El exalcalde Percy Fernández, la exalcaldesa interina Angélica Sosa y el exdirector de Movilidad Urbana Rolando Ribera son los principales investigados por los supuestos  daños económicos ocasionados a la municipalidad en la construcción de la primera fase del proyecto de Buses de Transporte Rápido (BTR o BRT,), informó la fiscal Rosemary Barrientos. La representante del Ministerio Público adelantó que se analiza la posibilidad de incluir en el proceso a la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas, Sandra Velarde Casal.

Las exautoridades son indagadas por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y malversación de fondos. La denuncia fue interpuesta por el diputado Ángelo Céspedes, del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra se adhirió a la misma como parte querellante en la investigación.

La construcción de la primera fase del proyecto BRT, concluida hace más de un año y que está sin funcionar en el primer anillo, forma parte de las 18 investigaciones abiertas por el Ministerio Público en contra de las exautoridades de la anterior gestión municipal. Según datos suministrados en la Alcaldía, estos hechos irregulares representan un daño económico a la municipalidad por el orden de los Bs 300 millones.

Ayer, la Unidad de Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y un grupo de funcionarios del Ministerio Público, acompañados de ingenieros de la Secretaría de Movilidad Urbana, realizaron un recorrido por las 12 paradas del BRT instaladas dentro del primer anillo de Santa Cruz de la Sierra.

“Se hizo un registro del lugar de los hechos, que viene a ser la ruta del BRT, y hemos encontrado algunos detalles que fueron advertidos por los expertos de la Alcaldía y serán comparados con los contratos que ya se encuentran en investigación”, explicó Barrientos.

Con respecto al proceso investigativo, la fiscal dijo que será analizada toda la documentación secuestrada durante los allanamientos practicados el miércoles, en las oficinas de cuatro de las empresas que participaron de la ejecución del proyecto para determinar qué otras personas tendrían que declarar. “Falta por hacer algunos peritajes para definir si es que se va a imputar o rechazar (la denuncia)”. 

Barrientos resaltó que todas las exautoridades municipales prestaron su declaración informativa en calidad de investigados, incluido Percy Fernández. En el caso del exburgomaestre, los fiscales se dirigieron a su casa en septiembre del año pasado para tomarle la declaración, pero Fernández se abstuvo de declarar.

Agregó que además de las exautoridades, también se ha tomado la declaración a dueños y gerentes de las empresas. “También se ha requerido toda la documentación de las empresas y de la Alcaldía”, dijo Barrientos.

No son tomados en cuenta

Por su lado, el concejal por la alianza Comunidad Autonómica (C-A) Juan Carlos Medrano recordó que en mayo del 2021 se denunció, a través de dos minutas, que se necesitaba una auditoría al BRT, incluso se presentó ante la Contralaría General del Estado en el mes de octubre una petición para que inicie de oficio una investigación a este proyecto, que tendría un supuesto sobreprecio de Bs 25 millones. 

“Sin embargo, la Controlaría nos responde e indica que no puede proceder con esta investigación porque faltan pruebas. Pero, ahora resulta que viene un diputado del MAS y ahí si comienzan con el proceso de investigación”, cuestionó el concejal.

Medrano, acompañado de otros ediles de C-A, rechazó este acto de “discriminación hacia los denunciantes”, agregando que un concejal municipal, de cualquier sigla política, tiene el derecho a ser atendido, sobre todo, si cuenta con pruebas, aseguró.

Como bancada de C-A estamos adheridos a la denuncia por el BTR, pero rechazamos esta discriminación selectiva que hace la justicia al no atender una denuncia que se presentó el 14 de octubre. La justicia no puede tener color político y debe atender todas las peticiones que se hagan de manera transparente y neutral. Esperamos que esta investigación lleve a recuperar una parte del dinero destinado en este supuesto sobreprecio”, dijo el edil.

El concejal también informó que se ha identificado que Camila Perovic Sosa, hija de la exalcaldesa interina, habría trabajado en Apolo, “la empresa que se adjudicó varias obras en la anterior gestión municipal, y para que la Comisión de Fiscales también pueda investigar este hecho”.

Con respecto a la auditoría técnica y financiera que realiza la Dirección de Auditoría Interna para determinar qué se hará con este sistema de transporte, Medrano dijo que este informe tendría que haber sido presentado en octubre del año pasado, pero hasta la fecha no se saben los resultados y desconocen si ha sido entregado al Ministerio Público como prueba.

 “Haremos una petición como bancada, para que se nos haga llegar (la auditoría) al Concejo Municipal, y saber cuáles fueron los alcances de esta investigación y en base a esto, poder colaborar a la Fiscalía”, dijo Medrano.

Sobre la auditoría, la representante del Ministerio Público señaló que tuvo una reunión con la comisión que está a cargo de la misma. “Me dicen que falta la recolección de documentación porque hay empresas que aún no han remitido esta información. Por último, ellos prometieron que en un mes se tendría lista la auditoría”, informó Barrientos.

Investigar a Sosa

La directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, solicitará a la Fiscalía que convoque a diversos familiares de Angélica Sosa para que expliquen en qué circunstancias se beneficiaron con contratos del municipio. Entre los involucrados se encuentra su hija, su yerno, su cuñada y su consuegro, además de dos primos de la exautoridad municipal.

“Lo grave de esto es que una autoridad designe a sus familiares hasta el cuarto grado. Esto tiene que ser sujeto a investigación por un posible uso indebido de influencias y otros delitos”, señaló la funcionaria municipal.

El Deber

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