El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia), a través de un comunicado, hace un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, y recuerda que «manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura». Esto en referencia de lo acontecido con la niña de 11 años, en Yapacaní que continuará con su embarazo. Pide al Estado mecanismos de protección oportuno. 

El documento señala: “Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”.

Asimismo, ONU Bolivia reafirma que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos.

Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son “formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”. Así también, el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable.

En dicho documento hace referencia  al marco legal al que debía someterse ente caso: En cuanto a la normativa nacional, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. El Código Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 148, garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual. Además, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.

Por ello, a través del documento Naciones Unidas “reafirma su compromiso de continuar trabajando por la promoción del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y la prevención de la violencia sexual y de embarazos no deseados, mucho más en niñas, a través del fortalecimiento de los servicios de atención y protección, la educación integral de la sexualidad, y el fomento de masculinidades positivas en el sistema educativo, en las familias y comunidades”.

Asimismo la ONU Bolivia “reitera la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y derechos reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo”.

Deja un comentario