El Deber

La Contraloría General del Estado remitió una carta al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, y al presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, en la que observa los contratos suscritos con las nuevas empresas adjudicatarias del aseo urbano. En concreto, alude del sistema de garantías adoptado en las condiciones del contrato y que no se ajustaría a la normativa del país.

La nota refiere a «la irregularidad en el cambio de garantía suficiente para el cumplimiento del contrato, efectuado en el Documento Base de Contratación sobre la retención del 7% del monto total del contrato por la retención del 7% en cada pago que se efectúe».

La Contraloría señala que este cambio dejaría en una situación de vulnerabilidad a la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) y a la población cruceña.

Para el concejal opositor Manuel Saavedra (Demócratas), esta modificación en las condiciones del contrato refleja que «han pensado más en la empresa que en la sociedad». 

Saavedra explica la función que debe cumplir esta garantía y la importancia de adherirse a la normativa legal. «Si la empresa adjudicataria incumple las obligaciones dispuestas en el contrato, el municipio debería usar esa garantía para contratar un servicio alterno mientras se resuelve el contrato», dice el concejal de Demócratas.

Al concretarse la garantía a través de retenciones, el municipio no contaría con los recursos de emergencia para utilizar en caso de algún fallo por el operador privado.  

‘Mamén’ Saavedra calcula que el 7% de retención mensual solo alcanzaría para tres días de atención en la ciudad.

Dentro de la normativa nacional, la opción de considerar la garantía mediante la retención de pagos se contempla en los contratos que implican un monto no superior al millón de bolivianos. Cuando se supera dicho monto, el adjudicatario debe entregar las boletas de pago que respalden la garantía señalada, dijo.

Desde la Contraloría recuerdan al Concejo Municipal que, de procederse con el contrato «se configurarían en los delitos de Contratos Lesivos al Estado y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes». Es más, en la misma reunión aclaratoria se pidió a las autoridades para que consultaran a las entidades rectoras sobre el cambio sugerido en el contrato, pero esa consulta no se materializó.

Finalmente, la Contraloría pide al Concejo que cumpla con las labores propias del ente legislador y «efectúe la fiscalización correspondiente».

El pronunciamiento de la Contraloría se realizó tras la denuncia presentada por una empresa interesada en la licitación, pero que desistió de la misma tras las reuniones aclaratorias.

Saavedra reclama la modificación del contrato y solicita al Concejo que la revise para «no dejar desprotegida la ciudad».


El 9 de diciembre, dos empresas accidentales se adjudicaron los contratos millonarios de aseo urbano y de tratamiento sanitario de los residuos del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Los contratos, que tienen una duración de 8 años, superan los Bs 2.000 millones

La licitación dividió la ciudad en dos zonas para agilizar el trabajo de aseo. El Sector A corresponde a la parte Oeste de la ciudad, mientras que el Sector B, a la parte Este. Una tercera etapa corresponde al tratamiento y entierro sanitario en el vertedero, ubicado en la comunidad San Miguel de los Junos.

La empresa que se adjudicó  el servicio del sector A y del sector B es la Asociación Accidental Santa Cruz 2021, conformada por la empresa colombiana Promocali, con 18 años de experiencia, y la empresa chilena Dimensión, con 30 años de experiencia. La propuesta sumada bordea los Bs 20 millones por mes. El representante legal de dicha asociación accidental es Óscar Ortiz Sánchez.

El proceso de licitación estuvo a cargo de una Comisión Calificadora, integrada por el secretario municipal de Administración y Finanzas, Mario Centellas, y por representantes de Emacruz (Empresa de Aseo Urbano de Santa Cruz).

Durante la presentación del resultado de la licitación, Centellas habló sobre el ahorro que tendrá el municipio de Bs 10 millones mensuales por el servicio. La anterior empresa (Vega Solví) suponía un costo para la ciudad de algo más de Bs 33 millones, mientras que los precios acordados en la actual adjudicación reducen considerablemente esa cifra, dijo entonces.

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