Archivo de la etiqueta: Corrupción

Asambleísta denuncia privatización simulada en YPFB

Osmar Arroyo/El Andaluz

El presidente de la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Abel Guzmán, denunció que hay una privatización simulada en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Señaló, que no lo qui9eren decir de manera directa, pero lamentó que funcionarios de la brasilera Petrobras estén operando en altos cargos en YPFB.

“Lo que están haciendo es orientar a su favor”, expresó, a tiempo de mencionar que se dieron algunos favores a la petrolera Petrobras como la firma de la última adenda por encima de las pérdidas económicas que esto puede provocar al Estado boliviano.

Para el presidente de la comisión de Energía e Hidrocarburos, se maneja esto de manera discreta y se trata de simular, pero esto se llegará a saber el día de mañana.

El legislador departamental lamentó la forma en la que se maneja a la estatal petrolera y también a la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), en ambas empresas se sufre por las improvisaciones del gobierno, cambio de gerentes cada semana.

Con este tipo de actitudes, dijo que no se puede garantizar una política sólida para el sector hidrocarburífero y para el sector energético en el país.

Mencionó, que simplemente se esperará el cambio de gobierno para que se pueda asumir estos sectores con responsabilidad, para trabajar seriamente y no con gente que busca solamente sacar réditos personales o para “robar”, en donde algunos tarijeños son cómplices funcionales del Gobierno actual, lamentó.

 

Cambios constantes  e improvisados

El asambleísta departamental dijo que no hay una política definida a nivel del departamento, ni a nivel nacional en el tema hidrocarburífero.

“YPFB o el Ministerio de Hidrocarburos no le achuntan una por lo menos en buscar una solución que venga a dar a una respuesta a Tarija y al país”, expresó.

Señaló, que en el sector de hidrocarburos se maneja de manera improvisada, con cambios de gerentes constantes en YPFB:

Mencionó, que en los nueve meses de gestión del Gobierno transitorio en la estatal petrolera se tuvieron más de 20 cambios de gerentes entre ellos alguno de ellos es estilista.

Guzmán, dijo que tiene respeto por todas las profesiones, pero cada quién en su debida área, en el caso de hidrocarburos se requiere personas expertas en el área.

“Lamentablemente esta es la cruda realidad”, indicó, señalando que espera que después de las elecciones generales el nuevo gobierno estabilice una política seria en el país, que se tengan nuevos tarijeños con otra visión para darle solución a los temas pendientes en hidrocarburos.

Para la diputada Norma Piérola, el cargo de Ministro de Hidrocarburos debería estar ocupada por una persona técnica, un profesional entendido en la materia.

Víctor Hugo Zamora es ingeniero agrónomo de profesión, y Piérola considera que a pesar de haber adquirido algún conocimiento sobre hidrocarburos, no es suficiente, se requiere una persona técnica en el cargo.

Lamentó, que las autoridades de hidrocarburos ahora traten de evadir sus responsabilidades y ni siquiera quieran responder a las Peticiones de Informe Escrito (PIEs) que se envían.

 

Ingresos por regalías

Debido a la baja en el precio internacional del barril de petróleo y a la reducción en los volúmenes de exportación de gas a Brasil y Argentina, se ha visto una reducción considerable en los ingresos económicos para Tarija por concepto de regalías petroleras.

El asambleísta Guzmán, recordó que Tarija percibe más del 95 por ciento de sus ingresos económicos del sector hidrocarburífero, por lo que será uno de los departamentos más golpeados por la reducción de estos ingresos.

Lamentó, que hasta la fecha no se hayan visto fuentes alternativas de ingresos para el departamento y sólo se queda en el discurso y más ahora con las elecciones en puerta, que se hacen grandes planteamientos elección tras elección, pero al final no se concreta nada en favor de la región.

Mencionó, que todavía se produce gas en el campo Margarita, pero que la producción ya estaría al tope, con esta situación indicó que se tendrán problemas más adelante si no se hace nada.

 

Piden auditoria

La diputada Norma Piérola, indicó que la pasada semana nuevamente se registró una marcha de trabajadores de YPFB en la sede de Gobierno que exigen la renuncia del ministro Víctor Hugo Zamora.

Lamentó, que durante su gestión se registren hechos de corrupción, de malversación en la compra de gasolina y diésel y no se tenga una garantía energética en el país, por la escases de combustible que se registra en varios departamentos del territorio nacional.

La legisladora considera que por estos hechos se debería realizar una remoción general al interior de la estatal petrolera y realizar auditorías previas por parte de la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General.

Señaló que los ministros del actual gobierno se niegan a responder a la solicitud de información que hacen los legisladores sobre denuncias de hechos de corrupción que se realizan.

 

 

 

Niegan que se compró La Razón y Extra con dinero del «Evo Cumple» y prevén denuncia ante ANP

ANF

Una nota de prensa de los matutinos La Razón y Extra señala que “es totalmente falso” que ambos medios hayan sido comprados con dinero del programa “Evo Cumple”, y atribuyen esa versión a una “campaña de desprestigio” iniciada hace varios meses, y que afecta también al principal accionista, Carlos Gill Ramírez.
Los medios señalan que al verse vulnerado los principios fundamentales de la libertad de expresión y libertad de prensa con esa campaña, presentarán denuncias ante la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) y organismos regionales.
“Nuestros periódicos y nuestro principal accionista, Carlos Gill Ramírez, han venido enfrentando una incesante campaña de desprestigio, iniciada hace varios meses. En varios medios de comunicación se han publicado afirmaciones y denuncias falsas por parte de políticos y algunos periodistas, referidas a su supuesta participación en una organización criminal que se habría constituido por empresarios bolivianos y extranjeros para tomar por asalto algunos medios de comunicación de prestigio del país, habiendo  supuestamente  ejercido presión en ellos, aprovechando de la fuerza del poder estatal para amedrentar, intimidar y extorsionar a sus propietarios, para obligarlos a vender los mismos por cifras ínfimas, con relación a su verdadero valor de mercado y, en algún caso, sin pagar un centavo”, se lee en el comunicado.
Agrega que todo lo anterior “no bastó y los detractores” de nuestros periódicos, al no obtener resultados con dichas mentiras, en los últimos días, una vez más, pretenden afectar a La Razón, Extra y a su principal accionista, que se vieron afectados con la “tergiversación de la realidad del contenido de un Informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas”.
Con base en dicho informe, señala, se hicieron nuevamente especulaciones y se difundieron falsos supuestos, orientados a desinformar y desprestigiar.
“Esto ocurre específicamente cuando se afirmó y denunció hace pocos días que La Razón y Extra habrían sido adquiridos con recursos del programa de inversión social ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, financiado en parte con créditos venezolanos”, se lee en el comunicado.
Remarca que Gill Ramírez solamente compró las acciones de La Razón y Extra mediante un “intercambio de acciones”, no habiendo existido entrega de dinero de por medio.
Indica que PRISA no vendió a Gill Ramírez la red de televisión ATB, “aclarándose además que se vendió a un grupo empresarial totalmente distinto”.
Refiere que Gill Ramírez “nunca tuvo intención de compra sobre ATB”, ya que cuando se relacionó con el Grupo PRISA, las acciones de la cadena televisiva ya habían sido vendidas, es decir, se vendieron en el mes de enero de 2009 y Carlos Gill Ramírez compró La Razón y Extra en octubre de 2009; en fechas y tiempos totalmente distintos.
“Las dos ventas realizadas por el Grupo PRISA no están relacionadas de ninguna forma entre sí. Una transacción no tiene absolutamente nada que ver con la otra”, remarcan en el comunicado.
“Esta malsana campaña en contra de nuestro diario se constituye en una flagrante violación a los principios fundamentales de la libertad de expresión y libertad de prensa, situación que será denunciada ante la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de tal forma que se garantice nuestro derecho al ejercicio periodístico sin restricciones, ni amenazas veladas, como precepto fundamental de la democracia y el Estado de Derecho”, advierten los medios mediante el comunicado.
Así también, remarcan que a partir de ahora “nuestro medio ejercerá legalmente su derecho a proteger su imagen y reputación por los medios legales que sean necesarios”.

Migración denuncia daño de Bs4,7 millones por corrupción en visas asiáticas en gestión del MAS

Erbol

La Dirección General de Migración denunció corrupción de visas asiáticas durante la gestión del Movimiento Al Socialismo, que ocasionó un presunto daño económico al Estado de 4.786.600

“El MAS no es un partido político, es una banda criminal que tomó por asalto las instituciones del Estado y, a través del poder, ejercieron delitos. Hemos hecho una revisión de trámites de visas y autorizaciones de ingreso a nuestro país y hemos detectado profundas irregulares que responden a un modus operandi de una banda criminal que manejaba la Dirección General de Migración durante la gestión del prófugo Juan Evo Morales Ayma”, manifestó en conferencia de prensa el Director General de Migración, Marcel Rivas.

Migración realizó un muestreo aleatorio de 250 trámites de visas realizados en las gestiones de 2017 al 2019 y se verificó que el 10 %, es decir, 25 ciudadanos extranjeros no pagaron por el trámite de visa de ingreso a Bolivia.

Calculado el costo (300 UFVs) por 25 visas no pagadas, se reporta una pérdida de 17.500 bolivianos, solo en este muestreo. Todos estos documentos corresponden a ciudadanos países asiáticos, como China, Taiwán y Corea del Sur.

Según la consulta del sistema informático de Migración, se emitieron 68.382 visas entre el 2017 al 2019 (25.018 en 2017), (30.416 en 2018) y (12.948 en 2019).

Realizada una proyección y un análisis, se estima que cada año, el 10 % de los trámites de visas no fueron pagados, por tanto, se calcula un presunto daño económico al Estado de 4.786.600 bolivianos en esas tres gestiones.

DENUNCIADOS

La Dirección General de Migración presentó la querella penal ante el Ministerio Público contra las ex directoras generales de Migración Cosset Estenssoro Torrico (gestión 2017-2018), Yanet Senzano Galarza (2018-2019); además de los ex jefes de la Unidad de Extranjería y Pasaportes, Andre Bernal Salinas y Glubert Giovanni Salguero.

Los delitos denunciados, según contempla el Código Penal, son Peculado (Art. 142), Cohecho Pasivo Propio (Art. 145), Uso Indebido de Influencias (Art. 146), Beneficios en EN Razón del Cargo (Art. 147) e Incumplimiento de Deberes (Art. 154).

Rafael Quispe pide que se revoque la detención domiciliaria de Achacollo

ABI

El director general de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, Rafael Quispe, pidió este jueves la revocatoria de las medidas sustitutivas de la exministra Nemesia Achacollo, quien ahora tiene detención domiciliaria, para que vuelva a la cárcel por el caso referido al desfalco a Fondo Indígena.

El pedido de Quispe surge después de que la exautoridad no se presentó ayer a declarar, como testigo, en uno de los casos que fue abierto en Pando por presunta corrupción en el Fondo Indígena durante la pasada gestión gubernamental.

«Ahora (con esa actitud) tenemos claro de que la señora Nemesia Achacollo no asiste a los juicios (y por eso), en el transcurso del día, presentaré un memorial pidiéndole al Juzgado Primero Anticorrupción que revoque sus medidas sustitutivas y que la señora vuelva a la cárcel de Miraflores (en La Paz)», agregó.

Achacollo cumple detención domiciliaria en la ciudad de Montero, Santa Cruz, por otro caso de Fondo Indígena y, según Quispe, logró beneficiarse con esa medida porque el Ministerio Público no presentó la imputación formal.

«La señora Achacollo goza de una detención domiciliaria porque Fiscalía no presentó la acusación formal, más de cinco años en el proceso y no hay una acusación formal, la Fiscalía encubre, la Fiscalía está a favor de los que se han robado la plata del Fondo Indígena», manifestó.

ATB y La Razón fueron adquiridos con dinero venezolano; las acciones terminaron en manos de Hurtado y Gill

La Brújula Digital

Los medios de comunicación ATB y La Razón-Extra fueron adquiridos con recursos provenientes de un préstamo venezolano, pero las acciones terminaron en manos de privados: Marcelo Hurtado y Carlos Gill.

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras del Estado, al que tuvo acceso Brújula Digital, establece que el gobierno de Venezuela le prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de 16,1 millones de dólares a través del programa Evo Cumple.

Una vez recibidos esos recursos, que le pertenecían al Estado boliviano, fueron traspasados a cuentas privadas (ver documento de la UIF adjunto). Luego se enviaron 4,5 millones de dólares a España a cuentas del grupo PRISA, mediante la empresa Flaba Trading, que pertenece a Marcelo Hurtado, para la adquisición de La Razón-Extra, dice el informe de la UIF.

Otros 10,02 millones de dólares fueron enviados, según el reporte, a cuentas en EEUU a nombre de Jordán Silva Tugues, asistente del empresario venezolano chavista Carlos Gill, para la adquisición de ATB. Para ello se usaron las cuentas de las empresas de Hurtado: Flaba Trading y Estrategias Energéticas.

Posteriormente, añade el informe, las acciones de La Razón-Extra terminaron en manos de Carlos Gill, y las de ATB en las de Marcelo Hurtado; este último fue gerente general de esa empresa durante una década hasta que cayó detenido en enero pasado acusado de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Hurtado luego fue también propietario de PAT, según datos de la Fiscalía que sigue la investigación, canal que el gobierno anterior adquirió mediante extorsión según denunció su dueño anterior, Abdallah Daher.

“La Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz) establece que se pueden incautar y secuestrar bienes cuando la figura es la de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”, dijo a Brújula Digital el abogado Eduardo León.

Para el jurista, el haberse apropiado de recursos provenientes de un crédito extranjero demuestra que están involucradas personas del más alto nivel del gobierno anterior, como Evo Morales y Álvaro García Linera, que serían los verdaderos beneficiarios de la operación.

El grupo PRISA era propietario de ATB y La Razón-Extra hasta 2008-2009, cuando concluyó el traspaso a sus nuevos dueños. Gill ha señalado en varias oportunidades que él no tuvo relación alguna con ATB, lo que se demuestra falso mediante el informe de la UIF.

El empresario chavista informó oficialmente en 2009 que había obtenido las acciones de La Razón-Extra mediante un sistema de intercambio de acciones con las de una red de TV que tenía en EEUU. Lo que señala el informe de la UIF es que la compra se realizó, en realidad, con el mencionado préstamo venezolano, que terminaron pagando todos los bolivianos. Gill no ha retornado a Bolivia desde diciembre pasado, donde enfrenta cargos de la justicia.

Según el reporte de la UIF, Gill utilizó la empresa Sunstripes Investments, con sede en Bermuda, para posteriormente hacer los aportes de capital a La Razón-Extra. En el caso de Hurtado, se usó la empresa Akaishi, creada en España, para hacer los aportes a ATB.

Hurtado, por su parte, nunca informó oficialmente cómo es que terminó controlando la red ATB. Los socios que aparecen en la empresa, según informó, son Jaime Iturri, ex director de noticias, y Luis Nemtala, actual gerente. Iturri, en una ocasión, dijo que pagaban las acciones en cuotas, con las utilidades de la empresa.

El libro Control Remoto, publicado en 2014, denunció parte de este entramado y estableció que La Razón y ATB fueron los dos medios de comunicación más beneficiados con la recepción de propaganda gubernamental.

El propio Gill dijo que sólo entre 2016 y 2019 su periódico obtuvo 9,06 millones de dólares de publicidad del gobierno anterior. ATB, por su parte, según el gobierno actual, obtuvo 15 millones de dólares entre 2017 y 2019, pero sólo del Ministerio de Comunicación. Considerando los contratos de empresas estatales y otras entidades de gobierno, se estima que ATB recibía 10 millones de dólares al año de publicidad estatal.

Surge segunda imputación contra el expresidente de YPFB por presuntas contrataciones irregulares

El Deber

El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que se emitió la resolución de imputación formal en contra del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por presuntas contrataciones irregulares durante la cuarentena. En la misma resolución se solicita la detención preventiva en el penal de San Pedro.

La autoridad dijo que el imputado habría emitido una Resolución Administrativa el pasado 31 de marzo mediante la cual se presume que se realizaron contrataciones irregulares de manera directa ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19 para actividades hidrocarburíferas, administrativas de bienes y servicios.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Alexis Vilela, explicó que se notificó por edicto, publicado el pasado 26 de agosto para que la exautoridad se presente ante la comisión de fiscales a brindar su declaración informativa dentro del proceso de investigación en calidad de sindicado y tenía cinco días a partir de la publicación del edicto para asumir su defensa en el proceso; sin embargo, no lo hizo y de acuerdo a procedimiento ahora se emitió la imputación.

«El imputado, en su calidad de Presidente de YPFB, es quien firmó la Resolución Administrativa 78/2020, misma que no se adecua a las normas vigentes y es contradictoria al ordenamiento jurídico en relación a la forma de contrataciones que deben realizar las instituciones públicas, así también contradice el reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios y la misma Constitución Política del Estado.

Además, existe otro proceso abierto en su contra, por la contratación directa por emergencia de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones, que finalmente fue anulada.

Comité Cívico denuncia contratos “fantasmas” del Gobierno Municipal

La Región/ Yacuiba

El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Raúl Hilarión dio a conocer el jueves una denuncia pública contra el Gobierno Municipal sobre supuestos contratos fantasmas, de personas que figuran ocupando un puesto de trabajo en porterías de unidades educativas. “Son varios contratos de una denuncia, tenemos que nos hicieron llegar al Comité Cívico, de servicios de portería en Sachapera, Caiza, Palmar Grande, está la documentación firmada en fecha 10 de julio por la MAE, la persona que va prestar el servicio y la parte legal, a esto ha hecho respaldar con una certificación presupuestaria que es del Sigep”, afirmó.

Hilarión aseguró que solicitó un informe a las unidades educativas, la Dirección Distrital, sobre el trabajo de las personas contratadas, ambas partes desconocen a los contratados, que tienen una asignación por tres meses. “Desconocen que el Gobierno Municipal haya contratado a esas personas, vamos a recabar más información y hacer la denuncia donde corresponde para que se investigue”, precisó.

Los contratos tienen un monto de 8.488 por los tres meses, que equivale a un salario mínimo por cada mes. “Coincide con el salario mínimo de una persona, lo raro es como contratamos servicios de portería, en pleno 10 de julio, cuando no pasamos clases presenciales, se tiene recursos para lo que no corresponde y no para un bono a los estudiantes”, cuestionó el dirigente cívico.

El Gobierno Municipal continúa en polémica y desde la institución aún no se respondió de manera oficial. El tema de educación, por los recursos programados en la gestión y destinados a compras no relacionadas al área, representaron incidentes y protestas de los padres de familia, al alcalde Ramiro Vallejos y su gabinete. La autoridad mantiene la postura de que la petición del bono de 500 Bs, responde a un tinte político y de desprestigio. De manera técnica reiteró que es inviable la entrega de un bono a los escolares y optó por ofrecer un monto de 100 bolivianos en una canasta alimentaria, que actualmente se encamina  en los procesos administrativos del Gobierno Municipal.

Dato. Los contratos de la denuncia tienen un monto en salario de 8.488 bolivianos por los tres meses.

Foto Raúl Hilarión presidente del Comité Cívico

Gestora: trabajadores denuncian un desfalco de Bs 35,4 MM en el FRUV

Página Siete

Mediante una carta dirigida al ministro de Economía, Óscar Ortiz, los trabajadores de base de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo denunciaron el pasado 14 de septiembre un desfalco de aproximadamente 35,4 millones de bolivianos en el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV) ocurrido durante la gestión del exgerente general de la entidad pública, Sergio Flores.

“Debido a los malos manejos ocasionados por una persona contratada directamente por el ex gerente general  Sergio Iván Flores Morón, se estima un daño económico al Estado de   35.439.559 millones de bolivianos , lo que refleja un perjuicio de un mes de pago para 100 mil adultos mayores beneficiarios de la Renta Dignidad”, señala la carta, firmada por los trabajadores de base.

Por su parte, Flores rechazó la acusación,  señaló que la carta tiene un afán político y busca desprestigiar su gestión al frente  de la Gestora e indicó que, según sus propias consultas, en el interior de la entidad pública desconocen quién redactó y envió la carta al Ministerio de Economía.

“Es una carta anónima, puesto que el personal de la Gestora desconoce quién la escribió, nosotros podemos presumir que son exfuncionarios retirados en mi gestión. Respecto a la denuncia, se está haciendo una auditoría que fue iniciada cuando estaba al frente  de la Gestora y rechazó totalmente estas afirmaciones porque no hubo un daño económico al FRUV durante mi gestión, más al contrario hubo una utilidad de aproximadamente 19 millones de bolivianos por primera vez en el fondo”, señaló el exgerente.

Página Siete también envió consultas sobre esta denuncia a la Gestora Pública y al Ministerio de Economía, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Solo en el caso del Ministerio de Economía, señalaron que el ministro Ortiz anunció en tres oportunidades la realización de una auditoría al FRUV.

La denuncia

De acuerdo con la carta, firmada por “los trabajadores de base”, entre abril y julio de 2020, la Gestora realizó 262 operaciones, las cuales generaron la pérdida de los 35,4 millones de bolivianos.

Estas operaciones se realizaron en 16 entidades de intermediación financiera, resaltando entre ellas el Banco Fassil, desde donde se realizaron 95 operaciones.

Sobre las transacciones de valores del Banco Fassil, los trabajadores han calculado que solamente estas operaciones generaron un daño de 11,5 millones de bolivianos, los cuales afectan al pago de la Renta Dignidad de al menos 30.000 beneficiarios.

“Como trabajadores de la Gestora, tomamos conocimiento que el exgerente Flores realizó durante el mes de mayo y junio  la venta de valores BISA en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) por 203 millones de bolivianos, los cuales tenían una tasa de 2,6% en promedio. Luego, un inversionista desconocido compró valores de Banco Fassil a una tasa promedio del 6,3% y pocos días después, éstos son comprados por la Gestora a una tasa de rendimiento del 1,1%. Esta transacción generó una pérdida de 11,5 millones de bolivianos al FRUV, que quedaron en los bolsillos del supuesto inversionista. Sin embargo, tomando en cuenta todas las demás operaciones, la pérdida real asciende a más de 35,4 millones de bolivianos”, señalan.

La denuncia además señala que todas las operaciones realizadas fueron supervisadas por la Gerencia de Inversiones a cargo de José Luis P. P., quien ingresó a la Gestora en febrero de 2020 por invitación directa de Flores y que, según denuncian los trabajadores, habría trabajado en dos entidades involucradas en el desfalco, Valores Unión (donde se investiga otro desfalco) y Panamerican Securities Agencia de Bolsa (PAN), por lo que solicitan al ministro Ortiz investigar su posible complicidad.

Modus operandi

En la carta se explica la forma de proceder de los involucrados en el presunto desfalco al FRUV, la cual consistía en que un inversor desconocido compraba valores a una entidad financiera a un costo y tasa de interés determinado, los cuales, luego de unos días, eran comprados nuevamente por la Gestora pero con un alto sobreprecio.

“Para una mejor explicación, se toma a la operación del DPF ‘FSLN31391720’, que tiene un valor de cinco millones de bolivianos, una tasa de 6,45% y a un plazo de 270 días, transcurridos cinco días de su fecha de emisión, el precio del valor era de 5.004.276,14 bolivianos, pero la Gestora lo compró con sobreprecio, pagando la suma de 5.199.771,30 bolivianos, por lo tanto, el inversionista que invirtió solo cinco  millones de bolivianos, en cinco días ganó por esa transacción 199.771,30 bolivianos, en perjuicio del FRUV. Adicionalmente, el fondo realizó la inversión a una tasa por debajo de la tasa bancaria promedio de 1,1%”, señala la carta.

Los trabajadores agregan que la Gestora podría haber comprado los valores directamente del banco del cual se originaron a una tasa promedio de 6,3%, sin embargo, se favoreció a un inversionista desconocido, en desmedro del FRUV.

Exministro Guillén  denunció desfalco

  • Operaciones El pasado jueves, el exministro Mario Guillén denunció  que la administración de la Gestora Pública  causó un daño a los fondos de la Renta Dignidad de 10 millones de bolivianos. “Se han detectado  diferentes operaciones donde se compraba depósitos a plazo fijo con sobreprecio. Entonces  se pagaba más de lo que valían estos DPF”, explicó Guillén en el programa Antes del Mediodía.
  •   Valores A finales de agosto, Valores Unión informó que tres exejecutivos fueron denunciados  por operaciones que ocasionaron un daño económico de aproximadamente 18 millones de bolivianos . Días después E el Ministerio de Economía  informó que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) emitió una resolución para limitar las operaciones de liquidez de la Gestora Pública.

Diputado solicitará informe al Gobierno sobre la clonación de matrículas de aviones

Osmar Arroyo/El Andaluz

El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Alex Mamani, indicó que en los próximos días hará una Petición de Informe Escrito (PIE) por las denuncias que se hicieron de la supuesta clonación de matrículas de aviones en el país.

El legislador nacional, indicó que fue el mismo jefe de Transparencia de la Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia, Omar Durán quién hizo esa denuncia.

Recordó que en marzo pasado el legislador ya envió una petición de informe al Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, por las denuncias que se presentaron a nivel nacional de un mal uso que se daba a los aviones del Estado.

Entre esas denuncias esta el traslado del hijo de la diputada Gina Torrez, a quién habrían trasladado en medio de la cuarentena en un avión junto a la legisladora desde Tarija a la ciudad de La Paz para festejar los cumpleaños de la hija de la presidenta Jeanine Añez.

Mamani, dijo que se enviará ahora la segunda petición de informe, para ampliar la primera petición que hicieron e incluir en las preguntas la clonación de las matrículas.

Según, el diputado se estaría dando esta situación con aeronaves que se encuentran en el departamento de Beni y Santa Cruz para el traslado de sustancias contraladas.

Mencionó, que la primera petición de informe no fue respondida por el ministro Arias y ahora esperan que el Gobierno responda por las últimas denuncias que se realizaron por hechos irregulares.

“Esos aviones están saliendo con narcotráfico, (…) voy a ampliar la petición de informe que hice en marzo”, expresó el diputado Mamani.

Remarcó, que fue el mismo Jefe de Transparencia, quién hizo la denuncia sobre estos hechos irregulares y el uso de esas aeronaves para el narcotráfico.

Mencionó, que incluso uno de esos aviones habría salido de Beni hacia México supuestamente trasladando sustancias controladas.

Oscar Montes si pidió dos millones para salir a favor de juicio de Cosett a Tigo

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

El representante legal de Cosett (Cooperativa de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Tarija), Freddy Galarza, en el programa Antes de la Media Noche, emitido en Televisión Andalucía, dijo que, si hubo un pedido de dinero por parte de Oscar Montes a Cosett, para salir a favor en el juicio de la cooperativa a Tigo.

Este pedido de dos millones de dólares se produjo para que Oscar Montes mueva influencias con el partido JUNTOS, de Jeanine Añez, para influenciar en la justicia y el juicio ganado en primera instancia por Cosett a Tigo, salga a favor de la cooperativa tarijeña en instancias superiores.

Según relató Galarza, otro representante legal fue a buscar a Oscar Montes para que se realice el pedido del dinero, la persona que fue a buscar al ex alcalde se trataría de Gabriel Duran, quien últimamente fue denunciado por un caso irregular de contratación de demolición y movimientos de escombros.

Duran, fue consultado por este caso en el pasado, y se negó, según Freddy Galarza, Duran tiene una actitud de encubrirse y negarse.

“Cuando yo presenté y le pedí directamente que se haga conocer un audio donde el licenciado Reynoso me comenta a mí, lo que el señor Gabriel Duran le dijo, ese audio se ha vuelto público, donde el señor Reynoso me manifiesta claramente, yo estaba en Sucre en ese momento, el señor Gabriel Duran fue a buscarlo a Oscar Montes, donde el señor Oscar Montes dijo que por lo menos tiene que pagar dos millones”. Declaró, estos dos millones serían para superar la oferta de la campaña que Tigo pretendía entregar a JUNTOS explicó ante cámaras el entrevistado.

La primera vez que se conoció sobre esta oferta para salir a favor de Cosett se dio en una radio, Freddy Galarza, no quiso revelar el nombre de Oscar Montes, porque consideró que no le correspondía, esperó que Gabriel Duran de el paso.

Tras el suceso y la entrevista en la radio, Galarza relató que Oscar Montes lo llamó y le pidió que aclare, “pero él confirmó, si el licenciado Montes me autoriza a mí, yo puedo publicar el audio donde Gabriel Duran lo visitó para hablar de Cosett” declaró.

Recordemos que Oscar Montes se negó en reiteradas oportunidades sobre este caso, al punto de ridiculizar y llamarlo absurdo.

Por su parte Gabriel Duran dijo que es mentira, una incoherencia, “Cosett no tiene dos millones para pagar, es imposible” dijo Duran. También explicó que Galarza arma y elabora audios de forma dañina, y argumentó que jamás muestra el audio completo.