Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos en Tarija, Yolanda Herrera, se suma al llamado nacional exigiendo la renuncia del ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Rubén Alejandro Méndez, debido a sus controvertidas declaraciones sobre los riesgos del mercurio “De niño jugaba con mercurio”. Además, se destaca la falta de avance en la regulación para reducir el uso del mercurio en el país.
El ministro de Medio Ambiente y agua de Bolivia está bajo observación debido a sus declaraciones que han suscitado preocupación a nivel nacional. Las organizaciones matrices de pueblos indígenas se han unido a la demanda de renuncia del ministro por sus polémicos comentarios sobre los peligros asociados al mercurio.
En este contexto, Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos en Tarija, destaca la creciente inquietud sobre la falta de regulación efectiva para controlar el uso del mercurio en el país. A pesar de que Bolivia ha suscrito un convenio internacional, conocido como «Yaminawa», para combatir el uso del mercurio y que ha sido aprobado mediante ley, la falta de aprobación de un reglamento está obstaculizando su implementación. Como resultado, en pocos años, las importaciones de mercurio han aumentado alarmantemente en casi un 300%, pasando de 4 a 16 toneladas.
Este aumento en el uso del mercurio representa un riesgo significativo para la salud de las comunidades que viven a lo largo de las riberas de los ríos y para la población en general. Herrera subraya que esta situación es peligrosa y plantea un desafío importante para los derechos de los pueblos que dependen de los recursos acuáticos.
En una reunión a nivel nacional que tuvo lugar los días 1 y 2 de septiembre, presidentes de las Asambleas Departamentales y la Regional de Montero de derechos humanos, entre otros, emitieron diversas resoluciones en respuesta a la situación actual en el país. Entre estas resoluciones se destaca el respaldo a la unidad y legalidad del Comité Ejecutivo Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, liderado por Amparo Carvajal, quien ha estado impedida de ingresar a la casa de Derechos Humanos en La Paz durante 90 días.
El Comité Ejecutivo Nacional denuncia la inseguridad jurídica y el deterioro de las libertades civiles y políticas en Bolivia debido a esta situación. Además, alerta a la comunidad nacional e internacional sobre la situación de la libertad de prensa, destacando el cierre de tres emisoras de radio en Cochabamba que servían como voz para los cocaleros de los Yungas.
En la misma reunión, se emitieron tres votos resolutivos relacionados con la contaminación de los ríos por el mercurio, la afectación del Parque Amboró debido a la construcción de una carretera y la demanda de reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas chimanes.
Estas resoluciones buscan abordar cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y los derechos humanos en Bolivia, subrayando la importancia de preservar el entorno natural y respetar los derechos de las comunidades indígenas en el país.