La Defensoría del Pueblo criticó el manejo de medios de comunicación, de personal de la Defensoría de la Niñez y el de salud, ante el caso de la niña de 11 años que quedó embarazada tras ser agredida sexualmente por el padre de su padrastro en Yapacaní, Santa Cruz, hecho en el cual, considera, hubo un manejo poco responsable y de revictimización.

En el manejo mediático del hecho, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que «en vez de concentrarse en el delito de violación, la solicitud de investigación y sanción del agresor de acuerdo a la norma, expusieron la situación de la víctima, la sometieron a un proceso de revictimización y a presiones que ponen en riesgo su integridad física, psicológica, mental y desarrollo escolar», según una nota institucional.

La Defensoría considera que también hubo problemas en la atención y respuesta que dio el personal de la Niñez y Adolescencia, además del de salud del municipio para atender a la víctima, que finalmente continuará con la gestación, por decisión de su familia.

«Denunciamos la desprotección y vulneración de los derechos de las víctimas de violencia sexual y de acceso a la ILE (interrupción legal del embarazo) , y el incumplimiento a la Sentencia Constitucional 206/2014. Exigimos a las autoridades realizar las investigaciones de los casos de violación a menores de edad, a tomar acción frente a los hechos de revictimización, vulneración de derechos de las víctimas, así como de las sanciones respectivas por desprotección e incumplimiento de deberes del personal a cargo, en sus diferentes instancias”.

La intervención de la Iglesia también fue motivo de «alarma» para la Defensoría. Poco antes de que se conociera que la niña seguirá con el embarazo, la Arquidiócesis de Santa Cruz compartió un extenso comunicado y se manifestó en contra del aborto y ofreció «acogida y atención». Para la Defensoría, este «apoyo temporal» puede incurrir en acciones fuera de la ley en relación a la guardia y la adopción ilegal.

«En cumplimiento de la Sentencia 206/2014, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sancionar un proyecto de ley sobre derechos sexuales y derechos reproductivos bajo el principio de Estado Laico, en el marco del artículo 66 de la Constitución y de las recomendaciones internacionales de protección de los derechos humanos”.

Las niñas y adolescentes deben tener la posibilidad de tomar la decisión, de manera oportuna e informada para proteger su salud e integridad física, recordó la Defensoría. La ILE puede incluso salvar la vida de una niña, pues la institución recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el riesgo de morir y de problemas de salud derivados del embarazo es mayor en niñas menores de 15 años.

La víctima lleva un embarazo de alto riesgo de 21 semanas, la interrupción de la gestación estaba contemplada, empero, un documento firmado por la madre frenó la intervención.

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