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Rosas: Impuesto a servicios digitales afectará a la educación y podría generar conflictos sociales

Osmar Arroyo/El Andaluz  

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Rosas indicó a El Andaluz que el proyecto de ley enviado por el ejecutivo nacional a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) para el cobro de impuestos a los servicios digitales afectará a la educación en el país.

Mencionó, que se trata de una modificación a la Ley de Reforma Tributaria, para poner impuestos a los servicios digitales, a la descarga de textos, de videos, entre otros servicios.

Rosas considera que con este proyecto de ley, sólo se cargará de impuestos al usuario final.

A pesar de que desde el gobierno se ha indicado que el cobro de los impuestos será a las empresas que prestas servicios digitales, Rosas cree que las empresas incrementarán sus precios para cargar este impuesto al usuario final.

Mencionó, que la norma llegará a afectar a los niños que tienen que descargar sus tareas, varias cosas que les piden los profesores y les mandan a través de los servicios digitales.

“Estoy en desacuerdo (…) no podemos cargarle este impuesto más a la gente”, expresó el legislador nacional.

Indicó, que las empresas subirán el precio de los servicios y cargarán ese monto extra al usuario final, que afectará su difícil situación económica que atraviesan por la pandemia del covid 19.

El diputado advirtió, que esta medida que pretende ser aplicada desde el gobierno podría generar grandes conflictos sociales en el país, similar a los conflictos que ocurren en la actualidad en Colombia.

Aclaró, que el rechazo al proyecto de ley no es político, y que más bien es por los efectos negativos que podría provocar en la economía de la población.

Señaló, que se pretende poner impuestos a los servicios digitales, porque el gobierno vio que en este último tiempo se ha incrementado el uso de estos servicios por la pandemia.

La cuarentena, la pandemia del covid 19, han hecho de que la mayoría de la población pueda adecuar sus actividades a través de un servicio digital.

Mencionó, que incluso a los legisladores les mandan textos a través de internet para que los descarguen y puedan revisarlos.

“Parecería que el gobierno ha visto una muy buena fuente de ingresos”, apuntó.

Para el diputado al parecer el gobierno desconoce que la mayor parte de la población utiliza los servicios digitales como una necesidad, no “por gana y gusto”.

Muchos deben hacer esfuerzos para comprarse una tarjeta para cargar crédito y poner internet a sus equipos para que sus hijos puedan pasar clases virtuales.

Reiteró, que el proyecto de ley llegará a afectar de manera directa el bolsillo de la gente más necesitada, que esta tratando de adecuarse al nuevo sistema educativo que ahora exige que todo sea de forma digital.

El legislador nacional considera que el gobierno no ha apuntado bien el hecho de poder captar mayor cantidad de ingresos económicos para el Estado y cuestionó porque no se cobran impuestos a los cocaleros, a los productores de coca, que lamentablemente han sido protegidos.

Dijo que no pagan impuestos, pero llegan a beneficiarse con obras por parte del gobierno nacional.

Falencias en educación

El diputado lamentó que desde el inicio de la gestión escolar en el país, hasta la fecha no se ha logrado subsanar las falencias que se presentan en el desarrollo de las labores escolares.

Falta de ítems, niños que no tienen acceso a internet o no cuentan con equipos para las clases virtuales, la falta de cartillas entre otros aspectos son algunas de las falencias que no lograron subsanarse hasta la fecha.

Rosas, dijo que exigieron al gobierno que se puedan generar las condiciones necesarias para las clases virtuales, para que profesores y estudiantes puedan tener mayor acceso, pero hasta ahora no ha sucedido.

Recordó que hace unas semanas atrás en diputados se aprobó alrededor de 40 millones de bolivianos que se tenían de remanente en el Ministerio de Obras Públicas, puedan ser utilizadas para educación, pero hasta ahora no se presentan mejoras para las clases escolares.

Sumando a las falencias, esta la intención de poner un impuesto a los servicios digitales, lo que dijo que genera rechazo de la población.

Defensoría convoca a mesas de trabajo para incidir en declaración de alerta contra la violencia

Agencias

 Ante el incremento de casos de violencia en el municipio de Yacuiba, la Defensoría del Pueblo convocó a las instituciones ligadas a la problemática a trabajar una propuesta para declarar alerta naranja contra la violencia a nivel municipal.

Walter Portillo, Coordinador Defensorial Regional de Yacuiba indico que en la mañana de hoy se conformaron mesas de trabajo, donde se socializó la Guía de declaratoria de alerta contra la violencia en razón de género, instrumento que sirve de orientación para tramitar la ley de declaratoria de violencia ante las instancias competentes del Municipio, Gobierno Departamental y Gobierno Nacional.

Por su parte, la directora de la FELCV Sub Teniente Alejandra Rojas señaló que los casos de violencia en el municipio de Yacuiba se incrementaron de manera exponencial en la presente gestión, ya que en estos cinco meses del año 2021 se registraron alrededor de 370 casos, mientras que en la pasada gestión 2020 se registraron 170 casos, es decir menos de la mitad durante el mismo periodo de tiempo.

Portillo señaló que el análisis realizado en las mesas permitió evidenciar que el municipio de Yacuiba se encuentra por debajo de los 70 puntos, valoración establecida en los estándares de violencia, por lo que correspondería declarar alerta contra la violencia, de tal manera que se pueda contar con un plan de acción y presupuesto destinado a transformar esta realidad.

El evento contó con la participación de la Directora de Defensa Social del Municipio, las responsables del Servicio Legal Integral Municipal SLIM, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, las unidades de Género, tanto del Gobierno Regional como del municipio, así como la participación de instituciones de la sociedad civil como la red de lucha contra la violencia, el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer CEDIM, la Central Única de Mujeres Campesinas,  y la Asociación Puentes de Esperanza.

Yacuiba ingresa a la categoría de “riesgo alto” en contagios de COVID-19

El Andaluz/ Yacuiba

El índice de Riesgo Municipal, publicado por el Ministerio de Salud, coloca a Yacuiba, Villa Montes y Caraparí en los municipios con “riesgo alto” de propagación del COVID-19. La Red de Salud señaló que ante esta alerta se deben adoptar medidas urgentes de prevención, más aún cuando hay un “relajamiento” por parte de la población.

“Yacuiba entró a la categoría de riesgo alto y eso nos obliga a sostener una reunión con el COEM (Centro de Operaciones de Emergencia Municipal). La tendencia de casos nos hace ver que debemos tomar mayores acciones porque hay un pronóstico de que aumentarán los contagios”, alertó el coordinador de la Red de Salud, Fabián Audivert.

De acuerdo con el último Índice de Riesgo Municipal, Yacuiba, Villa Montes y Caraparí ingresan a los municipios con alerta roja, es decir, a aquellos con pronóstico de 57 casos nuevos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, según la categorización. Hasta hace una semana, los tres municipios no pasaban de “riesgo medio”.

El informe del Ministerio de Salud, que un indicador que permite alertar a las regiones la magnitud de la propagación del virus, especifica que en estos municipios “el contagio se encuentra desbordado, sucede en ambientes cerrados, espacios públicos, persona a persona en cualquier lugar, hogares y otros. Se recomienda medidas más estrictas hasta desacelerar el contagio”.

Audivert confirmó un aumento de casos en Yacuiba, pues informó que el martes se reportaron 85 casos sospechosos, de los cuales 39 dieron positivo en las distintas pruebas: PCR, antígeno nasal y rápidas. En el municipio los casos nuevos no sobrepasan la cantidad de 15, pero desde inicios de mayo cambió el comportamiento.

Yacuiba acumula un total de 5.397 casos positivos desde el 1 de mayo, fecha en la que se reportó el primer contagio, y 136 fallecidos. El funcionario aseguró que la consciencia ciudadana debe ser el factor principal para frenar la propagación, porque urge cumplir con el uso del barbijo, el alcohol sanitizador y el distanciamiento social.

“Vemos a la población de Yacuiba muy relajada, por lo que les pedimos que tomar las acciones correspondientes. Empieza la época fría y van a aumentar los resfríos y neumonías, más bien los niños no están yendo a las unidades educativas. Si hay sospecha de tener el COVID-19, se debe ir inmediatamente al centro de salud, de lo contrario nuestras cifras subirán”, sostuvo Audivert.

Bagallero baleado denunciará a la Gendarmería argentina ante Derechos Humanos

El Andaluz / Yacuiba

Rider Romero, el joven bagallero de 22 años que recibió en impacto de balín por parte de la Gendarmería argentina, anunció que denunciará a esos efectivos ante las oficinas de Derechos Humanos por la vulneración de sus derechos y haber sido tratado “como un animal”. La Asociación de Bagalleros de Yacuiba afirma que hay varios casos de maltrato por parte de los uniformados del vecino país.

“No tengo una profesión y trabajo como bagallero para llevar el pan a mi familia. Ese día yo ni estaba trabajando, fui a Salvador Mazza a comprar unas cosas que necesitaba. Voy a presentar una denuncia contra la Gendarmería ante Derechos Humanos para que llegue hasta el Consulado y espero que las autoridades bolivianas nos defiendan porque no somos animales para que nos traten así”, expresó Romero.

El joven bagallero de 22 años conversó con La Región y detalló que el sábado, al promediar las 14:00, retornaba de Salvador Mazza a Yacuiba luego de comprar una carretilla para trabajar, y al pasar por la quebrada del sector 3, su cuñado pidió a la Gendarmería permiso para pasar y fue entonces que ellos quisieron revisarles las mochilas.

“Me comenzaron a jalar y a gritar que me saque la mochila, les pedí que no hagan eso y que yo solito les mostraría lo que había. ‘¿Creo que nos estás contestando?’, me gritaron y ya nomás sentí el disparo del balín en mi muslo derecho. Mientras gritaba del dolor revisaron mi mochila y encontraron una navaja con la que comí una piña minutos antes, pero ellos dijeron luego que los amenacé y que por eso me dispararon, eso es una total mentira”, aseguró Romero.

Agregó que le ordenaron que se levante, pero como no podía por la herida comenzaron a patearlo en el suelo. “Yo les pedí que me dejarán, que quería ir a un hospital, pero no me soltaron, entre tres me arrastraron y llevaron a jalones hasta su puesto de guardia. Luego me llevaron a un hospital donde no había nadie, me quedé ahí hasta las 19:00, hasta que llegó una doctora, no aguantaba el dolor”.

Romero relató que quisieron hacerle firmar por la fuerza un documento cuyo contenido no le dejaban leer. Luego lo llevaron a Migración de Argentina, donde permaneció hasta las 22:30. “Ahí me dijeron otra vez que si no firmaba me iban a meter preso. Al final firmé y me soltaron, he soportado maltratos por más de ocho horas”.

Al llegar a Yacuiba, el joven se trasladó al hospital Rubén Zelaya para recibir la atención médica y ahora debe acudir a curaciones periódicas debido a que el balín le dejó un hueco en el muslo. Aseguró que el proyectil no fue de goma, sino de “fogueo”, que posee una especie de pólvora que explota. “Solo pido justicia, porque no soy el único que sufre estos maltratos, somos varios. La Gendarmería maltrata hasta a los mismos bagalleros argentinos”.

Juan Carlos Llanque, dirigente de la Asociación de Bagalleros de Yacuiba, destacó la valentía de Romero y confirmó que efectivamente son más casos de maltrato, pero que “nadie denuncia por temor o porque saben que la Justicia no los favorecerá”. Aseguró que la crisis económica por la pandemia y el cierre del Puente Internacional hace más de un año complicó a los bagalleros y los obligó a trabajar por uno de los 40 pasos ilegales que hay entre Yacuiba y Salvador Mazza.

“Hay abuso por parte de la Gendarmería argentina, eso no pasa a este lado, ningún policía boliviano agrede, mucho menos dispara balines, a los hermanos argentinos bagalleros. Nuestras autoridades nacionales tienen que poner un alto a esto, no pueden maltratar así”, sostuvo Llanque.

Gobierno Regional garantiza presupuesto para las canastas de Adultos Mayores

El Andaluz / Yacuiba

Funcionarios del Gobierno Regional se reunieron ayer con los adultos mayores para explicarles la situación de las canastas de alimentos de este año y garantizarles la entrega a partir de junio, debido a que ya se cuenta con el presupuesto Los paquetes de los últimos cuatro meses de 2020 aún son inciertos para los abuelos de 13 barrios faltantes.

“El presupuesto para las canastas alimentarias de 2021 sí está, por eso su entrega están garantizada. Pero se les está pidiendo un tiempo y un poco de paciencia hasta que las nuevas autoridades nos interioricemos en el proceso y todo lo relacionado”, informó la secretaria regional de Desarrollo Social, Celinda Villarroel.

Resaltó que los adultos mayores están dentro de la población vulnerable y merecen toda la atención del Gobierno Regional. “Por eso estamos acá, para escucharlos y explicarles por qué se está demorando en esta gestión la entrega de las canastas. La voluntad la tenemos, de eso que no haya duda”.

Por su parte, Julio César Condori, responsable del Programa de Atención Integral a Personas de la Tercera Edad, confirmó que los paquetes de esta gestión, cada uno equivalente a Bs 200, se distribuirán desde junio.

“Queremos informarles a nuestros abuelos que el presupuesto está garantizado para los alimentos de este año. Hemos venido a desvirtuar esos dichos de que no hay recursos. Una vez que se habilite la firma del gobernador José Luis Ábrego vamos a entregar desde junio. El monto que fue aprobado mediante el POA (Presupuesto Operativo Anual) son 22 millones de bolivianos, pero en cartera tenemos 16 millones de bolivianos, que nos alcanza para nueve meses”, dijo.

Agregó que luego tendrán que hacer un reformulado para garantizar las tres canastas restantes. En cuanto a los alimentos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, no dio mayores detalles que el hecho de que la anterior gestión ya elevó un informe.

Unidos observa mala aplicación de la Ley “del 1%”, el MAS no apoya su derogación

Gabriel Morales Espíndola/El Andaluz

El debate sobre la petición hecha por el gobernador, Óscar Montes Barzón, acerca de suspender un centenar de leyes en plena vigencia por razones netamente económicas, causó revuelo en el interior de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), donde las bancadas han comenzado a definir posturas.

Aún sin comisiones conformadas y con una visible efervescencia por la pugna política, el Legislativo carga sobre sus hombros el futuro de las obligaciones económicas que pesan sobre el Gobierno Departamental de Tarija.

La mañana de este miércoles, el primer vicepresidente de la ALDT, Mauricio Lea Plaza Peláez, brindó una conferencia de prensa para exponer su criterio acerca de una de las normativas incluidas en la cartera de leyes propuestas para su derogación, la N. 206 o del “1%”, que en la primera semana de gestión de Oscar Montes ya le causó un dolor de cabeza, por la ejecución de dos débitos automáticos a favor del Gobierno Municipal de Uriondo, vaciando las arcas del Tesoro Departamental.

El legislador explicó que, durante años, la normativa ha sido aplicada de manera errónea, por dos motivos en particular; primero porque los débitos se están ejecutando del 100% de las regalías que recibe Tarija, a pesar de que el Gobierno Departamental sólo percibe el 55% de ellas, en virtud de que el 45% restante es transferido directamente al Gobierno Regional del Gran Chaco.

Como segunda observación, aseveró que las alcaldías enmarcan estos débitos en las regalías presupuestadas, es decir, las que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas para el Plan Operativo Anual (POA) del Gobierno Departamental, pero estas cifras rara vez llegan a cumplirse por diversos motivos como la baja de los precios de la renta por la exportación de hidrocarburos e incluso la pandemia que atraviesa el mundo.

“Los débitos que están practicando los gobiernos municipales son, sobre el 100% de las regalías y sobre lo presupuestado, no lo ejecutado, por ejemplo, Uriondo ha debitado Bs 22.668.742 correspondiente a las gestiones 2017 y 2018, lo que debía debitarse según la ley, son Bs 12.456.808, por tanto, hay un débito en demasía de Bs 10.211.934, se ha debitado en exceso en un 45% respecto a lo que dice en la propia ley, este tipo de hecho son atentatorios a la economía del departamento y en materia penal se llama conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, tanto de los funcionarios del Gobierno Municipal que están haciendo la liquidación sobre bases ilegales como de parte del Ministerio de Economía que está haciendo los débitos incumpliendo la ley”, argumentó Lea Plaza Peláez.

El vicepresidente consideró que este tema requiere un análisis por parte de la Asamblea Departamental, que ya ha recibido la propuesta por parte del gobernador Montes para la derogación de las 100 leyes.

En ese orden, la directiva pretende agendar este tema para que el pleno debata y decida cuáles de estas leyes se pueden sostener en el tiempo.

“Vamos a hacer un análisis y veremos cuáles son fundamentales, qué leyes no, si algunas tienen problemas de aplicación y cuáles no se pueden sostener en materia de financiamiento, ese es el tema, ¿de qué nos sirve tener 100 leyes que comprometen recursos para todo? si en la práctica, materialmente, la insolvencia de la Gobernación no permite cumplirlas, ese tema corresponde no sólo a la Asamblea sino a los diferentes sectores”, mencionó.

Los débitos automáticos ejecutados a las arcas de la Gobernación, fueron requeridos por el exalcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz García, antes de dejar la silla municipal, lo que Lea Plaza calificó como un favorecimiento político para bloquear la gestión de Montes.

En contraposición, el asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), José Yucra Paredes, manifestó que las 100 leyes apuntadas son producto del compromiso asumido con las provincias, con las organizaciones sociales y sectores de la población.

“No se puede alegremente borrar un trabajo de 5 años de la anterior legislatura, sería irresponsable por parte de nosotros anular esas leyes, hay que ver la viabilidad de cada una de ellas y, si son leyes regionales hay que garantizar los recursos económicos para que se puedan consolidar”, enfatizó el exejecutivo de los Interculturales.

Cómo entender el problema de la FEDJUVE y por qué existen nuevas elecciones

(Roberto A. Barriga/EL Andaluz)

El 18 de octubre del 2020 en Bolivia sucedieron elecciones nacionales, esto causó algunos problemas dentro de la FEDJUVE, porque el que en ese entonces era presidente, Edwin Rosas, ganó un curul como diputado nacional por Tarija, entonces la dirigencia pasó a manos de Nancy Ordoñez.

El 2019 se vivió una crisis política al igual que el 2020, al igual que el inicio de la pandemia esto causó también problemas dentro de la federación vecinal.

Esto ocasionó que, a finales del 2020, David Galdo, tras un ampliado sea elegido como nueva cabeza, pero, algunas autoridades del anterior directorio desconocieron estas elecciones, y justificaron las prórrogas debido a todos los problemas que atravesó el país y el departamento.

Ahora en mayo del 2021, la dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, que desconoce la gestión de Galdo, Miriam Ortega, informó que el día ayer se inscribieron a todos los presidentes barriales y a las personas acreditadas que participaran en representación de los barrios en el congreso departamental de la Fedjuve, que se llevará a cabo este 15 de mayo con fines de elegir a la nueva directiva.

Es decir, la gestión que se prorrogó desde el 2019 por distintos factores, recién llamó a un congreso para elegir a las nuevas autoridades.

“Estamos viendo que hay participación de todas las provincias del departamento, mientras que en la ciudad de Tarija contaremos con la presencia de cada uno de los presidentes de barrio y sus respectivos delegados” indicó.

Ortega explicó que se tiene el respaldo de las provincias tarijeñas, además que es un congreso legal, y oficial, lo que dejaría a la otra junta invalidada.

“Contamos con Villa Montes, Bermejo, Yacuiba, El Puente, San Lorenzo y Entre Ríos, que son los que han confirmado su presencia dentro de este décimo quinto congreso departamental” sentenció.

El día martes, Nancy Ordoñez, quien encabeza la FEDJUVE que no fue a elecciones y se prorrogó, indicó que el congreso se llevará adelante a pesar de las protestas de la federación paralela.

Windsor Colque, Fiscal general de la FEDJUVE (Federación Departamental de Juntas Vecinales) a cabeza de David Galdo, indicó ante El Andaluz para las Noticias de Tarija que se presentó un amparo constitucional para evitar que se realicen elecciones de la que sería la FEDJUVE paralela.

Colque asegura que la FEDJUVE a cabeza de Nancy Ordoñez, feneció su mandato el 2018, se prorrogaron hasta el 2019, y pesar de eso aluden que son dirigentes, una de las pruebas mas grandes es que el estatuto de la Federación implica que no se puede estar tres años de gestión.  Colque también citó la ley de participación de control social, la cual indica que no se puede reelegir autoridades mas de dos veces seguidas.

La justicia determinará cuál es la verdadera FEDJUVE, tras la presentación de pruebas documentales. El fiscal general a cabeza de Galdo, indicó que es su derecho al trabajo y su institución “han sido prostituidas”.

En caso de que la justicia frene el congreso, Colque argumentó que la apuntada FEDJUVE paralela se tendrá que ver con la justicia ordinaria.

Toma de oficinas y enfrentamientos

 En enero de este año, a cabeza de David Galdo, se tomó las oficinas de la FEDJUVE ubicadas en la plaza Luis de Fuentes y Vargas.

Galdo, señaló que el directorio saliente si quiere podría presentar un amparo al congreso del 12 de diciembre, pero aclaró que ellos cumplieron con lo señalado en el estatuto.

Mencionó, además que se pedirá la entrega de las oficinas a través del Ministerio Público, por lo que ya presentaron un memorial a esa instancia para que se pueda realizar en los próximos días una posesión oficial de las oficinas.

Señaló, que las puertas de las oficinas de la Fedjuve permanecen cerradas por mucho tiempo y que es necesario de que se pueda comenzar con la reestructuración de la organización en favor de los vecinos de todo el departamento, por lo que su directorio está conformado por representantes de las provincias.

La escena fue bastante tensa, porque el secretario general de la FEDJUVE de Ordoñez, Víctor Azero, apareció en la toma cuando un cerrajero contratado trató de abrir la puerta, junto con la policía el dirigente logró dispersar a los simpatizantes de Galdo a tiempo de llamarlo fracasado.

“Agradecemos la intervención de la Policía, sólo queremos que se resguarde la Federación de Juntas Vecinales, lamentablemente Galdo es un fracasado político, ha sido candidato por varios partidos, tiene problemas pendientes con Cossett (Cooperativa de Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Tarija) y como ha fracasado en todos lados quiere entrar por asalto a Fedjuve” aseguró en enero Azero.

Piden a la Gobernación recursos para los pacientes con cáncer

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

El medio digital tarijeño Notisalud, visitó la Unidad de Prevención Precoz de Lucha Contra el Cáncer en Tarija, donde se pudo evidenciar que varias personas aguardan a ser atendidas, estas personas usualmente son de bajos recursos, y se quedaron a su suerte.

Adrian Oliva, dejó sin recursos el programa desde marzo y Oscar Montes quiere dejar de dar dinero a su programa porque considera que afecta financieramente a la gobernación según un comunicado que salió de su propio despacho al frenar 100 leyes departamentales, entre ellas la ley 152 a favor de enfermos de cáncer.

Aparentemente era una intensión dejar de dar recursos para este programa, sin embargo, el medio tarijeño corroboró que los pacientes necesitan de manera urgente tratamiento y pidieron que Montes tenga corazón y empatía y pueda ayudarlos, ya que son un sector vulnerable de la población, hasta ahora no se desembolsó dinero, lo que demuestra el poco interés de las autoridades para este sector.

Wendy Veizaga, paciente de cáncer de mama, comentó a Notisalud que tiene una hija en etapa de lactancia, pero, ya no puede dar lecha materna a su retoño, porque la enfermedad se pasó al otro pecho, con ambos contaminados debe comprar fórmula para el bebe, pañales.

Por si fuera poco Veizaga tiene otro hijo en etapa escolar, su pareja y ella no tiene trabajo formal, no saben cómo salir de la situación, al menos el programa cubría la quimioterapia ahora no pueden cubrirla.

“La salud tiene precio, que no digan que no tiene precio, nosotros que no trabajamos y no hay trabajo (…) en otros lados vale 20 mil bolivianos la quimo” dijo ante cámaras.

Pidió a las autoridades de la Gobernación de Tarija que tengan empatía y vean a las personas que padecen esta desafortunada enfermedad las vean como si fueran familiares suyos.

Teófila Ramírez, tiene cáncer de útero e hígado, le realizaron varias quimioterapias, fue operada, pero, la nefasta enfermedad volvió.

Al parar los recursos para los pacientes con cáncer, Adrian oliva y su predecesor, Oscar Montes están perjudicando a un sector olvidado de la población “Duele mucho, yo quisiera que nos ayude” indicó.

El semblante de preocupación de Ramírez es compartido por varias personas que están esperando respuesta alguna, alguna señal, o algo que los pueda sacar aunque sea un tiempo de los apuros.

“El doctor Castrillo dice ustedes tiene que reclamar, que se levante de una vez y nos atiendan para que hagamos quimio” expresó.

Otro paciente mostrado por Notisalud, Orlando Choque, indicó que la ayuda que dan en el programa salva vidas, debido a que se puede acceder a medicamentos que cuestan desde 7500 bolivianos , si la gobernación deja de dar recursos a este programa morirán muchas personas en el abandono, ya que con la pandemia, la crisis económica, y la falta de trabajo formal, es insostenible enfermarse de cáncer y subsistir.

Montes plantea a la ALDT dejar en “suspenso” 100 leyes que afectan financieramente a la Gobernación

Ante la difícil situación económica por la que atraviesa la Gobernación de Tarija, el gobernador Oscar Montes, ha propuesto a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), dejar en “suspenso”, 100 leyes que afectan financieramente al Gobierno Departamental.

“Hemos identificado un total de 100 leyes que asignan recursos financieros del Gobierno Departamental para diferentes tipos de actividades. Estamos cursando el día de hoy una carta al presidente de la Asamblea y a todos los asambleístas departamentales, para que puedan dejar en suspenso la aplicación de estas leyes y la suspensión de algunas de ellas”, enfatizó Montes.

El Gobernador detalló que entre las leyes que se está planteando la suspensión se encuentra, la normativa que permite el débito automático. Mencionó que el pasado viernes ingresaron recursos por 13 millones de bolivianos a las arcas del Gobierno Departamental, pero duró unos minutos, ya que inmediatamente han sido debitados por el Gobierno Municipal de Uriondo, lo que dejó en iliquidez a la Gobernación, motivo por el cual urge un reajuste legislativo.

“Le estamos pidiendo a la Asamblea que pueda derogar esa ley, porque está claro que obedece a una intencionalidad política, que, a un proceso de desarrollo, por otro lado, no tenemos ninguna posibilidad material de poder cumplir todas las obligaciones que emergen de estas 100 leyes que han sido promulgadas”, señaló Montes.

Con la ayuda de la cooperación Sueca buscan resolver problemática de la basura en Tarija

Agencias

El alcalde Johnny Torres tuvo ayer martes 12 de mayo una reunión ejecutiva con la Cooperación Sueca, financiadora del proyecto “Basura 0”, en la que se tomaron importantes decisiones para avanzar en temáticas como el manejo integral de residuos mediante clasificación y reciclaje, el cerramiento del botadero municipal, y la implementación de un nuevo relleno sanitario, temas que subrayó serán superados en su gestión tras casi tres décadas de postergación.

El proyecto “Basura 0” es ejecutado por las organizaciones Swisncontact y Helvetas, mediante la Fundación Aguatuya, con el financiamiento de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, motivo por el cual una comitiva compuesta por representantes de estas organizaciones llegó a la ciudad para sostener una reunión con el Alcalde, dándole a conocer los avances, el alcance y los requerimientos que se tienen para continuar con el proyecto, dada la transición de mando del Gobierno Municipal.  

Al concluir el encuentro en el que se tomaron determinaciones trascendentales para agilizar el proyecto, el alcalde Johnny Torres agradeció a nombre del pueblo tarijeño a la Cooperación Sueca y a las organizaciones que son parte del proyecto, con quienes indicó se va a trabajar arduamente en cerrar el botadero, trasladarlo hacia otra parte, en implementar una planta de reciclaje de basura, y en el manejo y aprovechamiento de los residuos que se generan.

“Queremos hacer que contrariamente a ser un problema, el tema de la basura sea una oportunidad de generar dinero. A los municipios de San Lorenzo, Uriondo, Padcaya y Entre Ríos, vamos a proponer una metropolización de la basura, por ello el financiamiento de estos programas es muy importante para superar un daño ambiental. Sobre el cierre del botadero, se tiene un estudio que planteará las opciones de salida, pues Pampa Galana con el tiempo se convertirá en un parque urbano”, expresó Torres a tiempo de responder a la prensa que el emplazamiento de un nuevo relleno, primero se trabajará desde el ámbito social con las comunidades.

Fredrick Uggla, concejero y jefe de la Cooperación de la Embajada de Suecia en Bolivia, indicó que la reunión ha sido muy productiva y ha servido para presentar el proyecto “Basura 0” que consiste en minimizar el impacto ambiental, promover la separación, tratamiento, y recolección de desechos, por lo que con la buena predisposición del nuevo Alcalde se espera que Tarija se convierta en un ejemplo del manejo de residuos para el resto del país, mediante un tratamiento sostenible y responsable.

La directora del proyecto “Basura 0”, Mariana Daza, manifestó que ahora que se cuenta con el visto bueno de la primera autoridad del Gobierno Municipal de Tarija, el proyecto continúa con más fuerza y en las próximas semanas se prevé entregar el equipamiento urbano para la separación de residuos en las zonas piloto determinadas, pues se cuenta ya con vehículos para este trabajo. Daza puntualizó que también se cuenta con un equipo de profesionales en el área que en lo técnico ayudarán a fortalecer el proyecto en general. 

“Nos vamos muy contentos por la apertura que ha tenido el Alcalde respecto a las necesidades de dar continuidad al proyecto, pero también por la prioridad que él le ha dado a esta temática y al tema medio ambiental en general. Tenemos la confianza de continuar con el proyecto que puede convertirse en modelo a ser replicado en otros territorios. Sobre el relleno sanitario, se tiene que definir un sitio para la disposición final, y estamos prestos a colaborar en la toma de decisiones que tomará su tiempo pero responde a la necesidad de contar con un nuevo relleno”, explicó Daza. 

Bloque del sur confirma paro desde el lunes si no hay atención de ministros

El Andaluz / Yacuiba

El denominado bloque o frontera del sur, conformado por cívicos, bagalleros, gremiales y transportistas de Yacuiba, Bermejo y Villazón (Potosí), confirmó ayer el paro indefinido desde el lunes 17 de mayo, en caso de que los cuatro ministros de áreas económicas y relaciones internacionales no acepten la reunión en el municipio para tratar la reapertura de la frontera y las consecuencias del cierre.

“Ojalá la diputada Lidia Tupa y el senador Miguel Rejas puedan hacer llegar a los cuatro ministros que necesitamos para encontrar juntos una solución. Nosotros entramos en paro indefinido en las tres fronteras desde el 17 de mayo, pero ojalá las autoridades no lo permitan y nos den soluciones”, indicó ayer el presidente del Comité Cívico de San José de Pocitos, José Wayar.

Detalló que el bloque del sur demanda la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta; de Salud, Jeyzon Auza; de Obras Públicas, Edgar Montaño; y de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, en una reunión que piden se realice en Yacuiba, con la presencia de representantes de Bermejo y Villazón.

El sector busca tratar principalmente cuatro puntos con las autoridades nacionales: trabajo, inmunización contra el COVID-19, reapertura de la frontera con Argentina y el acceso a un plan de viviendas. “Ya hemos mandado nuestro pliego a los legisladores que nos representan, ellos están trabajando y me confirman que hay un viceministerio que aceptó venir a Yacuiba, pero exigimos la presencia de cuatro ministros para solucionar los problemas en la frontera”, dijo Wayar.

El cívico adelantó que en el encuentro el bloque del sur planteará alternativas a la total reapertura de la frontera, como un paso escalonado con la finalidad de que la gente retorne paulatinamente a sus actividades en la frontera, que es lo que les daba el sustento diario.

“Ayer (lunes) un hombre fue baleado con balines de goma en Argentina, por parte de gendarmería, ese problema es porque pasamos por puestos ilegales. Si no hay robos hay estos balines, son los problemas de todos los días en Argentina, por eso hay que aminorar las consecuencias económicas del cierre de la frontera”, señaló Wayar.

La frontera con Argentina fue cerrada hace más de un año, en marzo de 2020. Desde entonces, los bagalleros y gremiales piden apoyo a los distintos niveles, debido a que la actividad con la frontera era su fuente de sustento. El país vecino confirmó que cerrará sus fronteras hasta finales de este mes para luego realizar una nueva evaluación de los contagios de COVID-19 en su territorio.