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Turistas se vacunan gratis contra el coronavirus en la playa de Miami Beach

Decenas de turistas latinoamericanos se vacunaron este domingo en la playa de Miami Beach, en Florida, en un puesto que inmunizó a los viajeros con la dosis única de Johnson & Johnson.

La cola se extendía sobre la arena bajo el sol subtropical de mediodía. Los visitantes se registraban en un sistema online y poco después ya estaban vacunados y sentados bajo un toldo, empapados de sudor y esperando por su carnet de vacuna del estado de Florida.

“En mi país [el covid-19] se está saliendo de las manos y no hay mucha posibilidad de que pronto tengamos acceso a la vacuna”, comentó María Bonilla, una contadora de 40 años que llegó el sábado desde Honduras junto a sus padres, de 63 y 73 años.

Los tres hacían la fila llevando tapabocas. “Tuvimos que tomar la decisión de buscar una solución fuera del país”, dijo.

Noticias de Bolivia

Almagro condena la ‘tortura y asesinato’ cometidos por fuerzas del orden en Colombia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó este viernes condena a lo que calificó como “los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden” en el marco del conflicto que atraviesa Colombia, sin embargo, también llamó a que cesen los bloqueos en el país sudamericano.

Colombia vive varias jornadas de protesta iniciada por una reforma fiscal que pretendía la administración de Iván Duque y, si bien la medida fue retirada, se desató manifestaciones de rechazo al Gobierno y la violencia de la represión. Ya se cuentan más de 20 fallecidos –aunque organizaciones reportan un mayor número- y cientos de heridos.

Almagro expresó su respaldo a un informe de la Defensoría del Pueblo colombiana que para establecer la responsabilidad penal por parte de aquellos miembro de la fuerza pública que se han excedido y cometieron delitos y vulneración derechos fundamentales de la ciudadanía.

También apoyó que se judicialice a “aquellos que han transformado la protesta en vandalismo y que han confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista contra las instituciones y autoridades”.

Llamó a que actores externos e internos que inducen a la violencia que cesen de estas acciones.

Dijo que la Secretaría General de la OEA reconoce la protesta pacífica como un derecho básico, pero también se deben amparar los derechos de los que no protestan. “El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población, como la salud, como el trabajo, como la educación, como la libre circulación”, apuntó.

En ese marco, Almagro exhortó al cese de los bloqueos que manifestantes realizan en Colombia, cuando violan los derechos fundamentales de la gente

Furukawa: Esclavos humanos entre Japón y Ecuador

Condiciones de trabajo «infrahumanas», sin agua potable, luz y saneamiento. Jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social. Hacinamiento. Trabajo infantil. Mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola.

Estos son solo algunos de los abusos que padecían más de un centenar de campesinos, la mayoría afrodescendientes, en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, la principal productora de fibra de abacá (también conocido como cáñamo de Manila) del país.

En una decisión histórica, el pasado 19 de abril un juez constitucional sentenció a la abacalera, de capitales japoneses, a indemnizar a 123 de sus exempleados, que demandaron a la compañía por las terribles condiciones en las que trabajaban y vivían.

El magistrado que impuso la sentencia, Carlos Vera Cedeño, ya había constatado en enero pasado que en los campos agrícolas de Furukawa Plantaciones se llevaba a cabo una forma de esclavitud moderna conocida legalmente como «servidumbre de la gleba».

Su fallo no solo marcó un hito por ser la primera vez que una empresa es condenada por trabajo esclavo en Ecuador.

También sentó un precedente al responsabilizar al Estado por no haber actuado para prevenir los abusos.

«La responsabilidad principal por la vulneración de los derechos de las víctimas está atribuida a Furukawa por todas las acciones que esta comete», señala la sentencia de 246 páginas.

«Sin embargo, se debe señalar como responsable de todas las vulneraciones descritas al Ministerio de Trabajo», agrega.

«Si el Ministerio de Trabajo hubiese cumplido con su obligación de concurrir hasta el lugar donde vivían los trabajadores, todas estas vulneraciones que cometió Furukawa se habrían evitado«, resalta el documento.

«Por esta razón es que responsabiliza de la totalidad de la vulneración de los derechos de las victimas expuestos en esta sentencia al Ministerio de Trabajo, porque la omisión de sus atribuciones propició que estos actos se cometan».

Reparación

El juez Vera Cedeño determinó que Furukawa le pague a cada uno de los demandantes una suma que deberá ser determinada por un perito acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura.

Además, la abacalera, subsidiaria de la compañía japonesa FPC Marketing Co. Ltd., deberá entregar a cada campesino afectado cinco hectáreas de tierra o su equivalente en dinero.

Pero las reparaciones van más allá de lo económico.

El magistrado también ordenó a la compañía que se disculpe públicamente con sus exempleados, a través de una publicación en los diarios de mayor circulación del país.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano también deberá pedir perdón.

La sentencia dispone que los Ministerios de Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud Pública emitan disculpas públicas en sus páginas web por no haber actuado oportunamente para frenar las violaciones.

El ministro de Trabajo, Andrés Isch, dijo a BBC Mundo que «la sentencia se acatará en su totalidad«.

BBC Mundo también consultó a los representantes de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador sobre el fallo, pero no recibió una respuesta.

Los abogados de la empresa le anunciaron al juez que apelarán la sentencia.

Condecoración al mérito laboral

Dos días después de conocerse el fallo, el Ministerio de Trabajo anunció que le retiraría a la empresa Furukawa un reconocimiento al mérito laboral que había recibido de parte del gobierno ecuatoriano en 2005, durante la administración de Alfredo Palacio.

«Hemos retirado, por nuestra propia iniciativa, una condecoración dada a Furukawa hace varios años desde el Ministerio del Trabajo», confirmó Isch a BBC Mundo.

Pero ¿cómo se explica que una empresa que explotaba a sus trabajadores haya recibido una condecoración al mérito laboral del Estado ecuatoriano?

Las manos de los trabajadores se deforman, no cuentan con protección ni seguro

Isch, quien asumió en 2020, responsabiliza a los gobiernos anteriores, en particular al exministro de Trabajo Galo Chiriboga quien emitió el reconocimiento.

«La única explicación que puedo asumir (evidentemente no conozco los motivos) es que se limitaron a analizar el volumen de exportación de la empresa y nunca hicieron una inspección o revisión exhaustiva de la misma», señaló.

«Sin duda, el Estado falló por décadas en identificar los abusos y proteger adecuadamente a quienes estaban en una situación de vulnerabilidad (la sentencia identifica muy claramente dichos abusos)».

«Este caso no se puede repetir», agregó.

Sin embargo, activistas por los derechos humanos que se unieron para formar el Comité de Solidaridad Furukawa, aseguran que dicha condecoración revela una connivencia entre el Estado y el sector agroexportador, que aún sigue vigente.

«Hay un interés del Estado en promover a las empresas que les suponen ingresos interesantes», afirma Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y una de las patrocinadoras de los extrabajadores de Furukawa.

Según Carrión, esto lleva a las autoridades a proteger -«ya sea por acción u omisión»- a las grandes compañías agroexportadoras como Furukawa.

«O las autoridades no tienen idea de lo que está sucediendo en estas industrias, o están ocultando las situaciones que viven los trabajadores allí», señala.

La letrada asegura que aún hoy siguen confluyendo los «intereses económicos y políticos» del gobierno y este sector.

«El actual gerente de Producción de Furukawa fue viceministro de Agricultura durante el gobierno actual de Lenín Moreno», ejemplifica.

Desde 1963

Furukawa Plantaciones funciona desde hace casi seis décadas en Ecuador, país que es el segundo productor mundial de fibra de abacá, un material altamente resistente que se usa en varias industrias, incluyendo la automotriz, donde a veces sustituye a la fibra de vidrio.

El país exporta cada año unas 7.000 toneladas de fibra de abacá a Estados Unidos, Europa y Asia, generando más de US$17 millones.

La principal abacalera de Ecuador tiene 23 haciendas distribuidas en una superficie de 2.300 hectáreas, en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador.

Los 123 extrabajadores que denunciaron a la compañía vivían junto con sus familias en precarias viviendas construidas en varias de las haciendas, que ahora han sido desmanteladas en su mayoría.

Walker Vizcarra, un fotógrafo y activista contra la violencia, retrató algunos de estos lugares en 2019, y le contó a BBC Mundo que eran pequeñas construcciones de unos 10 a 15 metros cuadrados, donde vivían familias de 3 o 4 personas, en promedio.

«Había una sola letrina para 17 casas, que quedaba a unos 20 metros de las viviendas», relató.

Vizcarra también observó que muchas de las personas tenían partes de las manos mutiladas.

«Las deformidades en los dedos se deben a que cuando pasan las fibras por la máquina que las deshilacha, muchas veces por la fuerza, se suelta y golpea los dedos de las manos, a veces les corta los dedos o los rompe», explicó.

Pobres y enfermos

Un peritaje médico realizado por el Ministerio de Salud a pedido de la defensa determinó que, además de lesiones en las extremidades, todos los demandantes sufrían alguna enfermedad crónica.

Los niños que nacen en Furukawa se quedan trabajando, producen futuros esclavos

Algunos tenían infecciones en la piel, pero la mayoría padecía de enfermedades respiratorias como consecuencia de aspirar el polvillo que se produce al procesar el abacá, pero, sobre todo, por los residuos de los mecheros de kerosene usados para poder trabajar de noche.

Incluso los niños padecían de estas enfermedades. Según Carrión, muchos eran obligados a trabajar desde los 8 o 9 años de edad.

Un registro sobre condiciones de vida de 400 campesinos abacaleros realizado en 2019 por el Ministerio de Inclusión Económica y Social mostró que el 83% vivía en condiciones de extrema pobreza y apenas el 2% no era pobre.

La abogada señala que es esta pobreza la que mantiene esclavizados a los trabajadores.

«Viven en condiciones que no les permiten irse a otro lado a buscar trabajo», afirma, enumerando, entre otros obstáculos, la falta de medios para movilizarse desde haciendas muy alejadas de las vías principales.

Fue gracias a una denuncia investigada en 2019 por la entonces Defensora del Pueblo Gina Benavides -la primera mujer en ocupar el cargo– y gracias a un grupo de abogadas voluntarias que se unieron para defender a los trabajadores explotados -entre ellas Carrión y la abogada principal, Alejandra Zambrano- que este caso de esclavitud moderna finalmente salió a la luz y se llegó a una condena.

Qué pasa ahora

Pero a pesar de la histórica sentencia contra Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, lo cierto es que la empresa ha podido seguir operando como siempre.

Más allá de una multa de US$42.880 y una clausura por 90 días ordenada por el Ministerio de Trabajo a principios de 2019, después de que la Defensoría presentó su informe sobre los abusos, la abacalera no ha sufrido cierres ni recibido otras sanciones.

En el comunicado emitido por el ministerio para anunciar la clausura, en febrero de 2019, se detallaba que en las inspecciones se hallaron, entre otros, «condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil, insalubridad, riesgo laboral, falta de entrega de ropa y herramientas de trabajo, accidentes laborales (y) personas de tercera edad».

Furukawa Plantaciones afirma tener 198 trabajadores directos que ganan salarios iguales o superiores a los establecidos por ley y gozan de todos los beneficios legales, incluyendo seguro social, uniformes, guantes y otros elementos para el desempeño de sus labores.

Sin embargo, un censo realizado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (actual Ministerio de Gobierno) en marzo de 2019 reveló que 1.244 personas vivían y trabajaban dentro de las haciendas de Furukawa.

Así lo detalla un informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que en julio del 2019 coordinó una misión que verificó «la existencia de casos de formas contemporáneas de esclavitud moderna en el Ecuador».

La mayoría de las personas eran afrodescendientes, no habían recibido educación formal y eran analfabetas.

Temor

Según Carrión, solo 123 se animaron a denunciar a sus empleadores, sabiendo que se quedarían sin empleo.

«Muchos no pueden darse el lujo de reclamar», sostiene, asegurando que el trabajo esclavo «es la cotidianidad del agro ecuatoriano», y también ocurre en otras industrias redituables para el país, como la del banano y el camarón.

«Me vuelvo a sentir un ser humano«, cuenta que le dijo una de sus representadas tras ganar el juicio.

Sin embargo, la abogada advierte que las víctimas no recibirán compensación alguna hasta que la sentencia quede firme, después de que se resuelva la apelación, que ya fue presentada por el Ministerio de Trabajo.

Consultado sobre esto, el ministro Isch explicó que «hay una norma que obliga a las instituciones públicas a impugnar las decisiones que son en su contra».

No obstante, el funcionario aseguró: «No vamos a esperar al resultado de la segunda instancia, sino que vamos a cumplir con las obligaciones inmediatamente».

Entre estas, dijo, se incluye ordenar inspecciones mensuales de la empresa Furukawa.

Isch negó que hoy existan otros casos de esclavitud moderna en Ecuador, como denuncian los organismos de derechos humanos.

«Permanentemente se realizan inspecciones tanto por denuncias como de manera aleatoria. No se ha identificado situaciones similares desde que yo asumí el cargo», señaló.

También resaltó que «es urgente generar cada vez más confianza en la ciudadanía, precisamente para que si existe cualquier caso de abuso los ciudadanos estén dispuestos a denunciar y que sea más fácil tomar acciones correctivas y de protección».

Por su parte, Carrión señala que, más allá de lo que decida el tribunal de apelaciones, este inédito fallo ya ha tenido consecuencias positivas.

«Otros 188 trabajadores y extrabajadores de Furukawa ya le han pedido a la Defensoría del Pueblo que los patrocine para denunciar a la empresa», cuenta, mostrándose esperanzada de que la sentencia aliente a otras víctimas de trabajo esclavo a buscar justicia.

Colombia: los últimos mensajes de Lucas Villa, el joven manifestante que lucha por su vida tras ser baleado durante las manifestaciones

El día antes que le dispararan, el estudiante Lucas Villa le mandó un mensaje a su amigo Héctor.

«Ahorita en Colombia solo el hecho de ser joven y estar en la calle es arriesgar la vida. Todos podemos morir acá, pero cómo uno va a dejar a su pueblo. ¿Cómo no salir a marchar, a protestar mañana 5 de mayo?».

Ese 5 de mayo, después de pasar el día protestando y marchando, Villa, de 37 años, recibió ocho balazos. Está en «un estado neurológico muy grave» internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Jorge de la ciudad de Pereira, en la cordillera central de los Andes colombianos.

Testigos aseguran que los disparos se produjeron desde un vehículo en el viaducto César Gaviria en Pereira.

Villa es uno de las decenas de colombianos heridos o muertos en enfrentamientos durante las últimas jornadas de protestas en Colombia.

Hasta el momento se calcula que 24 personas han muerto y más de 800 han sido heridas.

Las protestas comenzaron el pasado 28 de abril contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. El Ejecutivo retiró la ley ante el rechazo ciudadano, pero las marchas continúan y reclaman una economía más igualitaria, una reforma de la policía y una mejor implementación del proceso de paz.

Allegados de Villa aseguran que era un manifestante pacífico, que acudía a las marchas, bailaba y exhortaba a los jóvenes a salir a la calle.

Por su visibilidad y liderazgo, sus compañeros creen que el ataque no fue casual.

«Estamos 100% seguros de que el ataque fue perfilado y planificado», le dice a BBC Mundo uno de sus amigos que quiso mantener el anonimato.

«Horas muy complicadas»

«Estamos atravesando horas muy complicadas, pendientes de la evolución de nuestro sobrino, que está en condiciones críticas con pronóstico reservado», contó por su parte Martha Viviana de las Salas, tía de Villa, a BBC Mundo.

La policía represora

De las Salas explicó que su sobrino es un joven luchador con una visión clara de las necesidades de su patria.

Actualmente cursa el décimo semestre del programa de ciencias del deporte y la recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira. También es profesor de yoga.

«Es un joven que se basa en el amor, la reconciliación, la empatía y la solidaridad. Realiza caminatas ecológicas, ama la naturaleza y está comprometido con la preservación del medio ambiente», añade De las Salas.

«Quiero que el mundo sepa que Lucas es un líder estudiantil de paz que acompañaba las marchas bailando y cantando».

Además de animar, Villa también realizaba labores pedagógicas en la calle. Explicaba a los manifestantes los motivos de las protestas y lo que reclamaban al gobierno.

En redes sociales han circulado varios videos donde se ve a Villa realizando esas actividades en la calle. En una fotografía se le ve dando la mano y sonriendo a un policía antimotines.

«Los jóvenes tenemos miedo»

Tras el ataque a Villa, el miedo se ha instalado entre los jóvenes de Pereira.

El gobierno de Duque esta utilizando munición real, no balas de goma

«En Pereira las manifestaciones siempre son pacíficas, pero cuando llega la policía o el Esmad todo se descontrola. No es que lancen perdigones o balas de goma. Están disparando balas de verdad. Tenemos mucho miedo», denuncia el amigo de Villa.

«Este gobierno nos quiere silenciar, nos quiere matar y callar. No quieren que alcemos la voz y que se enteren de lo que hacen con nuestra población», agrega el estudiante, de 23 años.

También asegura que policías vestidos de civiles están intentando infiltrarse en las asambleas estudiantiles y sus grupos de mensajería instantánea.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reconoció este jueves al Canal Capital que el pasado 1 de mayo habían identificado a policías vestidos de civil en el centro de la ciudad durante las marchas y que les había solicitado a los mandos policiales que dejaran de usarlos para recoger pruebas y «judicializar» personas porque causaban mucha desconfianza.

Enfrentamientos

Desde que comenzaron las jornadas de Paro Nacional, muchos manifestantes han acusado a las fuerzas de seguridad de utilizar una violencia letal, mientras que el gobierno afirma que la policía enfrenta a grupos armados ilegales.

El gobierno de Duque ha hablado de ataques concertados contra la policía y de «amenaza terrorista».

El ministro de Defensa, Diego Molano, responsabilizó a disidencias de la exguerrilla FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los «actos premeditados», como ataques contra las estaciones de policía conocidas como CAIs (comandos de atención inmediata).

Testigos y allegados indican que el ataque a Villa fue perpetrado por civiles. Algunas versiones apuntan a que los disparos se produjeron desde una moto con dos hombres, otras dicen que desde una camioneta.

La periodista Valentina Lugo, del periódico El Espectador, dice que es «difícil de decir» lo que pasó exactamente porque era de noche y había mucha gente.

En Pereira se ha cuestionado al alcalde la ciudad, Carlos Maya, por «convocar a los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana», según dijo en rueda de prensa el pasado 2 de mayo.

Algunos interpretaron estas palabras como una forma de exhortar a grupos civiles para que se armaran y atacaran manifestantes.

Hablando para la emisora Bluradio, el alcalde dijo que «nunca había buscado» que los civiles se armaran y pidió disculpas si había sido malinterpretado.

Este jueves 6 de mayo, el funcionario exigió «a la policía dar con los autores intelectuales y materiales del atentado», según contó en su cuenta de Twitter. Las autoridades están ofreciendo 50 millones de pesos (más de US$13.000) a quienes ayuden a capturar a los pistoleros.

El amigo de Villa estuvo junto a él durante las protestas del 5 de mayo. Pero no se quedó hasta la noche. En la tarde regresó a su casa para no preocupar a su madre.

Los mensajes premonitorios de Villa

En su conversación con la BBC, cuenta que un día antes de los disparos hablaba con Villa sobre la necesidad de que los jóvenes colombianos salieran a la calle a protestar y a defender los derechos del pueblo.

En uno de los mensajes de voz que le envió, cedidos a BBC Mundo, Villa ya avisaba sobre los peligros que entrañaban las marchas.

«Es un momento refeo y refuerte y puede pasar lo peor. Muchos podemos morir«, dice Villa.

Pero a pesar de dichas palabras, el joven se mostraba convencido de que no podía dejar de salir a la calle: «¿Cómo no salir a marchar, a protestar mañana 5 de mayo? Toca asumir y si toca irse, toca irse. Toca enfrentar eso. Ojalá el espíritu nos guíe y nos cuide para crear un mundo nuevo».

La tía de Villa afirma que hay una investigación policial en marcha sobre lo que sucedió realmente, aunque hasta este viernes nadie se había puesto en contacto con la familia.

Colombia: Noveno día de protestas termina con vigilia por las víctimas de la represión

Las protestas en Colombia marcaron el jueves su noveno día, con grupos más pequeños de manifestantes en ciudades como Bogotá y Medellín, mientras que sectores de la industria y autoridades reportaron escasez de gasolina y alimentos en algunas zonas del país a consecuencia de los bloqueos de carreteras.

Las protestas, convocadas inicialmente para rechazar un plan de reforma fiscal ya retirado por el gobierno del presidente Iván Duque, se transformaron en una demanda para exigir acciones contra la pobreza, el desempleo, la violencia policial, además de mejoras a los sistemas de salud y de educación.

Mujer llevó a su bebé muerto en una mochila al hospital, la Policía la detuvo

Una joven de 20 años fue imputada luego de presentarse al  Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, Argentina, con su bebé muerto en la mochila. Las pericias indican que la criatura tuvo una muerte violenta, ya que en colaboración con los médicos, se descubrió que había nacido vivo y que presentaba golpes en la cabeza y traumatismos en el cráneo.

El hecho ocurrió a principios de abril en Mar Del Plata y la mujer fue imputada por homicidio agravado por vínculo. La investigación sobre el caso sigue en pie y está en manos de la fiscal de materia, Andrea Gómez, quien ordenó un allanamiento en la casa de la acusada. La hipótesis es sobre una muerte estremecedora y violenta.

El Juez de Garantías, Gabriel Bombinin, dio la orden de allanamiento y le informó a la joven sobre el inicio del proceso judicial. Pero antes, Gómez solicitó que se le realicen una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas.

Al menos 25 muertos en operación antidroga en favela de Rio de Janeiro

La operación se desencadenó en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos.

Al menos 25 personas, entre ellas un policía, murieron este jueves en una operación contra el tráfico de drogas en una favela Rio de Janeiro, informaron fuentes policiales citadas por medios brasileños y periodistas de la AFP.

Según investigadores del área, de confirmarse el saldo de muertos se trata de la incursión policial más letal en la historia de Rio. 

Fuertes contingentes policiales se desplegaron desde el amanecer en la favela Jacarezinho (en la zona norte de la ciudad), que se transformó en un campo de batalla.

Los habitantes relataron intensos tiroteos, con helicópteros que sobrevolaban las casas, personas muertas en terrazas y callejuelas y cuerpos cargados en un camión blindado de la policía, confió a la AFP un líder comunitario que pidió no ser identificado por razones de seguridad.

La operación se desencadenó en el marco de una investigación sobre una banda que reclutaba niños y adolescentes para el tráfico de drogas, robos, secuestros y asesinatos, informó la Policía Civil, que no comunicó de inmediato un balance oficial de muertos. 

Operación más letal 

«Si pensamos en masacres con participación de policías fuera de servicio (operaciones ilegales de venganza), las de Vigario Geral en 1993 (22 muertos) y la de la Baixada en 2005 (31 muertos)» se le asemejan, dijo a la AFP Silvia Ramos, responsable del Observatorio de Seguridad del Centro de Estudios de Ciudadanía y Seguridad (Cesec) de la Universidad Candido Mendes.

«Pero en operaciones legales, la de Jacarezinho batió todos los records», agregó.

Jacarezinho es considerada una base del Comando Vermelho (Comando Rojo), la principal organización narcotraficante de Rio.

Fotos que circulaban entre vecinos por las redes sociales mostraban cadáveres en diversos lugares del barrio. 

A medida que el tiroteo cesaba, los atemorizados residentes trataban de ir al trabajo y reanudar sus actividades, informó un fotógrafo de la AFP.

Dos pasajeros de metro, que en esa parte de la ciudad circula en la superficie, resultaron heridos y recibieron atención médica en el andén, mostró la televisión local.

Miembros de oenegés defensoras de los derechos humanos acudieron a la favela y inspeccionaron junto a los vecinos las casas que fueron invadidas durante la acción policial, algunas con rastros de sangre y destrucción. 

La operación se llevó a cabo a pesar de un fallo de la corte suprema que impide a la policía hacer redadas en los barrios periféricos mientras dure la pandemia de coronavirus, salvo en «circunstancias absolutamente excepcionales». 

«La policía sigue matando y diciendo que [las personas abatidas] son sospechosos de cometer delitos», sin presentar pruebas, afirmó Ramos. 

«¿Hasta cuándo la policía va a entrar a las favelas, dejar cuerpos en el suelo e irse, mientras los grupos armados se fortalecen aún más? ¿Cuál es el objetivo?», cuestionó. 

Por “acoso sexual” a Don Ramón, piden eliminar a Doña Clotilde de El Chavo del 8

No es broma. El personaje de Doña Clotilde, interpretado por la actriz Angelines Fernández, fue denunciado por un grupo de televidentes ante las autoridades culturales de su país con el propósito de eliminarlo del tan añejo como popular programa mexicano «El Chavo del 8».

De acuerdo con la versión de los televidentes denunciantes, Doña Clotilde es un mal ejemplo para la audiencia infantil por ser una acosadora sexual que no deja en paz a su vecino, el entrañable Don Ramón, con propuestas indecentes.

Una información publicada por el periódico Milenio recuerda que Doña Clotilde, a la que su vecindario llama despectivamente ‘La Bruja del 71’, es una mujer sola, que no se sabe de dónde vino ni su pasado. Sin embargo, tiene posibilidades económicas mejores que los demás. Ella está enamorada de Don Ramón y no lo oculta; se le insinúa, le hace regalos y le prepara comida.

El diario mexicano dice también que todos los capítulos de El Chavo del 8 ya fueron grabados hace muchos años y que actualmente solo se están repitiendo. “Es más”, agrega la publicación, “varios de los actores que actúan en el programa ya fallecieron. Por ello, sugieren que las escenas en las que doña Clotilde se le insinúa a don Ramón sean editadas y retiradas del capítulo, como ha sucedido con otras teleseries que han causado polémica por sus contenidos”.

Entre los fallecidos están, precisamente, la propia Angelines Fernández –quien murió en 1994– y el actor que encarna a Don Ramón, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo –quien murió en 1988–.

Abrazos y palabras como “rorro” son las que la apuntan como un personaje que también acosaba, complementa Milenio, que incluso publica algunas reacciones de internautas en redes sociales, como esta:

“Y el acoso por parte de la bruja del 71? Es violencia”; “Y mientras Formosa es la capital del machismo. Nos ocupamos de cosas importantes. Ahora irán por puka y la bruja del 71 supongo”; “Me acabo de enterar lo de Pepe Le pew, si cancelan a ese personaje tienen que cancelar a varios! A El Chavo, por la bruja del 71, a Pucca, a Tootie de los padrinos mágicos”; «Si cancelan a Pepe lepew deberían cancelar a la bruja del 71 y a doña Florinda también”; “También doña florinda por abusadora y la bruja del 71 por acosadora”, se lee entre las reacciones.

BOLIVIA SALUDA ADHESIÓN DE EEUU Y UE A LIBERACIÓN DE PATENTES DE FABRICACIÓN DE VACUNAS CONTRA LA COVID-19

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, saludó el jueves la adhesión expresada por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y autoridades la Unión Europea (UE) a la iniciativa de Bolivia para que se libere las patentes de fabricación de las vacunas contra la COVID-19.

“Nosotros saludamos esa posición y no solamente la saludamos, nosotros hemos iniciado esa solicitud de que sean las patentes liberadas y que esto permita poder superar esta crisis global de egoísmo, la crisis de falta de vacunas, esta crisis que está afectando la salud de nuestra población”, dijo a los periodistas.

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su Representante Comercial, comunicó su apoyo a la cruzada por la liberación de las patentes de protección de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19, que fue promovida por el presidente Luis Arce Catacora.

Similar pronunciamiento emitió la UE a través de su presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo que esa instancia internacional está lista “para negociar cómo la propuesta de Estados Unidos de liberar la protección de la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID19 puede ayudar a alcanzar ese objetivo».

La primera autoridad en Salud de Bolivia advirtió que sí no se vacuna a la población en todo el mundo a la brevedad posible, se corre el riesgo de que el virus mute y afecte a todos con mayor letalidad.

“Hacemos nuevamente un llamado a toda la población internacional, a la comunidad internacional de que debemos aplicar mecanismos que nos permita superar esta crisis global, y por eso saludamos todas las manifestaciones de todos los países que se sumen a esta iniciativa manifestada por nuestro presidente”, enfatizó

Auza remarcó que es preponderante que se levanten esas patentes de protección de la propiedad intelectual que permita una democratización de los avances científicos que no pueden estar “al servicio de los países poderosos únicamente sino que deben estar dispuestos para el servicio de toda la población mundial”.

El pasado 21 de abril, durante la celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, jefe de Estado boliviano, reflexionó que el acceso a la vacuna debe ser visto como un derecho humano. Y condenó que los países ricos, que albergan aproximadamente el 16% de la población global, compraran “más de la mitad del suministro de vacunas en el mundo».

Rusia autoriza uso de la vacuna Sputnik Light, de una sola dosis

Rusia anunció que ha autorizado el uso de la vacuna Sputnik Light, una variante de la Sputnik V que consiste en una sola dosis para la inmunización contra la COVID-19.

Según la autoridad rusa, la vacuna de dosis única Sputnik Light demostró una eficacia del 79,4%, según los datos analizados tomados 28 días después de la administración de la inyección. 

De acuerdo con estos datos, Sputnik Light puede provocar el desarrollo de anticuerpos IgG específicos de antígeno en el 96,9% de las personas el día 28 después de la vacunación.

También provoca el desarrollo de anticuerpos neutralizantes de virus en el 91,67% de las personas a los 28 días de la inmunización.

Asimismo, señalaron que no se registraron eventos adversos graves después de la vacunación con Sputnik Light.