Redacción Central /El Andaluz

El conflicto y las protestas que se protagonizaron en noviembre pasado en la ciudad de Tarija por autoridades y sectores sociales del Chaco que reclamaron el 45% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para su región terminó con la firma de un convenio entre las autoridades de la Gobernación y del Chaco, pero ahora se estarían asumiendo acciones penales contra las personas que asumieron una huelga de hambre en puertas de la Gobernación de Tarija.

El secretario de Gestión Institucional del Gobierno de la Región Autónoma del Gran Chaco, Miguel Salazar informó a El Andaluz que se estarían iniciando acciones penales contra los huelguistas por presuntamente obstaculizar el trabajo del Gobierno Departamental.

“Nos han interpuesto una acción penal por obstaculización al trabajo”, expresó la autoridad.

Para Salazar la acción penal en contra de los huelguistas “no tiene pies, ni cabeza” y que sólo busca justificar la incapacidad del gobernador de Tarija, Oscar Montes que pretendía políticamente arrebatar el 45% del IDH al Chaco, según el secretario de Gestión de Institucional.

Mencionó que con esa acción penal sólo se motiva a que desde el Chaco también se inicien acciones penales en contra del gobernador Montes y en contra de los asambleístas departamentales que aprobaron el Plan Operativo Anual 2022 (POA) sin haber incluido el 45% del IDH a favor de la Región Autónoma.

Salazar aclaró que no se iniciaron antes las acciones legales en contra de las autoridades departamentales, debido a que primero se agotaron todas las instancias administrativas, pero ahora que ya se aprobó la Ley Financial por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) se pueden iniciar las acciones legales por la comisión de delitos, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes, atentado contra la salud pública, atentado contra la educación, entre otras figuras penales.

La autoridad dijo para las Noticias de Tarija que todavía no fueron notificados con la acción penal, pero que de manera extraoficial fueron los mismos funcionarios de la Gobernación de Tarija que les informaron que se presentó la acción penal en contra de las personas que asumieron el piquete de huelga de hambre en puertas de la Gobernación en noviembre pasado.

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