Agencias/EL ANDALUZ
Los extrabajadores del Exservicio Departamental de Caminos (Sedeca) a través de su representante y asesor legales, tras prolongada reunión la tarde de este jueves con la Unidad Liquidadora, rechazaron su reincorporación a la gobernación y abandonaron la reunión.
“Ellos hicieron abandono de las instalaciones rechazando la reincorporación de los funcionarios”, confirmó el Director de la Unidad Liquidadora del Exsedeca, dependiente de la gobernación de Tarija, Raúl Luna.
En la reunión también estuvieron veedores del Ministerio de Trabajo, que acudieron para ver las acciones que asumió la gobernación, si cumplieron o no las disposiciones en vigencia, harán un informe en base al acta elaborada en el encuentro.
“Llevaron dos actas, una por parte de la gobernación, representada por mi persona y otra por el representante de los extrabajadores del Exsedeca, los representantes del Ministerio en su informe dirán si hubo o no incumplimiento”, aseveró el director.
Luna además informó que la tarde de este jueves fue muy larga, “muy pesada”, ya que de acuerdo a la conminatoria 070/2022-1, los exfuncionarios del Exsedeca tenían que ser reincorporados a la gobernación del departamento de Tarija.
“Hemos esperado a lo largo de toda la mañana y recién se hicieron presentes a las 2 y media de la tarde con su representante y asesor legales, a quienes la gobernación les explicó que tenía lista las reincorporaciones de los exfuncionarios”, afirmó.
Sin embargo, después de larga discusión, los representantes de los exfuncionarios argumentaron que el Exsedeca no estaba cerrado, no habían cesado sus operaciones, sin embargo, estaban aceptando la reincorporación al gobierno departamental, siguió Luna.
No obstante, los representantes de los exempleados rompieron el diálogo y rehusaron la reincorporación al gobierno departamental de Tarija, ya que el Sedeca fue cerrado mediante decreto departamental 03/2022 del 10 de febrero del mismo año, siguió el director.
En horas de la mañana de este jueves, los extrabajadores junto a su representante legal amenazaron con acciones legales, no solamente contra algunas autoridades judiciales, sino también el propio gobernador y funcionarios de la gobernación.