Redacción Central/El Andaluz
Sectores sociales del Chaco protagonizan movilizaciones desde la semana pasada para exigir que se asigne el 45 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de la Región Autónoma en el Plan Operativo Anual (POA) 2022.
El secretario jurídico del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, Pablo Valeriano indicó a El Andaluz que este conflicto social lo generó el gobernador de Tarija, Oscar Montes al disponer de recursos económicos que le pertenecen a la Región Autónoma.
Valeriano asegura que existe normativa en la que se establece que el 45 por ciento del IDH por derecho le corresponde al Chaco y ese derecho fue vulnerado cuando en el POA 2022 no se asignaron esos recursos.
La autoridad dijo para las Noticias de Tarija que en una segunda oportunidad se trató de vulnerar el derecho del Chaco con la intención de tratar un proyecto de Ley para redistribuir recursos que asegura que ya no son de competencia departamental, haciendo referencia al 45 por ciento del IDH.
Explicó que el 45% del IDH que le corresponde al Chaco tiene su base fundamental en la transferencia de las competencias que están establecidas en la Ley departamental 079 y la transferencia de las fuentes de financiamiento establecidas en el artículo 9 de la Ley departamental 139 que es concordante con la segunda parte del numeral 18 del artículo 5 de la Ley Marco de Autonomías.
El secretario aclaró que de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley Marco de Autonomías la transferencia de competencias y sus fuentes de financiamiento son de forma definitiva, en este caso el nuevo titular de las competencias es el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.
“La base de la Autonomía Regional son los derechos adquiridos (segunda parte del parágrafo III del Art. 41 de la Ley Marco de Autonomías) en base a la Resolución Prefectural 287/2006 que fue elevada a rango de Ley por la Ley Transitoria 017, Leyes nacionales 3384, 3385, 3861 entre otras”, apuntó.
Remarcó que la autonomía y el ejercicio de sus competencias implica la administración de sus recursos por sus autoridades electas e hizo mención a los numerales 3 y 4 del parágrafo II del artículo 6 de la Ley Marco de Autonomías.
Valeriano dijo que cuando el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija dispone de esos recursos de manera ilegal y abusiva, el 45% del IDH que le corresponde a la Región Autónoma, evitando programación para el traspaso de esos recursos en la gestión 2022, dijo que están cometiendo usurpación de funciones por el ejercicio de competencias.
Recordó que en la Ley de Hidrocarburos se establece en el artículo 57 que el IDH se debe priorizar a favor de las provincias productoras.
Pablo Valeriano dijo que existe normativa anterior a la Constitución Política del Estado (CPE) como la resolución 287/2016 que establece transferir el 45% del IDH al Chaco y que la Ley 3384 del Fondo Rotatorio y la Ley 3385 del Programa de Viviendas establecen la transferencia del 45 por ciento de las regalías e IDH.
Mencionó la Ley 3361 que establece que del 45 por ciento de las regalías que percibe el Gran Chaco para profundizar la autonomía, se debe transferir el 15 por ciento a los Ejecutivos Seccionales de cada municipio y de ese 15 por ciento, el 10 por ciento a los Gobiernos Municipales del Chaco.
Una vez que se puso en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Marco de Autonomías, dijo que en el ejercicio de las competencias se emitieron dos leyes fundamentales, la Ley departamental 079 que transfiere competencias y la Ley 139 que financia las competencias transferidas, el 45 por ciento de las regalías e IDH.
Recordó que con dos tercios en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) se transfirió las competencias al Chaco y con 2/3 en el Gobierno Regional del Chaco se recibieron esas competencias.
Indicó que con el accionar se evidencio que Montes entró en la tentación de planificar y programar el POA 2020 los recursos del 45 por ciento del IDH que le corresponden al Chaco, dejando en “cero” los recursos del IDH al Gobierno Regional.
Señaló que el gobernador pretende decir que desde Tarija se va a decidir como se administran los recursos del Chaco, eso atenta contra la autonomía regional.
Acuso al gobernador de ser el autor intelectual de generar un conflicto social en el Chaco por el IDH con el resto de las provincias que ahora exigen también esos recursos.
IDH
Valeriano explicó que el IDH es un impuesto nacional y en la Ley de Hidrocarburos se marca una distribución en porcentajes para los departamentos productores y no productores de gas.
En una de las notas emitidas por el Servicio Estatal de autonomías (SEA) en respuesta a una consulta realizada por el asambleísta departamental, José Luis Ferreira, establece que los recursos que llegan al departamento se convierten en recursos departamentales y es competencia de la instancia departamental administrar de ellos.
Ante esa situación, Valeriano explicó que era una atribución y competencia del nivel departamental los recursos del IDH, pero al transferir competencias y recursos al Chaco, el 45 por ciento del IDH ya no son de competencia departamental y su administración ahora es de competencia del Gobierno Regional, es decir que Montes no podía disponer de esos recursos para otros fines.
Remarcó que se transfirió el derecho a otro titular.
Acciones y responsabilidades
El secretario jurídico del Gobierno Regional aseguró que primero se acudió al diálogo para hacer prevalecer un derecho y que se respeten los recursos del Chaco.
“Se ha intentado dialogar, se han intentado conversar, ante una ilegalidad que inicialmente se pragmatiza con la programación del POA 2022 y al pretender agendar una ley que quiere redistribuir algo que ya no se ha transferido”, expresó.
La autoridad del Chaco dijo que cuando uno transfiere algo ya no puede decidir sobre ello, pero el Gobierno Departamental pretende decidir sobre algo que no le toca, por lo que indicó que corresponde realizar un proceso penal, pero más allá de la denuncia, reiteró que se trató de entrar en un diálogo.
“Cuando uno vuelve a vender una cosa que ya ha vendido, se incurre en estelionato”, expresó, a tiempo de señalar que en la vía administrativa cuando se dispone de una competencia ajena, todos los actos son nulos y se incurre en usurpación de funciones.
Remarcó que inicialmente el Gobierno Departamental tenía competencia sobre esos recursos, pero fueron transferidos al Chaco.
Acusó a Oscar Montes de armar un conflicto social en el departamento.
Para Valeriano, Montes no solo le ha quitado recursos al Chaco, habría indicado que se distribuyeron al resto de las provincias y ahora existen otras provincias que reclaman esos recursos.
“Esta generando un escenario en donde se puede dar un conflicto social mucho mayor”, agregó.
Dijo que un titular de un derecho esta siendo afectado por la intención de un tercero (Montes).
Apunto al gobernador como autor intelectual del conflicto social ya que el podía disponer de manera clara y transparente del 55 por ciento que le corresponde al Gobierno Departamental, pero no del 45 por ciento del Chaco.
Mencionó, que además de las regalías hidrocarburíferas y el IDH, la gobernación de Tarija también recibe regalías mineras y forestales, el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), pero de esos recursos no se transfiere ni un solo boliviano al Chaco.
Valeriano considera que esos recursos también deberían llegar a la población del Chaco, pero no ocurre aquello.
“Pero recie un egoísmo, no creemos que es de la ciudadanía de Tarija, pero si de un gobernador que en vez de distribuir del 55 por ciento a las provincias (…) pretende meter la mano al bolsillo del Chaco para dar a las provincias que son de su competencia”, indicó.
Respecto a la propuesta de un pacto fiscal para resolver todos estos temas, Valeriano dijo que primero debe quedar bien claro que la autonomía es el respeto entre entidades de igual jerarquía, en este caso el Chaco mediante su Gobierno Regional que ya tiene una titularidad de derechos sobre el 45% de las regalías y el 45% del IDH.
Señaló que tocaría establecer mesas de diálogo sobre las regalías mineras y forestales.
Políticas sociales
El secretario jurídico del Chaco remarcó que con el 45 por ciento de regalías que perciben se han generado políticas sociales para que esos recursos puedan llegar a la población y que consideran que deberían ser imitadas.
Mencionó el programa de la canasta alimentaria para los adultos mayores, que nació como una política departamental, pero ahora la asumió la Región Autónoma del Chaco.
Valeriano explicó que cuando ingresaron al Gobierno Regional en el segundo trimestre del año, ya se habían entregado 3 canastas alimentarias a los adultos mayores y que ahora ellos entregan 9 canastas alimentarias, es decir 12 canastas alimentarias durante este año, a diferencia del Gobierno Departamental que a la fecha no a entregado ni una sola canasta alimentaria para los adultos mayores del resto de las provincias.
Para el próximo año dijo que se pretende entregar cada mes una canasta alimentaria a los adultos mayores, porque consideran que es un sector demasiado sensible.
“Pienso que debería ser imitada, pero respetamos si no lo quieren hacer, eso genera celos, inicialmente fue una política departamental, pero se convirtió en una política regional”, apuntó.
Señaló que Montes no puede administrar bien el 55 por ciento de las regalías y ahora pretende meter mano al 45 por ciento del Chaco para justificar su falta de gestión.
“Debería copiar e imitar estas políticas, y dejar de generar conflictos en el departamento”, agregó.