El plazo se acorta y hay sectores que ya debaten si apoyarán o no un eventual paro que puede comenzar el 22 de octubre, y los cívicos se preparan para respaldar la protesta que exige apurar el censo.

La extrema medida fue prevista según las resoluciones del cabildo que tuvo lugar el 30 de septiembre y que otorgó 21 días al Gobierno para que se reajuste la fecha del censo para 2023. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, ratificó ayer la decisión del Gobierno de realizar la gran encuesta nacional entre mayo y junio de 2024 a merced de un cronograma que fue desvelado ayer en una reunión técnica en Santa Cruz.

“Qué sentido tiene abrogar el decreto e instalar una mesa técnica, sin ver si realmente se pueden acortar algunos tiempos o no. No tendría mayor avance, no tendría razón discutir algún tema técnico si ese es un condicionamiento inicial”, dijo la autoridad, quien defendió el plan del Gobierno de hacer “un censo de calidad” para evitar “observaciones posteriores”.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) planteó una propuesta para acortar los plazos de manera que el censo se haga en 2023, una fecha que permitirá actualizar el pacto fiscal a partir de 2024. La propuesta del Gobierno prevé que los datos iniciales de población que serán usados para la redistribución de recursos se conocerán en agosto del 2025, dos meses antes de las elecciones generales de ese año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también ha proyectado la entrega de documentos con temáticas especializadas por efecto del censo hasta finales de 2026.

Ante estos los plazos “extendidos”, esta semana, la administración del alcalde Jhonny Fernández también hizo observaciones. Primero, en formato de preguntas dirigidas al INE con las que se cuestionaron los tiempos.

La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) planteó una propuesta para acortar los plazos de manera que el censo se haga en 2023, una fecha que permitirá actualizar el pacto fiscal a partir de 2024. La propuesta del Gobierno prevé que los datos iniciales de población que serán usados para la redistribución de recursos se conocerán en agosto del 2025, dos meses antes de las elecciones generales de ese año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) también ha proyectado la entrega de documentos con temáticas especializadas por efecto del censo hasta finales de 2026.

Ante estos los plazos “extendidos”, esta semana, la administración del alcalde Jhonny Fernández también hizo observaciones. Primero, en formato de preguntas dirigidas al INE con las que se cuestionaron los tiempos.

Ayer, la secretaria de Planificación, Andrea Daza, informó que se propuso al Gobierno acortar los plazos a partir de la contratación de más personal que esté a cargo de las tareas operativas antes y durante el censo, además del procesamiento de los datos que se obtengan el día del empadronamiento masivo. El INE calcula llegar a más de 2,8 millones de viviendas en todo el territorio nacional.

“Con los primeros datos iniciales ya se podría plantear la redistribución de los recursos, eso es esperanzador, pero se requiere más gente para apurar los procesos”, apuntó Daza y ratificó la postura de la municipalidad de rechazo a la extrema medida. “Un paro no sola va a impactar sobre la alcaldía, impactará a toda la población de Santa Cruz”, apuntó.

Cusicanqui afirmó, una vez más, que la prioridad de su administración es llevar adelante el censo. “El objetivo del censo no es ni el tema de redistribución de recursos, la distribución política o el número de electores, su objetivo es establecer las características de la población. Las elecciones, el padrón corresponden a otra instancia, el censo es para definir políticas públicas, los otros procesos tienen su propia dinámica y sus otras instancias”, remarcó.

Más temprano, el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, recordó que antes de que el censo sea postergado, el INE había anunciado que iba a movilizar a 10.000 personas para las etapas previas al censo. El martes, según hizo notar la autoridad académica, “la directora de censos del INE, Martha Oviedo, anunció que solo cerca de 2.000 persona se movilizan para realizar la actualización cartográfica en todo el territorio nacional”.

En ese marco, la autoridad consideró que es posible acortar etapas con más personal. Afirmó que el 15 de agosto el INE anunció que “iban a entregar los resultados en 14 meses y ahora lo harán en 12”. Así, destacó, que ya se hicieron ajustes para apurar los tiempos.

En cuando al paro, Cuéllar afirmó que “todo está en manos del Gobierno”, porque “pueden derogar el decreto 4760 con el que se postergó el censo” para evitar el paro y apresurar el debate para los nuevos cálculos de asignación de recursos sobre la base de los nuevos datos oficiales de población.

Roger Lavardenz, de la Federación de Trabajadores del Comercio Minorista, que es contrario al MAS, anunció que apoyará el paro. Mario Guerrero, dirigente del Transporte, anunció que su sector se reunirá de emergencia el viernes para evaluar el apoyo.

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