Además del caso por presunto tráfico de influencias en la designación de cargos directivos, se reveló que una exfuncionaria denunció que fue presionada por una autoridad del Ministerio de Educación para alterar calificaciones en el proceso de admisión de estudiantes de las Escuelas Superiores de Maestros (ESFM).      

La denuncia de la exfuncionaria fue presentada el 24 de septiembre ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El documento fue revelado por el abogado Abel Loma, que representa a la viceministra Aurea Balderrama, quien denunció el caso de tráfico de influencias.

En la carta, la denunciante acusa a un alto funcionario, de iniciales  I. C. P., a quien describe como “brazo derecho del Ministro de Educación”, de haberla presionado para alterar calificaciones en el proceso de admisión de los estudiantes a las ESFM  y en la evaluación de desempeño docente de las Escuelas Superiores.

Detalló que en el proceso de admisión de estudiantes, dicho alto funcionario le ordenó de manera verbal “ayudar” en las calificaciones a “postulantes quienes eran supuestos hijos que pertenecen a confederaciones, ESFM/UA, y otras autoridades”.

La exfuncionaria, en su denuncia, sostuvo que no accedió a esa orden y pidió que se ha haga por escrito. Señaló que se sentía hostigada por I.C.P., quien le insistía en alterar las calificaciones.

Relató que posteriormente, el día de la publicación de  los resultados de la pruebas, I.C.P. le ordenó subir la información al sistema, pese a que le pedía realizar una verificación previa.

Tras subir las calificaciones, se dio cuenta cinco minutos después de que su computadora se encontraba manipulada, puesto que muchos archivos y carpetas se encontraban abiertas en desorden.

Luego de la publicación de las notas, la exfuncionaria indicó que se generaron reclamos en redes sociales y marchas, porque tres postulantes que legalmente se encontraban reprobados aparecían en el sistema como aprobados.

La exfuncionaria contó también que el alto funcionario la convocó a una reunión con otras autoridades, donde le dieron a conocer un informe “fabricado por ellos” para que se responsabilice por la publicación de las notas atribuyendo lo sucedido al cansancio físico. Según indicó, le dijeron que dicho informe no le perjudicaría en lo más mínimo y podía continuar con su fuente laboral.

La exfuncionaria señaló que renunció en abril, para participar en un proceso de institucionalización, sin embargo, fue sorprendida porque le pidieron devolver el dinero de los salarios de febrero a abril, a pesar de que I.C.P. le había instruido trabajar de manera virtual.

El abogado Loma, en entrevista con el programa La Mañana en Directo, recordó que por las irregularidades en esas calificaciones ya hubo movilizaciones de estudiantes.

Consideró que en el Ministerio de Educación funciona una suerte de “asociación criminal”, por lo casos que ya se conocen de presunto tráfico de influencias en la designación de cargos directivos, por el cual un exfuncionario ya está encarcelado, y ahora esta nueva denuncia.

Dijo que recibe en su oficina a varias personas que denuncian hechos irregulares y ofreció asistencia legal a quienes hayan sido afectados.

La denuncia fue remitida por la Comisión de Educación de Diputados al ministro de Educación, Adrián Quelca, el pasado 15 de octubre, con el objetivo de que se realice actos investigativos a través de la unidad de Transparencia.

Este medio de comunicación se comunicó con el alto funcionario denunciado y se tenía pautada una entrevista, la cual fue cancelada por el servidor público. 

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