Redacción Central/El Andaluz
Tarija vivió ayer una jornada de paro de 24 horas, convocado por el Comité Pro Intereses de Tarija en rechazo a los resultados del estudio del nuevo factor de distribución del campo Margarita-Huacaya para el pago de regalías a Tarija y Chuquisaca.
El presidente del Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, Adrián Ávila en una entrevista por la periodista Rosy Sánchez en Televisión Andalucía (TVA) calificó el paro cívico de exitoso y anunció una evaluación con las instituciones del departamento para que se puedan tomar próximas medidas de presión en caso de que no se tenga una respuesta por parte del Gobierno.
Por su parte, la presidenta regional del Movimiento al Socialismo (MAS) en Cercado, Pilar Lizárraga descalificó la medida de presión, asegurando que no se informa bien a la población sobre la situación del factor de distribución y considera que no se tienen los fundamentos suficientes para la medida de presión.
Para Ávila la población demostró una conducta muy madura con la causa de defender los intereses del departamento.
Explicó que se registraron pocos bloqueos en la ciudad, porque no se convocó a un paro movilizado, que los bloqueos eran más en las carreteras, al ingreso y salida de la ciudad, señalando que no se quería afectar a la ciudadanía.
“No es en contra del pueblo tarijeño, entonces no tenemos por qué perjudicarnos entre tarijeños”, apuntó.
Remarcó que se trata de inicio de una serie de medidas de presión a tomar de manera escalonada.
Ávila dijo que se hará una evaluación con las instituciones y se hará una evaluación del paro de 24 horas.
“No vamos a obligar a nadie, defender Tarija no es obligatorio es un deber (…) algunos han calificado que es un paro político (…) estamos defendiendo los intereses de ellos también”, agregó.
El presidente cívico calificó de exitoso el paro de 24 horas y reiteró que es importante que la gente tome conciencia sobre esta situación.
Mencionó que a pesar de que no se obligó a acatar el paro, se paralizaron varias actividades, no se tuvo mucho movimiento en la ciudad y fue poco el flujo de vehículos.
Dijo que realizaron un recorrido por la zona del mercado Campesino, por la avenida Circunvalación y otras zonas comerciales y si bien los comercios abrieron sus puertas, fue poca la afluencia de personas.
Para Pilar Lizárraga la medida de presión adoptada por el Comité Cívico es extemporánea y dijo que se la puede calificar de política.
La dirigente del MAS Cercado indicó que la convocatoria tuvo grandes problemas, porque no tienen las bases sólidas sobre la vedad.
Según Lizárraga en Tarija el 90% de la población realizó sus actividades con normalidad en la jornada de paro.
“En Tarija se ha mostrado un 90 % de normalidad”, expresó, a tiempo de señalar que en algunos espacios se tuvieron protestas de personas vinculadas con el Comité Cívico o con instituciones públicas departamentales.
Considera que es importante evaluar la medida sobre lo que se ha logrado conseguir con la movilización.
Dijo que no se ha dado información idónea para mantener una acción contundente.
Observaciones
El presidente cívico señaló que se hizo un estudio que no cuenta con la consistencia técnica suficiente.
“No nos pueden demostrar la consistencia técnica”, indicó.
Recordó que el 2012 había un solo reservorio compartido, ahora se tiene dos reservorios nuevos y dijo que si bien la mayor dimensión en kilómetros en la superficie y en el fondo el mayor volumen se encuentra en territorio de Tarija, el mayor porcentaje es a favor de Chuquisaca.
Aclaró que no se firmó ningún convenio con la Gobernación de Chuquisaca y Tarija.
Ávila dijo que estaba presente en la reunión y se acordó de respetar los resultados del estudio, si éste era transparente y bien hecho, con sustento técnico y científico, pero al mínimo indicio de manipulación de distorsión o direccionamiento, no se lo iba a aceptar.
Señaló que el cuestionamiento del MAS y del Gobierno sobre el seguimiento de Tarija al estudio, no dice toda la verdad, porque para el nuevo estudio se presentó un cronograma para la participación de las gobernaciones, entre ellos se indica unos 12 días de recopilación de información para el estudio, información que debía ser entregada a ambas gobernaciones.
Por su parte, Pilar Lizárraga indicó que Tarija tenía un tiempo y un momento para acreditar a especialistas de manera legal y hacer un control social y el monitoreo al estudio del nuevo factor de distribución, pero no lo hicieron.
Remarcó que si bien Tarija acreditó a especialista no ha participado de manera efectiva en el control y monitoreo.
Pidió al Comité Cívico y a las autoridades a ser honestos con la población sobre este tema.
Necesidad de dialogo
El único punto en el que coincidieron el presidente cívico y la dirigente del MAS, es en la necesidad de que se pueda generar un espacio de diálogo sobre el tema y se pueda generar mayor información.
Ávila dijo que en los encuentros que se tuvieron con instituciones para abordar el tema del nuevo factor de distribución se convocó a sectores como la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucc-T) y también a la Central Obrera Departamental (COD) sectores afines al MAS, pero no asistieron a las convocatorias.
Remarcó que se seguirá convocando a estos sectores para que puedan ser parte del análisis sobre el tema.
El presidente cívico aclaró que en ningún momento se dijo que Chuquisaca es responsable de este tema y acusó al Gobierno de esta situación.
Para Lizárraga no se puede politizar este tema y tampoco se debe generar odio entre bolivianos.
Indicó que es necesario generar un espacio de socialización para que la gente sepa por qué se genera un debate en torno al factor de distribución.
“Me parece temas en agenda que son necesarias debatirlas”, apuntó.
Considera que la movilización cívica ha puesto en debate hoy el tema de los hidrocarburos y que es necesario generar esos procesos de socialización para generar conciencia, pero de forma honesta.
También mencionó que se debería debatir el tema de un factor de distribución departamental para que los recursos también puedan llegar a los pueblos indígenas, a las familias que se encuentran en las zonas de donde se extraen los hidrocarburos.