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Arias: Hay que jefes que se creen Zeus; es criminal que obliguen trabajar a empleados con Covid

ERBOL

El ministro de Obras Públicas y delegado presidencial para la coordinación de la lucha contra el coronavirus en La Paz, Iván Arias, dijo que personalmente ha recibido la queja de funcionarios públicos contra algunos “jefes que se creen que son  Zeus y mandan a la gente a trabajar” pese a estar con síntomas o con enfermedad de coronavirus.

“Esto es criminal, no se puede hacer esto, para eso está el teletrabajo. Pido a los jefes que bajen un poquito sus humos y a las empresas que entiendan que sus trabajadores son el bien más preciado. Eso está normado y pueden hacer las denuncias ante el Ministerio de Trabajo ante abusos que puedan haber al respecto”, declaró al canal estatal.

La autoridad recomendó que en la etapa de post confinamiento, todas las empresas y entidades públicas deben mantener las restricciones y establecer una jornada laboral de ocho horas escalonada, tomando en cuenta que hay servicio de transporte hasta las ocho de la noche.

La autoridad dijo que en La Paz todavía no se pueden flexibilizar las medidas de prevención, porque aun temen una segunda oleada de contagios producto de las marchas y bloqueos que se registraron en días anteriores.

“Dios que no quiera que sea así, pero nos estamos preparando”, indicó Arias a tiempo de informar que esperan el resultado de los rastrillajes en La Paz y  El Alto para analizar si ya llegamos a una meseta donde se pueda observar una curva descendente.

Arce apunta a instaurar un «Silicon Valley» en Cochabamba y a producir diesel en Bolivia

AGENCIAS

Luis Arce Catacora, candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), apuntó a establecer una ciudadela tecnológica en el departamento de Cochabamba y a hacer realidad la producción de diesel en el país con el fin de generar más fuentes de empleo para los jóvenes, tras la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

En el webinar con jóvenes, una de las propuestas de Arce fue instaurar un “Silicon Valley”. “Queremos de una vez por todas, ahí en Cochabamba, terminar de construir nuestra ciudadela tecnológica porque nosotros queremos tener nuestro Silicon Valley, ahí donde estén todos los cerebritos electrónicos e informáticos desarrollando software, desarrollando ideas para que Bolivia tenga su propia tecnología”, expresó Arce.

La idea de instalar un centro tecnológico en Cochabamba viene desde el año 2015 cuando se declaró sede de la Ciudadela Científica y Tecnológica de Bolivia mediante una Ley nacional. Actualmente, se conoce que existe un estudio de prefactibilidad realizado con el apoyo de un organismo internacional.

Producción de diesel en Bolivia

Arce también apuntó a producir diesel en Bolivia con el fin de crear empleos para los jóvenes. “Nosotros vamos a lanzar un programa para la producción de diesel en Bolivia, un diesel que va a ser renovable y energía limpia, que lo vamos a hacer, y que va tomar en cuenta el reciclaje de aceites”, sostuvo.

Evo: Carlos D. Mesa no acepta ley de diferimiento de créditos porque apoya a la Banca

ANF

El expresidente y jefe de campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este domingo que Carlos Mesa, candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), “no acepta” la Ley de Diferimiento de créditos porque apoya a la banca privada.

“Por ejemplo, la ley sancionada por la Asamblea (Legislativa), de diferimiento de las deudas del préstamo de los créditos, Carlos de Mesa no acepta, está más con la banca privada”, declaró Morales en radio Kawsachun Coca.

Recientemente, Mesa señaló en una entrevista con la red Bolivisión que no se consultó con la Banca del sistema financiero para proyectar la Ley de Diferimiento de créditos.

La Ley de Diferimiento de créditos bancarios ya fue promulgada por el Órgano Ejecutivo, pero aún se espera una reglamentación anunciada por el Gobierno. Sin embargo, para los legisladores del MAS no debería existir ninguna reglamentación.

Morales se refirió al tema al hablar sobre la propuesta que presentó el candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora, de aplicar un impuesto al patrimonio, con la idea de «sustitutir las importaciones» y financiar la industrialización en el país.

Según Arce, con la aplicación del impuesto sobre el patrimonio, se esperaría recaudar al menos $us 400 millones que servirían para hacer posible la industrialización en el país.

El SIN fija sanciones y rebaja de multas para modalidad de facturación en línea

AGENCIAS

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió la resolución normativa de directorio (RND) Nº 102000000024, que establece sanciones y rebaja de multas por incumplimiento a los deberes formales relacionados con la emisión de facturas a través de las modalidades de facturación Electrónica en Línea, Computarizada en Línea y Portal Web en Línea.

La norma incorpora al anexo I Régimen General de la RND N° 10-0033-16, de 25 de noviembre de 2016, la clasificación de sanciones que entrarán en vigencia a partir de mañana.

En un comunicado, el fisco detalla, por ejemplo, que se impone una sanción de 2.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) cuando el contribuyente (persona natural, empresa unipersonal, sucesión indivisa) no envía las facturas emitidas fuera de línea por contingencia, posteriormente al restablecimiento de la comunicación y conectividad con el SIN a través del servicio web, para las modalidades de Facturación Electrónica en Línea y Computarizada en Línea.

Para esta misma contravención, el importe de la sanción sube a 3.000 UFV cuando el contribuyente es una persona jurídica.

Pero en ambos casos, el SIN aclara que se podrá reducir la multa un 50% si el contribuyente presenta la información a los 20 días de notificado con el acto administrativo que inicia el procedimiento sancionador.

Exmiembro de las FARC, Facundo Molares y otros cuatro implicados en muertes en Montero, a un paso de su libertad

EL DEBER

Cuatro detenidos están a un paso de su libertad, entre ellos figura el excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Facundo Molares. Todos son parte de una investigación de la Fiscalía y la Policía por su participación en el ataque armado a cívicos en octubre de 2019 durante el paro de 21 días en Montero, que acabó con la muerte de Mario Salvatierra Herrera y Marcelo Terrazas, además de 60 heridos.

En su tercer intento, los imputados lograron que el juez de Montero, Róger Salvatierra, les fije para mañana y el martes una serie de audiencias consecutivas para definir el pedido de cesación a la detención en las investigaciones por delitos de homicidio, organización criminal, porte de armas de fuego y otros.

Para este lunes 31, a las 11:30, el juez Róger Salvatierra fijó la audiencia de solicitud de cesación a la detención de los detenidos en la cárcel de Palmasola, Johan Elías Pena Peñaloza, Iván Cala Ventura y David Peñaloza López.

Para las 15:30 está marcada la audiencia para el detenido Wilson Rodríguez Peralta. Los tres están imputados por homicidio, organización criminal y otros delitos al haberse establecido, mediante peritajes en las pesquisas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, que participaron en los enfrentamientos.

Estas personas, según los análisis de laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses, dieron positivo al guantelete de Lunge. Significa que se hallaron las evidencias de haber portado armas de fuego y disparado contra la gente que cumplía un paro cívico.

Según las diligencias, Wilson Rodríguez Peralta participó también ese día. Incluso en el expediente, como prueba, se adjuntan las fotografías de Wilson Rodríguez, vestido con uniforme camuflado, exhibiendo y desafiando con un arma de grueso calibre.

​Uno de los argumentos de la defensa para insistir en su libertad es que ya permanecen detenidos más de ocho meses sin que la Fiscalía presentara una acusación formal para el juicio oral en su contra. Mientras tanto, para este martes, a las 15:30, fue fijada la audiencia del pedido de cesación a la detención del exguerrillero de las FARC Facundo Molares, que permanece detenido en Chonchocoro de La Paz.

Este hombre, a través de su defensa, también argumenta que permanece detenido más de ocho meses. Facundo Molares fue detenido luego de difundirse una fotografía en la que aparece herido, escondido en el barrio Cofadena, bastión de grupos afines al MAS. Luego, fue llevado a la casa de una enfermera, donde fue atendido durante seis días y finalmente apareció en el hospital Japonés.

Facundo Molares, en audiencia cautelar ante el juez, confesó que combatió en varias guerras en Colombia y Argentina, en defensa de los derechos humanos y por la liberación de los pueblos. Admitió que combatió de manera intensa durante al menos tres días en Montero y que llegó a Bolivia para luchar por el proceso de cambio impulsado por el expresidente Evo Morales. Incluso frente al juez pidió perdón y disculpas a los familiares de las víctimas, muertos y heridos de Montero.

Ya fue liberada, por orden del juez Róger Salvatierra, la excandidata a diputada por el MAS, Deisy Choque, que fue imputada por la Fiscalía al ser identificada de organizar el movimiento de ataque a los cívicos, de albergar en su casa por varios días a gran número de integrantes de las juventudes del MAS.

Del mismo modo, el juez Róger Salvatiera libró mandamientos de libertad a favor de la enfermera Flora Guzmán Totola y de sus hijos el médico Emanuel Bandan Castelo Guzmán y de Abner Emilio Castelo Guzmán, estudiante de Medicina. Según las investigaciones de la Felcc y la Fiscalía, la enfermera y sus dos hijos atendieron en su casa durante seis días a Molares. 

La Fiscalía lleva adelante el proceso en su contra por delitos de complicidad y asociación delictuosa en homicidio. Sin embargo, la Fiscalía dictó una resolución de sobreseimiento definitivo en favor de la enfermera y sus hijos con el argumento de que las pruebas en contra de estas personas son insuficientes. Al mismo tiempo, la Fiscalía amplió una imputación contra ellos por delito de encubrimiento en homicidio, pero al mismo tiempo solicitó un procedimiento abreviado y dos años de cárcel.

Las víctimas claman por justicia

Las liberaciones de Deisy Choque y de la enfermera y sus dos hijos, además del pedido de libertad del exguerrillero y de otros cuatro detenidos, han causado malestar y preocupación en los familiares de las víctimas.

Eduarda Salvatierra, esposa del fallecido Mario Salvatierra Herrera, dijo que hay una decepción total en toda la familia, porque los responsables están siendo liberados. “Mi esposo era el pilar de mi familia. Dejó a sus tres hijos, él era el que sustentaba nuestro hogar. De nosotros, las víctimas, nadie se acuerda. Ellos, los detenidos y responsables de las muertes, tienen abogados y derechos humanos, y son escuchados por la justicia, pero a las víctimas nadie les ayuda”, dijo.

Marcelito Terrazas, hijo de Marcelo Terrazas, manifestó que la justicia, con su actuación, deja un claro mensaje que todavía está dominada por el masismo. “Nosotros solo vamos a seguir adelante con fe en la justicia divina, porque esa no falla. Lamentablemente hoy tenemos a los jueces, que solo responden al partido del MAS, porque mire usted todos están saliendo libres con el argumento que se les vulneran sus derechos, pero a nosotros nadie nos escucha”, concluyó.

Justicia archiva denuncia contra el Fiscal General y remite obrados a la CIDH

ANF

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ganó una acción de libertad que interpuso contra una denuncia en la cual lo vinculan con una supuesta manipulación informática. Lanchipa logró que el caso sea archivado y que los obrados sean remitidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por persecución política.
Hace unos meses, el Gobierno acusó a Lanchipa de usar sus influencias para manipular el sistema informático judicial con el objetivo de dejar sin efecto un proceso penal abierto en su contra.
En Junio, el viceministro de Transparencia y lucha contra la corrupción, Guido Melgar, acusó a Lanchipa de usar sus influencias para manipular el sistema informático del TDJ de La Paz, en su condición de Presidente de esa institución judicial durante el 2018, gestión en la que el ahora Fiscal General había sido imputado en procesos por retardación de justicia y por incumplimiento de deberes y por ello presentó denuncia.
Lanchipa interpuso una acción de libertad y ayer en audiencia el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal, de la ciudad de El Alto, dio curso a la solicitud y resolvió archivar obrados por falta de pruebas.
“Desde el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal se ha confirmado que el Fiscal General ha sido un blanco institucional por parte del Gobierno, es así que ha ganado una acción de libertad, mediante el cuál la autoridad jurisdiccional conmina a las autoridades del Gobierno (a) dejar de realizar persecución en contra de nuestro Fiscal General, Juan Lanchipa”, explicó el Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.
Dijo que con esta disposición judicial los denunciantes deben comprender que las pruebas y actos de hostigamiento en contra de Lanchipa han sido diluidos y por consiguiente la persecución contra el Fiscal General debe cesar.
“Nosotros celebramos desde la Fiscalía General este pronunciamiento de la autoridad judicial que respalda la gestión que viene cumpliendo el doctor Juan Lanchipa Ponce y ratificamos el compromiso que se tiene con la población y la lucha frontal contra el crimen y la corrupción”, sostuvo Quispe.
Según la Fiscalía, durante la audiencia virtual que se desarrolló ayer, hasta cerca de la media noche, la autoridad jurisdiccional ha dispuesto que se remitan obrados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque Lanchipa fue declarado perseguido político.
Para el Ministerio Público las supuestas pruebas que presentó la parte denunciante no tuvieron ninguna validez para la juez, porque se trataba de presentaciones de power point, imágenes de memes, recortes de periódicos, por lo que dicha denuncia ha sido desestimada.

La Defensoría de la Niñez de La Paz remite denuncia por estupro contra Morales a la Fiscalía

ABI

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de La Paz informó, este domingo, que remitió a la Fiscalía la segunda denuncia por estupro contra el expresidente Evo Morales con el agravante de un embarazo por efecto del supuesto abuso.

«En cumplimiento a lo que establece el Código Penal y el Código Niña, Niño y Adolescente ante una presunción de minoridad es que se ha remitido a la instancia competente para la investigación, que en este caso es el Ministerio Público», afirmó la directora de esa institución, Jacqueline Llanos, durante una entrevista en el programa Asuntos Centrales.

La autoridad afirmó que, según la documentación presentada, habría indicios de un supuesto hecho ilícito que debe ser investigado por la Fiscalía.

No obstante, aclaró que dicha institución se rige bajo un principio de reserva y confidencialidad, según establece el Código Niña, Niño y Adolescente.

El 24 de agosto, el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, informó que presentó una segunda denuncia contra Morales debido a que una menor de 15 años pudo haber quedado en estado de gestación, producto de un supuesto abuso, y tuvo una bebé.

La autoridad señaló que la toda la documentación del caso fe enviada a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio paceño.

En ese sentido, Llanos manifestó que la Defensoría coadyuvará en las indagaciones y se facilitará toda la información que requiera la Fiscalía y la Policía.

El artículo 309 del Código Penal establece que el delito de estupro se produce cuando existe un acceso carnal mediante seducción o engaño con una persona de uno u otro sexo mayor de 14 y menor de 18 años. El delito prevé cárcel entre tres a seis años.

El 20 de agosto, el Ministerio de Justicia presentó una primera denuncia en contra de Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, después de que se conoció que tuvo un vínculo con otra menor de edad.

Issa: «Están trayendo armas a Bolivia para desestabilizar la democracia»

El Deber

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, dijo que en el país hay muchos grupos armados que están intentando generar caos, atentando contra la democracia en el país.

Durante una entrevista realizada este domingo por la red estatal Bolivia TV, la autoridad apunta a un “plan articulado del Movimiento Al Socialismo para desestabilizar el país con estos movimientos armados”.

Las recientes incautaciones de explosivos y armas se suman a las demostraciones que diversos grupos han realizado en los últimos conflictos que han presentado armas bélicas. Issa recuerda que la policía esta buscando a estos grupos para desarmarlos y procesarlos.

El viceministro asegura que “el nexo conductor de todos los actos de violencia lleva al MAS. Es el partido que ha instigado a los bloqueos de carreteras y al uso de armas”. En opinión de Issa, a través de estas acciones violentas quieren desestabilizar al Gobierno y atentar contra la democracia en Bolivia.

El uso y tenencia de armas en el país está regulado por ley. Solo se permite la tenencia con permisos especiales y un registro del arma. La portación de armas sin permiso supone un delito.

Por eso mismo, sorprende al viceministro que pobladores del Chapare hayan mostrado con tanta facilidad armas bélicas producidas en los últimos 5 o 6 años en Estados unidos o Rusia. “Son armas de combate que en Bolivia solo el Ejército puede utilizarlas y que están diseñadas para combate. Son armas de última generación que ni siquiera el Ejército las tiene”, manifestó.

A decir de la autoridad, el Gobierno está muy preocupado y realiza todos los esfuerzos para conocer el origen de estas armas. La teoría del Gobierno es que los cárteles del narcotráfico en México, que usan el dinero para la adquisición de armas, están trayendo esas armas a Bolivia para desestabilizar el Gobierno transitorio.

La existencia de corredores aéreos para el tráfico de drogas puede ser la misma vía por la cual ingresan las armas, sugiere Issa y pregunta: ¿por qué comunarios pueden tener acceso a este tipo de armas propias de grupos terroristas?

Recuerda que el Gobierno anterior “se hacia de la vista gorda con el narcotráfico”, pero con las acciones emprendidas por el actual Ejecutivo “ya no fluye la cocaína como antes”, situación que influye en intereses muy grandes vinculadas al narcotráfico.

Finalmente, observa la coordinación demostrada por los grupos violentos en las últimas movilizaciones y bloqueos, y concluye que “es posible que haya grupos subversivos”.

Tiempo de paz

Más adelante indicó que el Gobierno está trabajando para reestablecer la calma en el país. “Ya hemos tenido suficientes movimientos violentos en el país. Ellos querían enfrentamientos, querían activar una guerra civil y no hemos caído en sus provocaciones”, dijo.

Issa reitera la participación de dirigentes del MAS incentivando al conflicto, incluso apunta al expresidente Evo Morales, quien desde su refugio en Buenos Aires está infringiendo tratados internacionales. “El gobierno argentino debería ordenar que Morales deje de intervenir en la vida política del país, pero se hacen los ciegos”, lamentó.

Una mujer con Covid-19 da a luz a su bebé en la casa de un médico

El Deber

La situación de la pandemia provocó que los establecimientos de salud se encuentren colapsados y sin espacios para poder atender a los pacientes, más aún si se trata de personas con Covid-19.

Este es el caso de una mujer embarazada con dolores de parto que este sábado peregrinó por varios hospitales de El Alto para poder ser atendida; la situación se complicó al ser detectada con coronavirus y no todos los centros atienden estos casos.

Tuvo que intervenir el coordinador del área rural del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Freddy Baltázar, para encontrar un espacio en el hospital del Norte, sin tener éxito. Al presentarse las contracciones y perineo, la mujer tuvo que ser atendida en el domicilio de dicho médico, que logró recibir al recién nacido.

El Dr. Ramiro Narváez verificó el estado de salud del bebé e inició las gestiones para la otorgación del certificado de nacimiento. La familia está agradecida por la labor del personal del Sedes La Paz que, ante la situación presentada, pudieron salvar una vida.

Al momento, la madre se encuentra con supervisión y control del Dr. Baltázar, ya que cuenta con antecedentes de una cesárea anterior y de preeclampsia.

Aplican medidas cautelares a Manfred por el caso “Kecoma”

LOS TIEMPOS

El Tribunal de Sentencia Nº 3 determinó este viernes interponer medidas cautelares en contra del exprefecto de Cochabamba, Mánfred Reyes Villa, por las presuntas irregularidades en la construcción de la represa “Kecoma”, informó el director de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación, José Gutiérrez.

“Nos hemos hecho presentes a las 9:00 en la audiencia de medida cautelar y el tribunal ha decidido aplicarle medidas cautelares al señor Manfred Reyes Villa, consistentes en la presentación cada 15 días ante la autoridad fiscal, arraigo y la presentación de dos fiadores en el caso concreto de la represa Kecoma. Seguramente el tribunal va a analizar y va a señalar la audiencia de juicio oral”, declaró a los periodistas.

Gutiérrez sostuvo que a la exautoridad departamental, se le acusa de manera general por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos en los artículos 224 y 154 del Código Penal.

“El hecho (comisión) radica en la suscripción de un contrato en el cual se estipulaba que cualquier modificación o decisión tenía que pasar por un consejo técnico y en el caso concreto no hubo esa observancia, esa cláusula; se hizo modificaciones apartándose del contrato y ha generado que se haga una construcción con deficiencias, una infraestructura inadecuada, provocando un daño económico al estado”, explicó.

Remarcó: “Como gobierno autónomo departamental hemos solicitado la detención preventiva; la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron la aplicación de medidas sustitutivas; estas solicitudes han sido evaluadas y compulsadas por el Tribunal que ha decidido aplicar las medidas sustitutivas”.

La Gobernación se constituye en este y otros 14 procesos contra el exprefecto de Cochabamba, en parte denunciante, querellante y víctima.

“Algunos ya tienen sentencia, de otros se van a sustanciar el juicio oral, otros están en grado de apelación y otros en grado de casación”, finalizó el director departamental de Asuntos Jurídicos y Normativos.