Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
El presidente del Colegio Médico de Tarija, Ebert Salazar, hizo conocer la postura del sector de salud, con relación el paquete de leyes, que pretenden ser aprobadas por el MAS, a nivel nacional.
Salazar indico que el Consejo Departamental de Salud de Tarija (CODESA) expresa su solidaridad y apoyo al sector del magisterio urbano, y su rechazo a la imposición de la malla curricular y su pretensión de ideologización. En segundo lugar, ha rechazado la Ley 065 y el traspaso de los aportes a la Gestora Pública, así como su forma de administración eminentemente “política” que podría poner en riesgo los ahorros de todos los jubilados.
En tercer lugar, ha exigido al gobierno nacional dejar sin efecto el paquete de leyes que considera atentatorias contra la democracia y la libertad de expresión, como la Ley 280 y la Ley 305. Además, ha señalado que el CODESA se encuentra en estado de emergencia y está estableciendo alianzas estratégicas con instituciones regionales en defensa de la democracia y la libertad de expresión.
Salazar ha presentado los proyectos de ley que considera atentatorios, como la Ley 280, que en su opinión, si bien en una parte de sus artículos establece que se respetarán algunas partes sociales, en otras se tipifica como acto terrorista cualquier manifestación que pueda alterar el orden constitucional del gobierno elegido democráticamente.
Asimismo, ha denunciado que las autoridades judiciales y fiscales no son imparciales y que la ley amplía las sanciones privativas de libertad de 20 a 25 años, lo que considera una grave amenaza para los derechos fundamentales y las libertades civiles. Además, indico que el proyecto de ley establece la incautación de bienes, lo que, según Salazar, atenta contra la propiedad privada y los derechos económicos de la población.
Salazar ha alertado a la población gremial en especial, sobre la necesidad de estar atentos a este tipo de proyectos de ley que pueden afectar gravemente la democracia y las libertades civiles. Ha enfatizado que el proyecto de ley 305 amordaza a la prensa y podría calificar cualquier información vertida, como actos terroristas, lo que puede llevar al cierre de canales de comunicación y a la privación de libertad de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.
Finalmente, Salazar ha indicado que el proyecto de ley es similar a uno que ya fue rechazado en la gestión 2019 y que fue denominado como atentatorio contra la democracia. Ha afirmado que no quieren otra Venezuela y ha llamado a la población a estar alerta ante este tipo de proyectos de ley que pueden poner en riesgo la democracia y las libertades civiles.