Osmar Arroyo/El Andaluz
En audiencia de medidas cautelares en el caso del proyecto “Ciudad Inteligente”, la justicia resolvió libertad irrestricta para los imputados, Adrián Oliva, exgobernador de Tarija y Rodrigo Paz Pereira, exalcalde de Tarija.
Desde el Gobierno Municipal de Tarija se informó a El Andaluz que la audiencia se realizó el pasado viernes y que el juez habría observado la tipificación de los delitos en la imputación presentada por el Ministerio Público.
Se habría observado que la tipificación de los delitos estaría mal elaborada y que los delitos tipificados no estarían vigentes, por lo que el juez habría indicado que no podía pronunciarse sobre medidas cautelares en contra de los imputados y resolvió la libertad irrestricta.
Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público, por el Gobierno Municipal, el Viceministerio de Transparencia, entre otras instancias que hacen seguimiento al proceso penal por presuntas irregularidades en el proyecto Ciudad Inteligente.
La concejal municipal por el Movimiento al Socialismo (MAS), Raquel Ramos lamentó ese resultado y dijo que en primera instancia el Gobierno Municipal debería defender los recursos municipales y deberían estar con todo su equipo jurídico para defenderlo, en este caso.
Recordó que se destinaron más de 50 millones de bolivianos para el proyecto Ciudad Inteligente y que las 150 cámaras de vigilancias que se instalaron en la ciudad, no ayudan al trabajo de la Policía Boliviana.
Dijo que habría que preguntar a la población, cuántas cámaras de seguridad realmente están funcionando, o sirven como mecanismo de investigación o elemento probatorio para la Policía, para el trabajo de seguridad ciudadana.
La concejal municipal dijo que le alarma escuchar que la justicia haya tomado una decisión en favor de las exautoridades del departamento, que no tengan ninguna restricción, ninguna medida cautelar y que puedan transitar libremente.
Indicó que se trata de un exalcalde de Tarija y actual senador nacional, que ha invertido gran cantidad de recursos, más de 50 millones de bolivianos, sin contemplación, sin tomar en cuenta las necesidades que tiene la población tarijeña.
“Creo que en este sentido, la corrupción le ha doblado realmente el brazo a la justicia tarijeña”, expresó Raquel Ramos.
La concejal considera que hay un encubrimiento de la corrupción en Tarija.
Remarcó, que no puede ser que se invierta millones de bolivianos y no se tenga que rendir cuentas a la población.
“Dónde está el Gobierno municipal, para que se encuentre a los responsables del desfalco”, apuntó.
Para la concejal Ramos, se gestó un “asalto” a los tarijeños, a plena luz del día y con corbata.
Lamentó la decisión de la justicia en este caso, sobre las exautoridades.
Recordó que muchas familias en Tarija no cuentan con agua potable, no se cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y en la anterior gestión del Gobierno Municipal se decidió destinar varios millones para un proyecto que ahora no funciona.
Dijo que ese dinero podría servir como contraparte del Gobierno Municipal para la Planta de Tratamiento y para dejar de contaminar el río Guadalquivir.
Representación
La concejal Ramos indicó que en primera instancia hará una representación ante la directiva del Concejo Municipal, para que desde instancia se asuma alguna representación o acciones que ameriten como víctima en este caso.
También se pedirá desde el Concejo Municipal, resultados de la auditoría que se realiza sobre el proyecto Ciudad Inteligente.
Espera que se haga la representación desde el Concejo Municipal para que este tema no quede impune.
Que se dé con los responsables sobre la inversión en el proyecto y la falta de resultados.
“No puede ser que una exautoridad municipal, ahora senador, esté campeándose libremente y no rinda cuentas”, agregó.
Dijo que se tienen varias necesidades en el municipio, muchas familias no cuentan con agua potable, ni con sistema de alcantarillado, o por el mal estado de las calles y el Gobierno Municipal tiene que pagar recursos a proyectos millonarios que se iniciaron en la anterior y mencionó el proyecto del puente 4 de Julio y el mástil “millonario”, en donde dijo que no se puede poner una bandera, porque hacerlo cuesta alrededor de 600 bolivianos por día.
“Desde el Concejo Municipal vamos a hacer la representación”, indicó.
Pedirán informa al ejecutivo municipal
Por su parte, la concejal municipal, Marcela Guerrero indicó que se conoció de manera extraoficial sobre los resultados de una audiencia en el caso Ciudad Inteligente y la decisión de la justicia.
Indicó que como concejal acudirá a la dirección de Transparencia del Gobierno Municipal de Tarija para solicitar información y se pueda dar una respuesta oficial y por escrito en función a la determinación en audiencia.
A partir de la información que se reciba, dijo que el Concejo Municipal se pronunciará y se hará el debido seguimiento.
Guerrero dijo que llama poderosamente la atención la decisión de la justicia, de confirmarse la libertad irrestricta.
Recordó que además, del proceso penal en este caso, se tiene una auditoría interna que se realiza por parte del Gobierno Municipal.
Dentro de las actividades de esa auditoria se hizo el relevamiento de información.
La concejal dijo que se analiza toda la documentación remitida, con el equipo multidisciplinario del Concejo Municipal.
Pero, en lo poco que se revisó, indicó que se tienen muchas anomalías en el proyecto.
Señaló que la documentación ratifica lo que se hizo en el trabajo de fiscalización, que hay muchas cámaras de vigilancia que no funcionan, se tienen observaciones desde el tema legal y técnico.
Remarcó, que la auditoría también debería tener un dictamen, esperan que se agilice el trabajo y que hasta junio o julio se pueda contar con resultados.
Guerrero mencionó a El Andaluz que en esta semana se terminará de revisar la documentación con el equipo multidisciplinario.
“Se debe sentar precedente por la mala administración de los recursos por un proyecto que no tiene impacto a favor de la población”, expresó.
Dijo que de confirmarse la determinación de la justicia sobre las exautoridades, se coordinará con transparencia del municipio para impugnar esa decisión y considera que no se hizo una valoración correcta de los hechos.