La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció tres acciones legales, nacionales e internacionales, que asumirá por el caso de la niña en estado de gestación en Yapacaní producto de una violación.

Entre estas acciones, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH e iniciará una demanda penal, buscando la privación de libertad de entre 15 a 20 años, contra personal médico de la maternidad Percy Boland, miembros de la iglesia, ONG, personal de la Defensoría de la Niñez en Yapacaní y Santa Cruz, además de la madre de la niña por cinco delitos, entre ellos, incumplimiento de deberes y trata y tráfico de personas.   

En conferencia de prensa, Cruz manifestó que presentará una acción de libertad contra las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz para que la justicia les ordene reencaminar el proceso de interrupción del embarazo en la niña de 11 años que fue víctima de violación.

Como primera medida, se envió una acción de libertad en contra de las defensorías de la niñez de Yapacani y Santa Cruz,  el Arzobispado y el centro de salud, a fin de que la justicia pueda ordenar a la Defensoría de Yapacaní para que pueda cumplir con la medida de protección,  a fin de reencaminar la interrupción de embarazo alejando cualquier tipo de influencia ya sea de la madre o algún familiar  de cualquier grupo religioso en el marco del nivel de protección de sus derechos humanos”, dijo.

La segunda acción tiene que ver con la solicitud de la Defensoría del Pueblo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares “para que el Estado asuma medias de protección y salvaguarda en favor de la niña.

Y como tercera acción “la Defensoría está presentando una acción penal contra el personal médico del hospital Percy Boland, servidores públicos de las defensorías de Yapacaní y Santa Cruz, Conferencia Episcopal de Santa Cruz y contra la madre, con privación de libertad de 15 a 20 años, por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de disposición del ser humano con o sin fines de lucro, con fines de embarazo forzado con fines de guarda o adopción”, explicó.

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