Osmar Arroyo/El Andaluz

El exsenador de oposición por Potosí, Edwin Rodríguez en un contacto con El Andaluz indicó que en la gestión pasada cuando presentó el proyecto de Ley para la devolución de parte de los aportes a las AFPs a los trabajadores por la crisis sanitaria y económica por la pandemia del covid 19, se logró destapar una serie de información sobre los recursos del fondo de pensiones.

Remarcó, que el proyecto de Ley se presentó con el objetivo que la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en ese entonces, pueda devolver parte de los aportes de las cuentas individuales de los trabajadores, para que se pueda paliar la crisis por la pandemia, puesto que muchas personas se encontraban sin una fuente de trabajo y esos recursos permitirían emprender pequeños proyectos para que puedan subsistir.

Resaltó, que producto del proyecto de Ley se logró destapar una serie de información de actos que se desconocían por parte de la población sobre los recursos de los trabajadores.

Dijo que hace unos cuatro años, él denunció que en ese entonces de los 21 mil millones de dólares que se tenían en el fondo de pensiones, que ahora señalan que son alrededor de 24 mil millones de dólares, un aproximado del 30 por ciento fueron dispuesto por el Gobierno nacional, alrededor de 7 mil millones de dólares, dinero que ahora ha quedado sólo en papeles, bonos, letras de cambio, que en lo físico no existen.

Indico que entre un 10 y 15 por ciento de esos recursos se prestaron a empresarios privados del país, muchos de ellos hasta ahora no habrían cumplido con el pago, entre ellos mencionó a la empresa de Samuel Doria Medina.

Afirmó que esos créditos fueron autorizados por la Gestor Pública, que si bien en ese entonces todavía no entraba en vigencia total, ya se encontraba funcionando.

Explicó, que desde la creación de la Ley 065 de Pensiones del 2010, la Gestora ya existía y entró en vigencia de manera progresiva.

Afirmó, que fue la Gestora Pública, como ente representativo y coercitivo del Gobierno nacional quién “obligó a las AFPs a ya no invertir afuera (en el exterior)”.

Indicó que los recursos del fondo de pensiones se invertían en el exterior y que se recibía una utilidad de un 8 por ciento anual, pero la Gestora Pública obligó a que las inversiones (créditos) se realicen dentro el territorio nacional, pero la utilidad sólo era del 3 por ciento anual, incluso en algunos casos, menos.

“Fue la Gestora quién decidió por orden del Gobierno que se prestó el 15 por ciento a los empresarios privados”, apuntó.

Remarcó, que ni el 1 por ciento de los empresarios devolvieron los recursos prestados.

Rodríguez indicó que para rematar el Gobierno a través de la Gestora Pública decidió “invertir” que es prestarle el dinero de los trabajadores a los bancos.

Banco Fassil

La recién intervenida entidad financiera Fassil también recibió recursos del fondo de pensiones de los trabajadores, en calidad de crédito.

En la pasada jornada se informó que el Gobierno reveló que antes de la intervención una AFP habría invertido alrededor de 90 millones de dólares en el banco Fassil.

El exsenador Rodríguez afirma que esas acciones fueron autorizadas por el Gobierno a través de la Gestora Pública.

Que en su momento se denunció que se destinó 1.200 millones de dólares a esa entidad financiera, recursos de los trabajadores que no fueron sólo al banco Fassil, también a otras entidades financieras.

“Yo había denunciado en ese entonces que todos los bancos utilizaban como capital financiero los recursos de los trabajadores”, agregó.

Dijo que se prestaron los recursos a un 3 por ciento anual con algunos años de gracia.

Liquidez

El ex legislador nacional, reiteró que un 30 por ciento se dispuso por el Gobierno, entre un 10 y 15 por ciento se destinó a empresas privadas y el resto a entidades financieras, en calidad de crédito.

Indicó que en ese entonces, cuando se gestionaba la devolución de parte de los aportes, se tenía una liquidez en el fondo de pensiones entre el 1.5 y 2 por ciento, recursos que sólo alcanzaban para el pago a los jubilados.

Gestora Pública

Rodríguez indicó que hoy el Gobierno ha traspasado toda la tuición del fondo de pensiones a la Gestora Pública y muchos bancos en la actualidad están en proceso de devolución y cumplimiento de los préstamos medio “raros que hizo el MAS”.

Dijo que ese dinero pretende ser reorientado por el Gobierno como un salvataje de la crisis económica del país.

Remarcó, que se debe ser claros con este tema y es que si bien la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado tiene que encargarse de los sistemas de jubilación, pero no dice que tiene que confiscar la plata privada de la gente.

Explicó, que el patrimonio de cada persona, bienes, viviendas, autos y dinero esta garantizado por la CPE, pero el Gobierno ha establecido una especie de confiscación a lo privado, vulnerando la constitución.

Confiscación

Edwin Rodríguez indicó que los que tienen arriba de 120 aportes, no se les puede devolver esos recursos, que si o si tienen que jubilarse con lo que les alcance.

Mencionó que si se revisa la legislación sobre la jubilación en los vecinos países, las jubilaciones tienen un mayor porcentaje, en el caso de Bolivia, dijo que se llama jubilación a la devolución paulatina de tu propio dinero.

Explicó que en el país, para la jubilación se hace un cálculo en función a los 110 años, que si la persona fallece, la esposa puede cobrar, pero al final termina sobrando el dinero, recursos que el Gobierno se lo agarra. “A parte que es una confiscación, es un robo”.

 Dijo que la otra realidad, es que si uno no llega a los 120 aportes, uno no puede retirar ese dinero en cualquier momento, que la reglamentación de la Ley de Pensiones, establece la devolución recién a partir de los 59 años, en el caso de los varones y los 55 años en las mujeres.

Indicó que si una persona llega hasta los 59 años, para recoger su dinero es un viacrucis.

Para el exsenador la Ley de Pensiones esta totalmente caduca, que fue diseñado, básicamente para confiscar el dinero de los trabajadores y para robarle una vez que se muera el aportante.

Considera que se debe cambiar esta realidad, primero hacer un cálculo real sobre los años de vida de una persona para el pago de la jubilación y poder subir el porcentaje para el pago de la jubilación.

Señaló, que no sólo los militares tienen derecho a recibir el 100 por ciento de su jubilación, que los trabajadores, si bien no recibirán el 100 por ciento, se puede mejorar el porcentaje y recibir una jubilación más digna.

“Se pretende llenar los bolsillos de los ricos en Bolivia, en un Gobierno que se dice socialista”, remarcó.

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