Osmar Arroyo/El Andaluz
La secretaria de la directiva del Concejo Municipal de Tarija, Marcela Guerrero indicó que un informe de la Contraloría General del Estado sobre la auditoría especial realizada al proyecto del mástil, estableció responsabilidad civil en algunos exfuncionarios del Gobierno Municipal de Tarija y en la Asociación Accidental a cargo de la ejecución del proyecto.
Guerrero indicó que con la auditoría se concluyó que ewxisten indicios de responsabilidad civil solidaria sobre algunos exfuncionarios y la empresa, que deberán devolver recursos económicos al Gobierno Municipal de Tarija, por un monto de 166.981 bolivianos.
Señaló que la auditoría arrojó esos resultados, por pérdida de activos y bienes por irresponsabilidad y disposición arbitraria de bienes del Estado.
El monto a devolver dijo que asciende a 166.981 bolivianos, que tendrán que devolver exfuncionarios del Gobierno Municipal de Tarija y la empresa que ejecutó el proyecto del denominado “Mástil Millonario”.
El tema se derivará a la comisión Jurídica del Concejo Municipal, para que se pronuncie sobre la auditoría especial que realizó la Contraloría General del Estado.
Será el Gobierno Municipal quién deberá cobrar esos recursos económicos, a través de una acción coactiva fiscal.
Aclaró, que no se trata de una auditoría de cumplimiento y más bien se realizó una auditoría especial que establece responsabilidad solidaria para la devolución de los recursos económicos mencionados.
Son tres exfuncionarios del Gobierno Municipal y la Asociación Accidental Arce Lema, que esta conformada por la empresa constructora Arce Lema SRL., la constructora Ecológica del Sur y la empresa unipersonal Proyectos Construcciones.
Explicó que el dictamen de la auditoría no llega al exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, porque se trata de una auditoría especial que se hizo a la ejecución del proyecto y no se trata de una auditoría de cumplimiento.
Guerrero dijo que de acuerdo al procedimiento, la gerencia departamental de la Contraloría tiene que notificar en 10 días hábiles sobre los resultados de la Contraloría, para que los exfuncionarios y la empresa se presenten de manera voluntaria a devolver el dinero.