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La Policía reporta nuevo infanticidio en La Paz; el padre es el principal sospechoso

La Policía reportó un nuevo infanticidio, esta vez en el municipio de Colquiri, provincia Inquisivi del departamento de La Paz. La víctima es un menor de un año de edad y el presunto autor es el padre, según la denuncia de la madre.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Hernán Romero, Informó que el bebé fue lanzado al suelo lo que le provocó la muerte por lesiones en la cabeza. El motivo por el cual se cometió el crimen fue porque el acusado se habría negado a pagarla asistencia familiar.

El padre fue aprehendido a denuncia de su madre que no se encontraba con el menor en el momento que ocurrió el crimen.

Tras haber sido aprehendido y trasladado al municipio de Quime para que brinde su declaración informativa, el acusado escapó en el camino, sin embargo, horas después, fue recapturado y fue conducido hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

Del Castillo considera que ‘el caso está cerrado’ y que Añez cometió 13 vulneraciones

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó este jueves que en su criterio “el caso está cerrado” en las investigaciones sobre la asunción de Jeanine Añez a la presidencia en 2019 y que la exmandataria habría cometido 13 vulneraciones a la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa.

Actualmente Añez está imputada en el caso denominado “golpe de Estado”, en el cual se investigan los hechos que derivaron en su asunción como presidenta en 2019. El proceso se inició por los tipos penales de sedición, terrorismo y conspiración, aunque después se añadieron resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de incumplimiento de deberes.    

“Yo creo que el caso está cerrado. Los delitos son Intuitu Personae y la señora Jeanine Añez con las declaraciones que realizó, con los actos que realizó, tanto en la Cámara de Senadores como en el hemiciclo de la Cámara de Diputados ya se evidencia que ha cometido 13 vulneraciones a la Constitución Política del Estado y a los reglamentos de ambas cámaras. Yo creo que con esto ya sería suficiente para cerrar este caso y si hay que analizar otros elementos deberán analizarse en un segundo caso, un tercer caso”, dijo Del Castillo, consultado si otras personas deben ser convocadas ante la Fiscalía.

Explicó que entre las vulneraciones que habría cometido Añez está que en 2019 asumió la presidencia del Senado siendo de la bancada de Unidad Demócrata, cuando por reglamento ese cargo corresponde a la mayoría que entonces era del MAS. 

También dijo que las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera debieron ser tratadas en el Legislativo y que, entonces, debió elegirse al presidente de entre los integrantes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados.   

Del Castillo enfatizó que en este caso se está investigando es el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, que tiene una pena privativa de libertad.

“Las personas que hayan cometido estos delitos de nuestro país deben ser sancionadas para que nunca más en nuestro país se repitan estos hechos atroces”, afirmó.

Según la norma, la sanción para el delito de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes es de cinco a 10 años de cárcel.

La devastadora guerra contra el narcotráfico que EE.UU. le impuso al mundo cumple 50 años de fracasos

«Declaro la guerra contra las drogas». Esta frase, pronunciada por Richard Nixon el 17 de junio de 1971 en la Casa Blanca, marcó el inicio de una estrategia intervencionista en la que EE.UU. se erigió como gendarme mundial del combate al narcotráfico.

Los resultados han sido desastrosos. Cinco décadas después, no hay un solo efecto positivo. Al contrario. Hoy hay más sustancias prohibidas, son más baratas, más accesibles y con mayor potencia. El consumo aumentó tanto en EE.UU. que ha enfrentado epidemias consecutivas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, y sigue siendo el país que más consume drogas.

Las organizaciones criminales crecieron, se multiplicaron, se profesionalizaron, se globalizaron. Se expandieron a todo el mundo con la invaluable ayuda de los bancos estadounidenses y europeos que lavan las multimillonarias ganancias del negocio trasnacional e ilegal más lucrativo.

La estela de víctimas es interminable: los usuarios que tienen consumo problemático y que son tratados como delincuentes, no como personas con problemas de salud; los cientos de miles de muertos y desaparecidos por la disputa de territorios o de mercancías o por la militarización del combate que sólo acrecentó las violaciones a los derechos humanos; los campesinos sumidos en la pobreza y que sólo pueden sobrevivir con la siembra de adormidera, hoja de coca o marihuana, o a quienes les arrasan sus campos con fumigaciones dañinas y erradicaciones forzadas; las ‘mulas’ que, a cambio de unos cuantos dólares, aceptan utilizar su cuerpo para transportar drogas; los consumidores que cumplen condenas por delitos que no deberían ser tales; los hombres y mujeres que forman parte de los eslabones más vulnerables de la cadena narco y a los que se les imponen condenas desproporcionadas.

Y la violencia endémica. Si lo sabrán especialmente Colombia y México. 

Cada año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presentan informes sobre drogas y narcotráfico que demuestran que, más allá de oscilaciones en la producción, el negocio se mantiene firme. No importa cuántos narcotraficantes mueran, se detengan o condenen, o cuántas toneladas se decomisen. El negocio solamente cambia de manos y no para de crecer.

Lo increíble es que, a pesar de que las cifras de producción, variedad de sustancias, consumo, muertes y presos evidencian que esta guerra ha sido infructuosa, la retórica bélica sigue vigente y cada tanto es repetida por presidentes latinoamericanos. Todavía es un discurso predominante que contrasta con los esfuerzos de sectores sociales que apuestan por modificar las políticas de drogas para que se aborde prioritariamente como una problemática de salud basada en el respeto a los derechos humanos.

El origen

Nixon fundamentó su nefasta guerra en el persistente consumo y en premisas moralinas. Hilvanó un lenguaje en el que consideró el abuso de sustancias como el «enemigo público número uno» al que había que derrotar a toda costa bajo tres ejes: la criminalización de los consumidores, el prohibicionismo absoluto de determinadas drogas y la militarización en el combate al narcotráfico en los países latinoamericanos productores.

La meta, irreal, era desterrar todas las drogas ilegales. Que dejaran de producirse y de consumirse. 

Para reforzar su estrategia, en julio de 1973 creó la Drug Enforcement Administration (DEA) que, a partir de ese momento, sería omnipresente en las operaciones contra el narcotráfico alrededor del mundo y que junto con la CIA se disputaría recursos financieros para seguir justificando su existencia.

En el imaginario estadounidense ya predominaban la estigmatización y los prejuicios raciales. Desde principios del siglo pasado habían vinculado a los chinos con el opio; a los negros con la cocaína; y a los mexicanos con la marihuana. Eran una amenaza. EE.UU. jamás ha admitido su responsabilidad en el negocio narco debido a sus altos niveles de consumo, al tráfico de armas y al lavado de dinero. Los culpables siempre son otros. Están convencidos. De ahí el éxito de la promesa de Donald Trump de construir un muro para cerrar el paso a los narcos mexicanos. De los narcos estadounidenses jamás sabemos nada.

Ya en los 80, Ronald Reagan insistió en que las drogas representaban una amenaza para la seguridad nacional. La guerra antinarcóticos se convirtió en una prioridad y EE.UU incrementó la asistencia militar y policial en América Latina. A través de la Iniciativa Andina, combatió el cultivo de marihuana y la producción de cocaína sin entender las complejas causas económicas, políticas y sociales que permitían el auge de estos cultivos en países como Colombia, Bolivia o Perú.

La hipocresía siempre ha estado latente. La CIA llegó al extremo de permitir el ingreso de drogas a EE.UU. a cambio de que los cárteles apoyaran a la Contra, el grupo armado que financiaba para derrocar a los sandinistas en Nicaragua. El caso Irán-Contras ha sido uno de los grandes escándalos de corrupción e intervencionismo de EE.UU. en América Latina, pero no el único. 

Rebeldía

Durante décadas, EE.UU. extorsionó al resto de los países latinoamericanos con una certificación anual que evaluaba si habían obedecido sus políticas antidrogas. En caso contrario, les cortaba el flujo millonario de recursos. A varios gobiernos dependientes no les importó afectar a sus ciudadanos y provocar sangrientos conflictos sociales con tal de entregar buenas cuentas.

Importaban más las cifras de campos erradicados, drogas decomisadas y narcos detenidos y asesinados, que las personas, los derechos humanos y la democracia.

El tema era tan central en la agenda de los gobiernos estadounidenses que, a fines del siglo pasado, el 92 % del presupuesto de asistencia militar y policial en América Latina y el Caribe se destinaba a la guerra contra las drogas. Pero en septiembre de 2001 la preocupación cambió por completo para dar prioridad a la «guerra contra el terrorismo».

Aun con recortes presupuestarios, las políticas de drogas siguieron inmutables. Desde Nixon hasta ahora, todos los presidentes estadounidenses han anunciado «éxitos» en la guerra contra el narcotráfico que, en realidad, son inexistentes. Es un «ya casi ganamos» que, 50 años después, es todavía más inalcanzable.

Por eso, comenzó a asomar la rebeldía. En 1998, a instancias de México, se celebró en Nueva York una Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas en la que países latinoamericanos y europeos advirtieron que no compartían una guerra que había provocado más daño que el consumo mismo de las sustancias. En lugar de analizar alternativas, la ONU volvió a comprometerse con «un mundo libre de drogas». De nuevo, la meta imposible.

Desde entonces, expresidentes, premios Nobel, periodistas, profesores universitarios, parlamentarios, empresarios, médicos, criminólogos, diplomáticos, políticos, filósofos, sociólogos, activistas, jueces y sacerdotes de decenas países, incluido Estados Unidos, han convocado a través de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia a cambiar el paradigma, a enfocar las políticas mundiales de control de drogas sin miedos, prejuicios y prohibiciones punitivas que cedan al sentido común, la ciencia, la salud pública y los derechos humanos.

Alternativas

La discusión está latente, tanto como las resistencias y los avances.

En 2013, Uruguay hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la producción, consumo y venta de la marihuana con fines medicinales y recreativos. Es decir, toda la cadena del negocio. Luego le siguió Canadá. México, que tiene un papel central en el negocio narco, está a un paso de imitar esta política rupturista e incluso desde el Gobierno abren la puerta a regular también la amapola, materia prima de la heroína.

La legalización de la marihuana ya rige en más de la mitad de los estados de EE.UU. En Portugal, la despenalización del consumo y el fin de la estigmatización a los usuarios de drogas logró reducir el mercado de cocaína y heroína y la población carcelaria. En gran parte de Europa se fortalecen las políticas de reducción de daños con salas de consumo supervisadas por el Estado que incluyen el intercambio de jeringas para evitar la propagación del VIH y hepatitis B y C entre los usuarios de heroína y otras drogas inyectables.

No se trata de promover las drogas, de frivolizar su consumo ni de alentarlo. Tampoco de que los países latinoamericanos asuman solo el papel de víctimas, porque, con el pretexto de combatir el narcotráfico, muchos políticos violan gustosamente y por su cuenta propia los derechos humanos y lideran o participan de las prácticas de corrupción inherentes al negocio.

Lo fundamental es ser realistas. Entender que las drogas se van a seguir produciendo y consumiendo. Que las políticas aplicadas hasta ahora no funcionaron y que hay que diseñar y poner en marcha alternativas alejadas de dogmas y prejuicios. Que así sea, por el bien de nuestras sociedades.

Adolescente era explotada sexualmente

Una adolescente de 16 años de edad era explotada sexualmente en un local nocturno en la ciudad El Alto, de donde fue rescatada durante un operativo realizado por la policial y el Ministerio Público. Dos personas fueron aprehendidas.

“De manera sorpresiva hemos ingresado y encontrado a una adolescente de 16 años, por el cual se encuentran aprehendidos los administradores de dicho lenocinio; asimismo, vamos a continuar investigando, no descartamos que más menores hayan sido prostituidas”, señaló un representante del Ministerio Público.

Las dos personas aprehendidas, responsables del local nocturno, serán procesadas por el delito de corrupción de niño, niña o adolescente.

No es la primera vez que una menor de edad es hallada en un lenocinio, ya que mucha gente se dedica a reclutar adolescentes de bajos recursos económicos, y a quienes huyen de sus domicilios por problemas familiares.

Las autoridades policiales y funcionarios de la fiscalía de La Paz señalaron que realizaran un control más minucioso en locales nocturnos, más aún en este tiempo de pandemia, en la que debido a la crisis económica ha incrementado la prestación en locales clandestinos.

Mesa dice que no dará explicaciones: “Morales, el Gobierno y el MAS pretenden que agache la cabeza”

El expresidente Carlos Mesa se pronunció este miércoles y dijo que no dará explicaciones de lo que considera una “acusación inventada”, respecto a la citación para declarar por el caso “golpe de Estado”. Confirmó que acudirá a la Fiscalía, mañana, y criticó que la justicia le dé credibilidad a la lectura de un libro que hizo Jeanine Áñez, cuando debiera solicitarle que manifieste los hechos que ella presenció.

Tras que se confirmó que la Fiscalía General lo citaría en calidad de testigo por el supuesto “golpe de Estado”, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) se presentó ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa para manifestar su postura oficial al respecto.  

“(Evo) Morales, el Gobierno y el MAS pretenden que agache la cabeza y dé explicaciones. No haré ni lo uno ni lo otro. No da explicaciones quien, como yo, ha hecho y volvería a hacer cien veces lo que se debe hacer en defensa de la paz, la democracia y la Constitución, que es lo que hice entre 2018 y 2020”, señaló.

Acusó a Morales, Luis Arce y al MAS “de mentir, de tergiversar los hechos, de inventar un delito para destruir a la oposición” y a él –dijo– para llevar al país a una espiral de confrontación en medio de una profunda crisis sanitaria y de desempleo.

“Al acusarme como autor del supuesto golpe, Morales ha decidido para completar su plan, destruirme y destruir a la principal fuerza de la oposición democrática en el país, representada por Comunidad Ciudadana. Quien huyó de Bolivia después de renunciar a la presidencia, quien organizó un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional y generar caos y enfrentamiento civil entre compatriotas, quien instruyó a sus militantes que bloquearan y desabastecieran nuestras principales ciudades, habla hoy con total desvergüenza de golpe y de golpistas”, añadió.

Mesa fue citado a declarar este jueves y según, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, se activarán los mecanismos procesales en caso de que no asista a prestar su declaración informativa en La Paz, aunque ayer anunció que sería citado para la próxima semana, en calidad de testigo.   

El líder de CC está en la lista de una treintena de personas que nombró Jeanine Áñez durante sus declaraciones que –afirmó– se basaron en un libro y en parte de sus vivencias.

“La fiscalía, en el colmo de la ilegalidad de forma y de fondo, le da mayor credibilidad a las páginas de un libro que a dos leyes del Estado: la ley 1266 que anuló las elecciones fraudulentas y la Ley 1270 denominada ‘Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas’, que prolongó la gestión de la entonces Presidenta Áñez. Ambas leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS”, añadió.

En ese sentido, dijo: “mañana estaré en la Fiscalía y diré lo que tenga que decir”; sin embargo insistió en que no dará explicaciones “de una acusación inventada porque le haría el juego a quienes creen en el hecho falso del ‘golpe de Estado’ (…) no voy a ser funcional a una acusación vergonzosa, no le voy a seguir la tramoya a Morales, al señor Arce, al señor (Iván) Lima y a quienes estar armando este acto”.   

Comisión revela que hay casi mil casos de feminicidios en nueve años

Los casos de feminicidios en el país llegaron a 949 en nueve años, desde la vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), reveló esta tarde la comisión especial de la Asamblea que investiga estos casos.

La Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidio, conformada por senadores y diputados de los tres partidos con representación parlamentaria, detalló las dificultades que sortearon para avanzar en su trabajo, desde el presupuesto que era inexistente, hasta la falta de cooperación de las autoridades a las que se les solicitó información.

Según los cuadros presentados por los legisladores, la revisión se remontó a 2013 cuando se documentaron 31 feminicidios, desde entonces los casos fueron en incremento y hasta junio de este año se llegó a la cifra global de 949 casos.

Las cifras

La Paz es el departamento donde más asesinatos de mujeres se cometieron con 321 casos en estos nueve años. Le sigue Santa Cruz 185, Cochabamba 162, Oruro 73, Tarija 57, Potosí 53, Chuquisaca 46, Beni 42 y cierra Pando con una decena de casos de feminicidio en los tribunales.

Muchos de estos casos no fueron resueltos por las autoridades judiciales por distintas razones. Los legisladores recibieron 85 denuncias de retardación de justicia y enviaron peticiones de informe sobre auditorías judiciales, de las 85 peticiones solo tres tuvieron respuesta del Consejo de la Magistratura, 82 no lograron saber las razones de la retardación de justicia.

Según este reporte preliminar de los parlamentarios, las madres de algunas de las víctimas presentaron documentos en los cuales los responsables de las muertes fueron sentenciados a tres años de presidio, aunque la Ley señala 30 años sin derecho a indulto.

El año que más violencia vivieron las mujeres fue en 2017 cuando en el país se asesinaron a 155 mujeres. A partir de 2015 todas las estadísticas señalan que fueron más de un centenar de mujeres que perdieron la vida por su condición de mujer. En 2021 hasta el primer semestre ya hay 56 féminas asesinadas.

Las víctimas

Los legisladores también investigaron sobre las consecuencias de los feminicidios y enviaron peticiones a los alcaldes municipales para conocer sobre los menores que quedaron huérfanos producto del asesinato de sus madres. Ningún municipio envió alguna respuesta sobre ese punto.

Tomando en cuenta todas estas explicaciones que realizaron los miembros de esta Comisión Especial, la Asamblea resolvió ampliar su mandato hasta diciembre de este año, moción que fue aprobada de forma unánime por todos los legisladores.  

Exministra de Ecuador confirma préstamo de material antimotín, pero dice que no fue de guerra

La exministra de Gobierno de Ecuador durante la gestión de Lenin Moreno, María Paula Romo, confirmó el préstamo de material antimotín a la Policía de Bolivia, pero negó que se haya tratado de material de guerra o militar, informó el periódico ecuatoriano Expreso.

Romo añadió que es habitual la cooperación entre policías. La exministra respondió las consultas de Expreso tras que el asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín acusara a Moreno de presunto peculado por prestar el material.

“Expreso solicitó a través de WhatsApp un comentario a la exministra de Gobierno María Paula Romo sobre el señalamiento del legislador (de Ecuador, Fausto Jarrín). La exministra respondió que se trata de un procedimiento habitual de cooperación entre policías. La exfuncionaria aclaró que de ninguna manera se trata de material militar o de guerra, porque la Policía no posee material de ese tipo”, señala el portal, citado por Página Siete.

Romo además señaló que «el ministro de Gobierno de Bolivia (Eduardo del Castillo) pretende con esas declaraciones distraer sus discusiones internas, en las que la Policía del Ecuador nada tiene que ver».

La semana pasada, Castillo anunció la investigación por el préstamo de gases lacrimógenos y munición de alto calibre desde Ecuador, durante el gobierno de Jeanine Áñez.

En tanto el diario ecuatoriano El Comercio, señala que el préstamo se trató de “5 000 granadas, 238 proyectiles de largo alcance, 580 proyectiles de corto alcance y 500 granadas de sonido y destello para exteriores”.

Comisión aprueba juicios de responsabilidades contra Leopoldo Fernández y Hugo Salvatierra

Vía: El Deber

Otros cuatro juicios de responsabilidades fueron recomendados por la Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Plurinacional. Los dos casos que destacan de este nuevo paquete de esta instancia de la Asamblea son juicios contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y contra el exministro de Desarrollo Rural de Evo Morales, Hugo Salvatierra (padre de Adriana Salvatierra).   

“Serán remitidos a la Asamblea Legislativa, esperamos contar con los dos tercios y solucionar este tema que ha sido de preocupación y a retardado mucho la justicia”, dijo la presidenta de esta Comisión, senadora Patricia Arce, a través de una nota de prensa. Informó que recomendaron la instauración de cuatro procesos de privilegio a exautoridades de la gestión 2008, los mismos que fueron remitidos al pleno para su tratamiento.

Los juicios de responsabilidades que pasarán a la ALP son contra Hugo Salvatierra Gutiérrez, por el delito de incumplimiento de deberes; Silvio Javier Comboni Salinas, Javier Gonzalo Cuevas y Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes y conducta antieconómica, indica un boletín de la Cámara de Senadores.

La Comisión también aprobó el juicio contra el ex prefecto de Potosí, Sergio Medinaceli Soza, por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, está acusado de resoluciones contrarias a las leyes y conducta antieconómica, prosigue el boletín.

La senadora manifestó que hasta la fecha se aprobaron 10 juicios de responsabilidades en la Comisión Mixta. Entre mayo y junio se aprobaron seis informes y hasta fin de semana habrá tres informes adicionales, lo que elevará a 13 informes de la Comisión Mixta que debe tratar la Asamblea.

Noticias de Bolivia

ALP recibe juicios de responsabilidades contra Añez y los remite a la Comisión de Justicia

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recibió hoy por conducto regular tres requerimientos de juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Áñez. Tras esto, los remitió para su tratamiento a la Comisión Mixta de Justicia Plural.

La senadora de Creemos Centa Rek observó que la sesión plenaria no era para tratar los procesos en contra de la exmandataria, sino para ampliar el mandato de una comisión que investiga la retardación de justicia en casos de feminicidio.

Hace días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitió al Legislativo tres acusaciones de juicios de responsabilidades para procesar a Añez. La aprobación del un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 327 millones sin el aval del Congreso, la ampliación de contratos en Fundaempresa y la presunta vulneración a la libertad de experiencia durante la pandemia.

La presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Patricia Arce, detalló que los procesos en esa instancia se los tratan según el orden de llegada. La próxima semana se prevé abordar juicios de responsabilidades contra otras exautoridades y luego de receso parlamentario se avanzará con los restantes y luego se aprobará o rechazará los casos contra la exmandataria.

“No podríamos tratar  juicios que fueron remitidos recién, siendo que hay otros pendientes. (…) Si estos juicios se aprueban en la Comisión serán remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional y en la Asamblea tendría que ser aprobadas por dos tercios”, explicó.

Los procesos que ahora se tratan en la delegación parlamentaria son casos que involucran a exministros, exprefectos y un expresidente. Entre los cuales están: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa y otros.

Asesinan a dos personas a balazos en la frontera con Brasil

La Policía informó que este miércoles, en la frontera entre Santa Cruz y Brasil, se registró un hecho de sangre en que dos personas, un boliviano y un brasileño, fueron asesinados con arma de fuego, en circunstancias que están bajo investigación.

El hecho se registró en la zona de San José de la Frontera, cerca a San Matías. Los fallecidos son el boliviano Elías C. F. de 25 años y su cuñado el brasileño Walderson S. D. de 36 años, indicó el director nacional de la fuerza anticrimen, coronel Alberto Aguilar.

Según el reporte policial, la mujer hermana de Elías y pareja de Walderson relató que dos brasileños habían llegado a pie a su propiedad y que habían pedido que les regalen agua. Indicó que Walderson llamó a su cuñado al lugar a verificar, pero que ambos fueron victimados a balazos.

El brasileño recibió entre cinco a seis impactos de bala, mientras que el boliviano sufrió dos. Entretanto, los asesinos escaparon en una vagoneta negra que los había recogido.

El coronel Aguilar señaló que, por investigaciones realizadas, los antisociales habrían pretendido tobar una vagoneta y una moto.

El caso está en investigación. El jefe policial señaló que se está coordinando acciones con la Policía de Brasil sobre este tema.