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Caso Gestora: Piden a la Fiscalía citar a Arce y otros implicados; hay daño de $us 8.5 millones

Erbol

El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción Guido Melgar instó a la Fiscalía de La Paz acelerar el proceso de investigación contra el exministro de Economía Luis Arce Catacora  y otros implicados, por daño económico al Estado de 8.5 millones de dólares en pagos irregulares para el funcionamiento de la Gestora Pública.

Indicó que la gestión de Arce contrató a la empresa panameña Sysde por 3.5 millones de dólares para la instalación de un software que nunca fue entregado de acuerdo al contrato. Adicionalmente compró por 5 millones de dólares servidores de otra empresa para la transferencia de datos que nunca funcionaron.

Dijo que solicitaron a la Fiscalía de La Paz el congelamiento de cuentas de Luis Arce Catacora y la ampliación de las investigaciones contra Mario Guillen exministro de Economía; Patricia Miraval, exdirectora de la Autoridad de Pensiones y Seguros, y Óscar Ferrufino, exviceministro de Pensiones y Sistema Financiero, por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Sin embargo hasta el momento no fueron citados por la ampliación de la denuncia, anotación preventiva de bienes ni el congelamiento de cuentas. Indicó que el Ministerio Público tiene un plazo de 20 días en la etapa preliminar y considera que debería citar a los denunciados para que declaren y en función a la investigación tendrían que resolver por el rechazo de la denuncia o la imputación formal.

Advirtió que serán celosos en el cumplimiento de los plazos procesales porque luego de la etapa preliminar viene la imputación formal donde habrá una investigación a fondo.

De hecho reveló que la empresa panameña Sysde demandó al  Estado boliviano a un proceso arbitral y el gobierno de Evo Morales contrató un consorcio de abogados español Uría Menéndez Abogados, S.L.P por 250 mil dólares.

Precisó que el contrato con los españoles fenecía el 31 de diciembre de 2019 pero a raíz de la mala actuación de las autoridades, el Estado no tenía pruebas para demostrar la responsabilidad de incumplimiento de Sysde y dispuso la apertura de una auditoría a fin de tener pruebas.

Melgar explicó que los 3.5 millones de dólares que recibió Sysde, sin hacer nada, se podría recuperar en función al desarrollo del proceso arbitral y habrá que ver qué hacer con los servidores mal comprados  y que nunca funcionaron en la Gestora Pública.

Gobernación: Daño económico en la gestión de Lino Condori supera los Bs 800 millones

Osmar Arroyo/El Andaluz

El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, señaló que el daño económico en la gestión del exgobernador Lino Condori se acumuló hasta los 842 millones de bolivianos, por hechos de corrupción.

Aseguró, que este monto esta certificado por los dictámenes judiciales, imputaciones y acusaciones en contra de la exautoridad.

Señaló, que se tienen proyectos en la provincia O´Connor, en Bermejo y otras regiones en donde se habrían cometido irregularidades.

La compra de tanques flexibles, caña de azúcar, motores chinos, entre otros casos que se encuentran en la justicia ordinaria.

Reiteró que todos esos hechos fueron trasladados al órgano judicial, por la pésima administración en la pasada gestión de la Gobernación, cuando estaba a la cabeza de Lino Condori.

Sobre el caso por la compra de una imprenta con sobreprecio, García, resaltó que la empresa investigada decidió acogerse al proceso abreviado, es decir que aceptó su responsabilidad.

Mencionó, que la audiencia debía llevarse a cabo el pasado lunes, sin embargo, los abogados de la empresa solicitaron suspenderla por temas de salud.

“Todos los delitos están acreditados”, indicó el secretario de Justicia, al señalar que no se opusieron a la suspensión de la audiencia, asegurando que el caso se va a comprobar que hubo incumplimiento de contrato, defraudación al Estado, para comprobar un sobreprecio de casi del 500 por ciento.

Proyecto Tapecua-Zapaterambia

En la jornada de este viernes, el secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, informó que la Contraloría General del Estado, emitió un nuevo ‘dictamen de responsabilidad’ que certifica que el exgobernador del MAS, Lino Condori, ha ocasionado un daño económico de Bs. 58 MM por el proyecto Tapecua – Zapaterambia.

“Tuvimos conocimiento sobre un nuevo informe de auditoría, que es un dictamen de responsabilidad emitido por la Contraloría, el mismo certifica que por el proyecto Tapecua Zapaterambia, el señor Condori ha ocasionado un daño económico de 58 millones de bolivianos”, explicó.

García sostuvo que dicho dictamen no es solamente un informe, sino que es consecuencia de una investigación en auditoria, que representa como instrumento necesario para presentar una nueva demanda coactiva ante el Órgano Jurisdiccional.

“Si hacemos una sumatoria de los dictámenes anteriores, de las imputaciones, de las acusaciones como los casos de tanques flexibles en el Chaco, motores chinos, imprenta, los proyectos en Entre Ríos; Bermejo podemos indicar que los procesos arrojan un total de 842 millones de bolivianos de daño económico que ha ocasionado Lino Condori”, dijo García.

En ese entendido, la Autoridad señaló que todos estos antecedentes se los pondrá en conocimiento ante el órgano jurisdiccional, para que desde esa instancia se emitan las medidas precautorias necesarias como; embargo de bienes, retención de cuentas entre otras que se encuentran establecidas en el procedimiento.

Por su parte, el subprocurador de Defensa del Estado, Alejandro Rodas, indicó que sostuvo una reunión con el secretario de Justicia de la Gobernación, en donde se tomó conocimiento del dictamen de la Contraloría General del Estado, que determinó un daño económico de 58 millones de bolivianos en la gestión de Lino Condori y otros funcionarios en la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), por resolver el contrato de la obra caminera Tapecua-Zapaterambia.

Para Rodas, esta resolución de contrato, ha provocado que hasta la fecha no se tenga una vinculación caminera con el Chaco.

Anunció, que la Procuraduría junto a la Gobernación, deberán necesariamente ir por un imperio legal, para coadyuvar a recuperar esos recursos económicos y precautelar los bienes del Estado.

“No podemos dejar en impunidad tanto daño que se ha causado”, expresó.