Una mujer de 25 años de edad, que oficio librecambista, fue asesinada de dos disparos por un hombre que escapó en una motocicleta con ayuda de su cómplice.

El hecho de sangre sucedió ayer a las 12.30, aproximadamente, en una calle de la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz.

Según versión de vecinos, la mujer se dirigía a su hogar luego de haber ido al banco, metros más allá, en una esquina, se encontraban dos hombres con el rostro cubierto y a bordo de una motocicleta, luego se escucharon disparos. “Parece que estaban esperándola”, contó una vecina.

Una comisión de fiscales, peritos expertos, policías y heridos de los conflictos registrados en Huayllani, realizan este jueves una inspección en la zona y posterior reconstrucción de los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, explicó que este proceso se extenderá por dos días y servirá para identificar el espacio y las condiciones físicas donde los lesionados (heridos de bala) recibieron el impacto de los proyectiles y determinar el geoposicionamiento.

“La actividad es una inspección seguida de reconstrucción integral, para que pueda verificarse los hechos materiales de los impactos de bala de los lesionados, no de los que perdieron la vida porque eso ya se hizo”, dijo la fiscal a los medios.

La fiscal explicó que se convocó a 28 personas que resultaron heridas de bala, así como a sus abogados, a los fiscales, expertos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y a otros actores.

Ayer, el representante legal del excomandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, observó que la audiencia de inspección y reconstrucción programada por el Ministerio Público para el jueves y viernes próximo no contempla una escena del hecho fijada con anterioridad y que no existen las condiciones para su realización.

Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en noviembre de 2019, diez personas murieron y una centena resultó herida en la región de Huayllani (Sacaba).

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, reveló este jueves que el proceso contra Evo Morales, por el audio en que se lo escucha pedir un cerco a las ciudades, se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que debe definir si se aprueba un juicio de responsabilidades.

«Entiendo que (el caso) está en el interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendría que aprobarse un eventual juicio de responsabilidades, esa es la información última que tenemos como Tribunal Supremo de Justicia», dijo Egüez.

De acuerdo con la norma, en el proceso para juicio de responsabilidades, el TSJ debe remitir el caso a la Asamblea, donde se requiere de dos tercios para su autorización. Actualmente, el MAS tiene mayoría en el parlamento.

El caso fue abierto en noviembre de 2019 en la vía penal ordinaria, después de que se difundiera una grabación en la que aparentemente Morales instruía, mediante teléfono, al dirigente Faustino Yucra que se cerquen las ciudades para dejarlas sin comida, en medio del conflicto poselectoral.

La causa se estaba tramitando en la vía ordinaria e incluso en 2020, la Fiscalía de La Paz imputó al expresidente por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, a finales del mismo año, se supo que el Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente para tratar el caso en jurisdicción de juicio de responsabilidades, debido a que consideró que los hechos investigados se habrían cometido mientras aún era presidente del Estado.

El tema generó polémica porque en la presunta llamada de Morales y Yucra, el expresidente ya estaba en México y ya había hecho pública su renuncia.    

En el proceso ordinario, la Fiscalía había pedido la detención preventiva contra Evo Morales, pero al traspasarse el proceso a juicio de responsabilidades, se requiere de una autorización por dos tercios de la Asamblea para seguir con el proceso.

El proyecto de ley de ampliación del alcance del IVA a los servicios digitales confirma el cobro del tributo a los consumidores y, además, aplica una «doble tributación», en caso de ser aprobado.

El analista y consultor financiero Jaime Dunn señaló que el gravamen a pagar por los servicios streaming puede dar paso a una “posible doble tributación”, ya que la importación de bienes —sean estos de cualquier naturaleza— ya incluyen IVA por importación.

“El proyecto de ley amplía el alcance del IVA a los servicios digitales. 1. Confirmado. Los consumidores pagarán este impuesto. 2. Posible doble tributación: Ojo. Tributos aduaneros ya incluyen el IVA por la importación de bienes”, sostuvo Dunn en su cuenta de Twitter.

La ley tiene por objeto ampliar el alcance del tributo a los servicios digitales y afectará al consumidor final, al incrementar el costo del servicio de plataformas como Netflix y Spotify, entre muchos otros.

El proyecto le hace un ajuste al inciso “b”, del artículo 1 de la Ley 846:

“(Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denomina IVA, que se aplicará sobre:) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizada, consumida, utilizada o explotada en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el inciso de la modificación.

”Cuando compres una cámara, algo de eBay, cualquier cosa que importes y llegue por la Aduana Nacional, corre el riesgo de tener doble tributación, porque ya se paga el IVA”, detalló el experto.

El proyecto de ley ya fue remitido del Ministerio de la Presidencia al Legislativo e incluye el pago de impuestos por los siguientes servicios:

• 1. “Intermediación en compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza”
• 2. “Suministro, descarga, streaming o transferencia por cualquier otro tipo de tecnología de videos, música, juegos, textos, revistas, libros y otros análogos”
• 3. “Suministro de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura informática”
• 4. “Difusión de publicidad por cualquier soporte o medio digital”
• 5. “Cualquier otro servicio digital no contemplado en los numerales anteriores”

Consultado por este medio, Dunn explicó que el gravamen por bienes ya se paga en aduanas, así que al ampliar el cobro a la “intermediación de compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza” implicará el pago del tributo al momento de la compra y, después, al recoger el bien adquirido.

“En esta ley ponen que se va a cobrar el IVA cada vez que se use una plataforma electrónica para comprar; entonces, cuando quieras comprar, por ejemplo, por Amazon, lo que aparentemente va a suceder es que por comprar se carga a tu tarjeta y ellos te van a cobrar, y cuando lo que compres llegue a la Aduana —como dentro de los tributos aduaneros está el gravamen arancelario más el IVA— otra vez te van a cobrar el IVA”, explicó Dunn a Página Siete Digital.

El analista aclaró que Netflix y otros de ese tipo son servicios streaming y no pasan por la Aduana, por lo que la ampliación del IVA terminará con afectación tributaria a la importación de bienes. 

El exministro de Gobierno Arturo Murillo calificó como “infamias” las acusaciones del actual titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, de haber protegido a los “peces gordos” del narcotráfico durante el tiempo que estuvo en el cargo y aseguró haber combatido a estas actividades ilícitas en el país.

El pronunciamiento de la exautoridad se dio luego que horas después se haya concretado la extradición de Jesús Einar Lima Lobo, considerado un “pez gordo” del narcotráfico, a Brasil en el marco de una orden que se tenía en 2019 pero que no se dio cumplimiento en 2020.

“Ahora se me quiere endilgar que en mi gestión protegí a «peces gordos, cuando los resultados y acciones muestran que combatí de forma frontal a los narcotraficantes, a ese narcotráfico que ellos protegieron en sus 14 años de gestión.”, sostuvo en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la excarcelación y extradición de Lima Lobo estaba autorizada el 12 de diciembre de 2019, pero no se dio curso por decisión del gobierno de la expresidenta Jeanine Añez con fin de “proteger a los peces gordos del narcotráfico”.

Murillo, en el documento, afirmó que la Justicia de Brasil solicitó en 2017 la extradición con Sello Rojo por tráfico de drogas del acusado por narcotráfico. Luego de dos años —en septiembre de 2019— fue detenido y estuvo en la cárcel escasos tres meses, porque la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó que sea internado en una clínica privada de la ciudad de Santa Cruz, sostuvo.

“El Gobierno de Arce entregó a Lima Lobo a la justicia de Brasil, después que salió a luz el Informe de Interpol que señala que este narcotraficante y sus familiares declararon en 2019 que pagaron 35.000 dólares al entonces director departamental de la Felcc de Santa Cruz, Johnny Aguilera, para frenar su extradición”, añadió.

Acusó además al actual comandante general de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, de tener la “protección del MAS y busca halagar al gobierno para ascender a general tal como lo hizo cuando planificó y ejecutó el falso caso Terrorismo con los asesinatos en el hotel las Américas, o cuando me persiguió y hostigó para ser designado comandante de la Policía Boliviana. Por todo ello el MÁS lo protege”.

“Dejo en claro que es el Gobierno del MAS, que designó a las autoridades judiciales y favoreció a narcotraficantes considerados «peces gordos»”, remarcó.

Recordó que, durante su gestión, como ministro de Gobierno, entregó a Pedro Montenegro a las autoridades de Brasil, luego capturó a Elba Terán Gonzales, hermana de Margarita Terán, acusada de narcotráfico y con documentación personal clonada, sin embargo, ahora goza de libertad por una decisión judicial.

Dijo además que en abril de 2020 se aprehendió al dirigente cocalero Faustino Yujra, prófugo de la justicia desde 2016 por tráfico de drogas, acusado de terrorismo por impedir el ingreso de alimento a las ciudades por instrucción de expresidente Evo Morales, sin embargo, la Justicia también le otorgó libertad.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz aprehendió a un sujeto por intentar violar y matar a su cuñada de 13 años en la zona Periférica, La Paz.

Según el informe policial, el sindicado llegó ebrio a la casa de la víctima y luego intentó agredirla sexualmente, luego la atacó con un cuchillo. Los familiares de la víctima salieron en defensa y alertaron a la Policía sobre el caso.

La menor tiene heridas en su abdomen, pierna y brazo. El acusado será sometido a audiencia cautelar acusado por infanticidio y violación en grado de tentativa.

«El cuñado de la víctima, de 13 años, la misma ha sido hoy víctima de intento de violación, puesto que este agresor ha ingresado al domicilio donde ella vive, el agresor en estado de ebriedad procede a apuñalarla con un cuchillo de cocina en diferentes partes del cuerpo, el abdomen, la pierna y el brazo», informó un oficial.

Según los antecedentes, el individuo, el pasado domingo, ya había intentado matar a su pareja, hermana de la víctima, lanzándola de un barranco.

El odontólogo Alejandro Unzueta y el excívico Luis Fernando Camacho son las máximas autoridades departamentales con más bienes y activos.

Entre los flamantes gobernadores de los nueve departamentos, Alejandro Unzueta y Luis Fernando Camacho  son las autoridades   que  registraron un   patrimonios que sobrepasa los 10 millones de bolivianos, según las declaraciones juradas que presentaron  ante la Contraloría General del Estado.

Unzueta, que es odontólogo de profesión, registró  un patrimonio de 14.927.762 bolivianos, 21 bienes  y anotó  no tener  ninguna deuda ni renta. Su declaración jurada fue publicada el 29 de abril.

Llegó a la Gobernación de Beni de con la sigla del Movimiento Tercer Sistema. Se  destacó en ese  departamento  por distribuir de forma gratuita  medicamentos para combatir la pandemia generada por la  Covid- 19.

En segundo lugar  está  el excívico  Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, quien  registró un patrimonio de 11.132.757   bolivianos y 16 bienes; no obstante, también anotó  que tiene una deuda de 4.830.050  bolivianos. La declaración jurada de Camacho fue publicada el 29 de abril.

El Gobernador cruceño proviene de una familia millonaria, que  es parte del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida, que tiene  grandes empresas en el rubro de servicios y seguros. Camacho anunció el martes que donará su sueldo a fundaciones de ayuda social por el tiempo que dure su gestión. 

El tercer    gobernador con mayor patrimonio es Regis Richter,  médico y exalcalde de Porvenir,   quien registró un patrimonio  de 210.400 bolivianos y dos bienes.  La declaración jurada del Gobernador de Pando fue publicada en la Contraloría el pasado 30 de abril.

Johnny Vedia, médico de profesión, que asumió como gobernador de Oruro hace unos días,  registró un patrimonio de 23.531 bolivianos y seis bienes. La declaración jurada de la autoridad fue publicada el 4 de mayo.

  Vedia dirigió el Servicio Departamental de Salud (Sedes)  de Oruro en dos gestiones y  fue  director nacional de Salud del Ministerio de Salud.  Además trabajó en la Caja Petrolera de Salud y se desempeñó como  secretario general de la Gobernación orureña, antes de ser elegido  como máxima autoridad departamental.

Mientras que los gobernadores de La Paz, Santos Quispe; de Tarija, Óscar Montes; de  Potosí, Jhonny Mamani;   de  Chuquisaca, Damián Condori; y de Cochabamba, Humberto Sánchez, registraron cero bolivianos de  activos, según las declaraciones que publicó la Contraloría.  Los últimos dos incluso anotaron  deudas de 70.000 bolivianos y de más de 192 mil bolivianos, respectivamente.  

La máxima autoridad del departamento de La Paz, Santos Quispe,  registró sólo un bien en su declaración jurada, la cual fue  publicada el 27 de abril.

Quispe es médico de profesión y antes de los comicios subnacionales del 7 de marzo trabajó en el Sedes La Paz.

 Del mismo modo,  el  gobernador de Tarija, Óscar Montes ,   inscribió ante la Contraloría seis bienes. La declaración jurada de la autoridad fue publicada el 5 de mayo.

Montes es de profesión economista y fue alcalde de la ciudad de Tarija por tres gestiones consecutivas, de 2000 a 2015. 

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani,  declaró tener un solo bien y como recursos pasivos inscribió rentas por 234 mil  bolivianos. La declaración jurada de la autoridad fue publicada el 3 de mayo.

Mamani fue alcalde del municipio de Tahua y presidente de la Asociación de Municipalidades de Potosí.

Por su parte, el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, registró un bien y una deuda de 70.000 bolivianos en su declaración jurada, que fue  publicada el 3 de mayo. Entre 2008 y 2010, Condori fue ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca  y  posteriormente asumió el cargo de  máximo ejecutivo   de la   Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, cargo que ocupó entre  2013 y  2015.

Mientras el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez,  inscribió seis bienes y una deuda de 192.915 bolivianos. Su declaración jurada  fue publicada el 28 de abril.

Sánchez fue alcalde de Sacaba durante dos gestiones consecutivas, de 2010 a 2019, y  subprefecto de la provincia Chapare,  de 2004 a 2009. Anteriormente señaló que tenía un vivero junto con  su esposa.

El nuevo alcalde de Potosí, Jhonny Llally, denunció este jueves que en su oficina se ha encontrado micrófonos ocultos, por lo cual expresó su molestia de manera vehemente.

“Lamento mucho que exautoridades, quien ha sido el responsable de poder colocar micrófonos al tiempo de salirse de este despacho. Desconozco quién ha hecho, desconozco perfectamente, pero aquí nos han dejado con micrófonos en el despacho”, dijo Lally, según reporte de radio Líder para la Red ERBOL.

Anunció que ha ordenado revisar el despacho en su totalidad con técnicos y que mientras tanto dejará de trabajar en esa oficina.

Recalcó su molestia por la situación y aseguró que no es delincuente, como quienes pusieron el micrófono. “¿Qué quieren de mí? Que me lo digan si incomodo. Yo por si acaso no soy corrupto, no voy agarrar dinero ni por abajo”, manifestó.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz aprehendió a un sujeto por intentar violar y matar a su cuñada de 13 años en la zona Periférica, La Paz.

Según el informe policial, el sindicado llegó ebrio a la casa de la víctima y luego intentó agredirla sexualmente, luego la atacó con un cuchillo. Los familiares de la víctima salieron en defensa y alertaron a la Policía sobre el caso.

La menor tiene heridas en su abdomen, pierna y brazo. El acusado será sometido a audiencia cautelar acusado por infanticidio y violación en grado de tentativa.

«El cuñado de la víctima, de 13 años, la misma ha sido hoy víctima de intento de violación, puesto que este agresor ha ingresado al domicilio donde ella vive, el agresor en estado de ebriedad procede a apuñalarla con un cuchillo de cocina en diferentes partes del cuerpo, el abdomen, la pierna y el brazo», sostiene el reporte policial.

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