Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
A partir del 15 de mayo, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo tomará el lugar de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Esta situación genera temor en varios sectores, que desconfían de la capacidad del Estado como administrador del dinero
La Federación de Docentes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) ha realizado una marcha en busca de diálogo con las autoridades nacionales para poder alcanzar modificaciones en la Ley de Pensiones y claridad en el manejo de aportes por parte de la Gestora Publica.
La ejecutiva de la Federación, Midreth Aguilar, explicó que se han agotado los escenarios de diálogo y por ello han decidido hacerse a escuchar a través de esta movilización.
El clima de desconfianza ha sido uno de los principales motivos que ha llevado a los docentes universitarios a salir a marchar.
Aguilar dijo que no solo los docentes, sino también todos los trabajadores, tienen temor a una mala administración de los fondos de pensiones, especialmente después de conocer los antecedentes negativos respecto a la administración pública de estos recursos económicos.
Aunque no se pide la eliminación de la Ley de Pensiones, se busca la modificación de algunos artículos que perjudican a los trabajadores.
Entre ellos, Aguilar mencionó el cambio de la base de cálculo de la renta de vejez, la esperanza de vida y la edad de jubilación, entre otros.
La lucha por una mejora en las rentas de vejez es una causa nacional, y el sistema universitario ya ha generado propuestas para ello. Sin embargo, Aguilar afirmó que el gobierno no está generando los escenarios de diálogo necesarios para que estas propuestas sean presentadas y tomadas en cuenta.
Además, muchos trabajadores solicitan que la administración de los fondos de pensiones no sea realizada por la Gestora Pública, debido al clima de desconfianza.
Según el Decreto Supremo 4585, al comenzar las operaciones de la Gestora Pública, la empresa estatal debe contar con la capacidad tecnológica, operativa y de infraestructura a todo el territorio nacional, en zonas urbanas y rurales, para continuar prestando servicios a los asegurados del sistema “de forma ininterrumpida, eficiente y oportuna”.
En definitiva, se espera que las autoridades nacionales puedan abrir espacios de diálogo con los trabajadores para poder generar propuestas técnicas.