Osmar Arroyo/El Andaluz
Henry Jiménez representante del Movimiento de Emergencia Nacional para la Devolución de los Aportes a la AFP durante la pandemia del covid 19, en un contacto telefónico ayer con El Andaluz indicó que el Gobierno de manera “sinvergüenza” esta confiscando los recursos de los trabajadores.
Jiménez remarcó que se tratan de recursos privados y que el Gobierno a través de la Gestora Pública busca confiscar alrededor de 24 mil millones de dólares de los aportes para la jubilación.
Señaló que el Gobierno no consultó a los trabajadores para tomar el control de los aportes para la jubilación.
Recordó que la situación económica del Gobierno es crítica y busca de donde sacar recursos económicos.
Explicó que el Gobierno se ampara en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado (CPE) para tener poder y administrar los aportes de los trabajadores, para administrarlo de manera “engañosa”.
Remarcó que el artículo 45 de la CPE en ninguna parte habla sobre las pensiones, mucho menos sobre los recursos privados.
“Es algo mañoso, que el Gobierno nos tiene acostumbrados a torcer las leyes a su favor”, expresó.
Dijo que el artículo al que hace referencia el Gobierno habla sobre seguridad social, no sobre seguro social, la primera incluye el SUS, seguridad ciudadana, entre otros aspectos y que si bien la CPE hace referencia a la vejez, hace referencia a la renta dignidad no a recursos privados, a los aportes de los trabajadores.
Jiménez indicó que el Gobierno ya dispuso de 7 mil millones de dólares de los aportes de los trabajadores, para los bonos del tesoro, que en el exterior no tienen valor, o que nadie quiere comprarlos, por lo que tiene un alto riesgo.
Considera que el Gobierno ahora viene por el saldo, de los 24 mil millones de dólares, que quiere tomarlo todo.
“Es algo que no podemos permitirlo, es dinero de todos”, apuntó.
Preguntó que para administrar 24 mil millones de dólares, con cuánto de capital cuenta el Gobierno y dijo que sólo aportó con 80 millones de bolivianos, el 0,001 por ciento del capital.
Menciono que se consultó a la directora de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) porque no controla este tema y respondió que no tiene tuición para hacer el control, que lo estaría haciendo la Contraloría General del Estado.
Jiménez dijo que traslado la consulta a la Contraloría General y en esa instancia respondieron que son recursos privados, que no pueden controlarlo.
El dirigente dijo que el Gobierno usará los recursos de los trabajadores, que los 7 mil millones de dólares que ya se usaron, se pusieron a 50 años plazo, con un interés del 5 por ciento.
Recordó que los gobiernos son “corruptos” y el actual gobierno mucho más, que 50 años es mucho tiempo y que los gobiernos deslindarán responsabilidades y dirán que el próximo gobierno se hará cargo del tema.
Remarcó, que no son los jubilados los de mayor riesgo con este tema, que son los actuales aportantes, los futuros jubilados los que están en mayor riesgo.
“El Gobierno se lo va a robar”, agregó, a tiempo de mencionar que sin que se apruebe la Ley del oro el Gobierno ya esta sacando oro.
Aportantes
En el país se tienen alrededor de 2.5 millones de personas que aportan para su jubilación, de ellos, sólo 800 mil son aportantes activos, el resto dejó de aportar.
Se tienen 530 mil personas que son funcionarios públicos y es la minoría que se encuentra en el sector privado.
Remarcó que la fuente de empleo fijo en el sector privado es muy poco a comparación del sector público, en donde dijo que el Gobierno ha copado todo, pero tiene gente que no hace nada y el Gobierno busca utilizar los aportes de los trabajadores para seguir pagando a esa gente, “que es una lacra para la sociedad”.
Dijo que el resto de la gente, alrededor de 1.7 millones de personas no podrán jubilarse porque dejaron de aportar y que pasará con esos recursos económicos.
Se teme que esos recursos desaparecerán por completo.
“Eso acá y en la China se llama robo” y dijo que eso es lo que esta haciendo el Gobierno con los recursos de los trabajadores, que esta robando recursos privados.
Recordó que desde la devolución de los aportes se dijo que el Gobierno debería devolver ese dinero.
Reiteró que como la APS y la Contraloría deslindan responsabilidad, al tratarse de recursos privados, estos podrían desaparecer y cuando se pida cuentas al próximo Gobierno dirán que se trata de recursos privados, que no pueden controlar recursos privados, con esos argumentos, se teme que se haga desaparecer los fondos de los trabajadores.
Pidió a la gente que salga a defender sus recursos, que no son recursos de otras personas, que son sus aportes para su jubilación, si ahora no lo hacen, el Gobierno podrá consolidar la confiscación de recursos privados.
Considera que si bien la Gestora Pública ya esta administrando los recursos, que también se cuente con una instancia privada, pero que sea el trabajador quién decida sobre sus recursos, si no confía ni en la instancia privada, ni en la pública, que tenga la opción de retirar su dinero.