Osmar Arroyo/El Andaluz

La concejal municipal de Tarija, Marcela Guerrero informó a El Andaluz que la comisión jurídica del Concejo Municipal revisa la documentación del proyecto Ciudad Inteligente.

Indicó que es una comisión multidisciplinaria conformada por un abogado, un arquitecto, un ingeniero y un informático revisan la documentación.

Hasta el momento en la revisión de la documentación dijo que se generan más dudas por que faltarían algunos documentos, como la ficha ambiental, cambios en el proyecto, modificación de las fechas, adquisición de ítems y varios de los cambios sin justificar.

En ese sentido, dijo que en los próximos días se hará una petición de informe al ejecutivo municipal para que se pueda complementar la documentación que falta del proyecto, para posteriormente realizar acciones de fiscalización, esto ante las observaciones que se hicieron al proyecto.

Se trata de uno de los proyectos “estrella” de la gestión del exalcalde y ahora senador Rodrigo Paz Pereira.

 Guerrero señaló para las Noticias de Tarija, que en la resolución definitiva del proyecto se realizó el 18 de setiembre del 2019,  los que firman dicha resolución no hacen ninguna observación, a pesar de que se tienen incongruencias en las fechas

Con la petición de informe, también se busca conocer si existe un monto pendiente de pago a la empresa a cargo de proyecto.

Dijo que de manera extraoficial se conocería que todavía se le adeuda alrededor de 4 millones de bolivianos, de monto de 53 millones de bolivianos, pero se pretende confirmar esa información.

Remarcó, que se tienen muchas observaciones y cuestionantes al proyecto Ciudad Inteligente.

Una vez que se tenga respuesta a la petición de informes, se agendará la fiscalización al proyecto y se anuncia que se lo realizará junto a sectores sociales de la población, como las juntas vecinales y también con la Policía Boliviana.

También se verificará la situación actual de la fibra óptica, el diseño y los costos que se tuvieron.

La concejal dijo que en la gestión de Rodrigo Paz, le dieron “carta blanca” a la empresa que se adjudicó el proyecto.

En el proceso de fiscalización indicó que se tendrá un equipo de expertos que acompañará todo el trabajo, para establecer si correspondía y se justificaba la ejecución del proyecto Ciudad Inteligente.

La concejal dijo que no hay ninguna solicitud por parte de las juntas vecinales, ni de la Policía para ejecutar el proyecto, por lo que también se solicita al ejecutivo que pueda facilitar la documentación sobre el respaldo social que justifique la ejecución del proyecto.

También se busca conocer el impacto del proyecto, si realmente cumplió con los objetivos trazados, reducir los hechos delincuenciales en los barrios y digitalizar a la institución municipal.

Para la concejal, a simple vista se observa que no se ha digitalizado las diferentes secretarias del Gobierno Municipal.

Dentro de la revisión de la documentación se evidenció que no se asignaron recursos para importantes componentes del proyecto, dentro de las fases que comprende el proyecto.

La fase 4 se la habría quitado de la ejecución, que refiere a la biometización y registro del personal.

Funcionalidad del proyecto

Guerrero remarcó que, al margen de la fiscalización lo que le interesa como concejal es que se pueda dar funcionalidad al proyecto.

Dijo que el proyecto debe cumplir los objetivos para los que fue ejecutado, llegar con tecnología a los barrios en donde se implementó el proyecto.

“Hay que darles funcionalidad a los más de 50 millones de bolivianos”, expresó.

Costos

Inicialmente el proyecto tenía un costo de 94 millones de bolivianos y debía ejecutarse de forma concurrente con el Gobierno Departamental, en ese entonces estaba Adrián Oliva, pero no se firmó un convenio intergubernativo para la ejecución del proyecto.

Luego se bajaron los montos a 88 millones de bolivianos y el proceso de licitación volvió a foja cero, porque se hicieron modificaciones en el proyecto.

Guerrero dijo que se trata de un proyecto bajo la modalidad llave en mano y que fue ahí que le dejaron “carta blanca” a la empresa que se adjudique el proyecto para que pueda hacer lo que mejor le parezca a su favor.

Después de las modificaciones, el proyecto quedó en 53 millones de bolivianos como costo final, pero con algunos componentes que no fueron tomados en cuenta como en un inicio,

La concejal dijo que se solicitará una auditoría al proyecto y que se iniciarán las acciones legales que corresponda, pero también quiere que el proyecto tenga funcionalidad.

Considera que todavía hay mucho por descubrir sobre el proyecto y mencionó también que no se habría contemplado dentro del proyecto, recursos para el monitoreo y mantenimiento.  

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