yacuiba y que de los 631 hechos denuncias 227 fueron admitidos al Ministerio Público por adecuarse a la tipificación de violencia y para su posterior proceso de investigación.

“Toda denuncia que ingresa por la FELCV es remitida al Ministerio Público y de ahí al SLIM, porque nosotros realizamos el informe psicológico de las víctimas y las patrocinamos legalmente, es decir, le proporcionamos un abogado sin que ellas paguen nada”, indicó Zurita.

Ante el incremento alarmante de denuncias, el SLIM realiza distintas acciones orientadas a la prevención y la disminución de casos de violencia contra la mujer, y entre estas actividades están los talleres vía internet, debido a la tercera ola que mantiene en vilo a Yacuiba y al país. Además, el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) prohibió las aglomeraciones.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

EL famoso puente 4 de Julio no será detenido, la obra será concluida y los trabajos y pagos continúan, lejos de una voluntad por parte de las autoridades ejecutivas del municipio y del legislativo para aclarar las irregularidades observadas, existe un consenso tácito para finalizar la obra, debido a que mucho se dijo y demostró, pero no fue suficiente para paralizar la obra.

Eduardo Miranda, ingeniero y miembro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filial Tarija, apuntó que se realizó una obra cara cuando se podría haber hecho 4 puentes con el mismo dinero.

El problema es que se realizó una infraestructura de precio elevado, es decir se esta pagando por algo que no era necesario. Cuando por menor precio se podría tener el mismo efecto y en más lugares.

Además, Miranda observó que el municipio jamás entregó datos de ningún estudio para saber la utilidad real del puente y su costo, es decir no existe información transparente.

El ingeniero lamentó que no se tenga ni un estudio sobre el tráfico y cómo mejorará la situación del mismo. 

Nos se justificó ni la compra de materiales

El Puente 4 de julio o el puente millonario de la discordia, tuvo una evaluación por parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), filial Tarija, donde se demostró que existen informalidades e irregularidades, la más concurrente es que el municipio de Cercado entregó información faltante, inconclusa, amputada, como si no se deseara una evaluación completa, en todas las dimensiones del informe se resalta que faltan datos.

Tanto en especificaciones técnicas y de forma el proyecto esta observado como faltante, pero, en una parte del informe elaborado por la comisión: análisis administrativo, socio económico y ambiental, se nota algo alarmante, ya que se concluye que “NO SE RECOMIENDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO”.

También se observó que los plazos no concuerdan con lo establecido “Sobre el Plazo no se está efectuando un control serio y responsable por los actores del proyecto, el cual debe hacerse el seguimiento y control respectivo según Cronograma de Actividades” dicta la página 39 de documento público de la SIB. 

Se observaron los precios de adquisición, ya que fueron consultados por la cámara de construcción, además que no se especifica la fuente o el lugar de compra.

En enero el past presidente del Colegio de Arquitectos de Tarija (CAT), Leopoldo López, informó en una entrevista en Televisión Andalucía que se reunieron con el ex alcalde de Tarija, Alfonso Lema, y se informó que habrían adquirido tres apoyos para el puente, los cuales tenían un precio equivoco.

Esto fue tachado de irreal por el antiguo secretario de obras públicas, Rodrigo Ichazu, sin embargo, el informe de la SIB dentro del mar de irregularidades que se tiene dicta lo siguiente respecto a los materiales y los apoyos.

-Incumple la normativa, debido que el Material debe estar claramente definido y especificado.

– Al no incluir la Entidad los Materiales ha dado curso y libertad, a que este ítem será ejecutado irregularmente, teniendo así una ejecución no adecuada a la Especificación Técnica.

– No se ha construido y ejecutado este ítem

– Se sustituye incumpliendo la especificación técnica por un emplazamiento de 3 contenedores, que no responden al costo de 110.222,70 Bs.

Por si no fuera suficientemente lapidaria, en la parte ambiental se apunta que no se cumplieron con las normas ambientales establecidas en la ley 1333, se evidenció que no se cumple con las medidas de mitigación ambiental. También especifican que es necesaria una auditoria y detener el proyecto. 

En palabras del propio informe se dicta lo siguiente:

Después de haber revisado los documentos que el gobierno municipal de Tarija facilito a la sociedad de ingenieros Bolivia regional Tarija ,se recomienda la RESOLUCION DE CONTRATO por haber encontrado indicios de sobre precio en los precios unitarios contractuales con la empresa adjudicada, existe inconsistencia de justificación técnica estructural, el proyecto es inviable financieramente por el alto costo, no existe la suficiente justificación técnica para determinar el lugar de emplazamiento, existe inconsistencia en la evaluación de impacto ambiental, el documento de estudio a diseño final carece de documentos de socialización del proyecto con las instituciones representativas de la Ciudad de Tarija como es el colegio de arquitectos ,Colegio de Ingenieros civiles, Colegio de ingenieros Ambientales barrios colindantes con el proyecto ( Ley de participación y control social), hacemos notar que de no realizar la resolución de contrato por todo lo indicado puede generar responsabilidades por incumplimiento de deberes.

Estas recomendaciones fueron realizadas en la parte del informe presentada por los ingenieros, Iván Medina Castillo y Rodrigo Alcoba Trujillo.

A pesar de todo el trabajo observado por la Sociedad de ingenieros de Bolivia, el actual alcalde, Johnny Torres, concluirá la obra, es mas los trabajos se están realizando de manera apresurada, el ahínco con el que trabajan todos los días parece haber sido multiplicado desde que Alfonso Lema dejó el municipio.

A pesar de las continuas observaciones Torres, terminará el proyecto que no pudo Rodrigo Paz, ex alcalde de Tarija actual senador e impulsor de esta obra.

EL ex alcalde prometió varias veces terminar el puente, pero, jamás se hizo, por eso la SIB informó de retraso en el contrato.

En el año 2017 La Voz de Tarija publicó que Rodrigo Paz habría anunciado que el puente es solo un poco mas caro que el Bicentenario,

“Estamos intentando hacer un nuevo sistema vial en la ciudad, el 4 de julio es un par de millones más caro que el Bicentenario a precios actuales, si lo construiríamos hoy en día” aseguró, como demostramos la SIB señaló que los rpecios acorde a la cámara de construcción hacen que la obra sea mucho más cara de lo oficial,a demás no hay justificativo de compra de materiales.

“El puente Bicentenario costó 21 millones, si lo pusieran diez años después costaría 30 millones, si lo quisieran de hacer de 4 vías, costaría 60 millones, en el puente no entra un peatón, no fue diseñado para ser un puente urbano, este nuevo puente tiene un solo arco, cuesta 3 millones más”, expresó Rodrigo Paz en el 2017, estas incongruencias e inverosímiles declaraciones tiene sentido con el informe destacado de la SIB.

Agencias

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sienta presencia en El Chaco y abrió sus oficinas para el reinicio de obras de redes de gas e instalación de gas natural domiciliario y acometida en Villa Montes. En el acto, participó el presidente de YPFB, Wilson Zelaya, y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, entre otras autoridades. Zelaya adelantó que se proyectan 7.500 instalaciones de gas hasta 2024.

“La meta al 2024 busca generar 7.500 instalaciones domiciliarias con un monto que supera los Bs 18 millones para beneficiar a 38.000 familias. Vamos a generar empleo permanente. Abrimos hoy nuestras oficinas en Villa Montes, tan anheladas por el pueblo”, indicó el presidente de la estatal petrolera.

El ejecutivo agregó que, en esta región, las obras habían quedado truncadas en noviembre de 2019 por el gobierno golpista y sus ministros (…).  “Quiero decirles que, si bien Emtagas hizo una parte de la obra, nosotros vamos a hacer 5 veces más por año de todo lo que ha hecho esa empresa en estos últimos años. Los hechos van a hablar por sí solos”, señaló el Presidente de YPFB.

Una de las metas, para esta gestión, que dio a conocer Zelaya es que se van a construir más de 30.000 metros de redes secundarias con una inversión de Bs 2,8 millones y esto va a generar empleos en Villa Montes. “Vamos a construir acometidas e instalación internas para 850 domicilios, esto lo haremos a través de 20 microempresas debidamente registradas y generando 108 empleos directos. SI nos referimos a los indicadores de Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social son más de 600 empleos indirectos”.

Las nuevas oficinas de YPFB se abren a los pobladores y se puede solicitar un código nuevo, averiguar detalles sobre facturas pendientes o conocer qué entidades financieras están habilitadas para el pago de los servicios de gas domiciliario. También se brinda información sobre los requisitos que los usuarios necesitan para hacer el cambio de nombre, de medidor y otros trámites.

La oficina de Villa Montes está ubicada en el barrio Pilcomayo en la calle Capitán Manchego, entre La Paz y Potosí, y atiende de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes.

Para cerrar el evento, tanto el Primer Mandatario como el Presidente de YPFB visitaron la vivienda de Leonor Retamozo Tolay, una pobladora de Villa Montes, quien fue beneficiada con una conexión de gas domiciliario. “Estoy muy feliz, ahora puedo cocinar con gas. Ahora abro la llave y prendo la cocina y ya está (…). Queda atrás ese afán de corretear de un lado al otro en busca del camión garrafero. Tenía una sola garrafa y para mí era muy difícil salir al trote”.