Tras petición de informe de Edwin Rosas

El día de ayer se dio orden a la jueza de instrucción cautelar tercera en lo penal, que se inicie la imputación de oficio en contra de María Gaudalupe Arandia, por el supuesto delito de discriminación, cuando vertió varios insultos en contra de sus alumnos.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

El día de ayer se dio orden a la jueza de instrucción cautelar tercera en lo penal, que se inicie la imputación de oficio en contra de María Gaudalupe Arandia, por el supuesto delito de discriminación, cuando vertió varios insultos en contra de sus alumnos que posteriormente la denunciaron.

La imputación formal se dio tras conocer que el diputado nacional ,Edwin Rosas,  diera a conocer que la docente que agredió con insultos en un acto de discriminación a sus alumnos, está siendo protegida por ex autoridades de la Universidad Autónoma Juan Misal Saracho (UAJMS).

El diputado apuntó al ex vicerrector , Ricardo Colpari, y expresó que se la premio con otro cargo porque estaría en otra dirección de la casa superior de estudios, por lo que estaría iniciando una venganza en contra de las personas que la denunciaron.

Debido a esto la autoridad indicó que se solicitó un informe escrito a las autoridades para saber el estado de Guadalupe Arandia.

El Fiscal departamental de Tarija, Wilson Tito, indicó en agosto que Guadalupe Arandia, docente de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), será denunciada por la oficina de justicia a tiempo de alentar a los alumnos que hayan sido víctimas de la docente racista pueda acudir a la fiscalía para sentar la denuncia. Tardó dos meses en cumplir su palabra.

El registro en audio y video de una clase de Zoom, en la que Arandia, catedrática de la materia de Oratoria Jurídica, insulta y usa frases discriminadoras se volvió viral en Bolivia.

Así se le escucha decir frases como “¿Te has retrasado?, ¿Eres de El Alto?” ,«Pelotudo», “Curso de mierda” y otras de ese tenor. “Nombre y apellido, rápido”, pide la catedrática. “Ever Calle Quispia”, responde el estudiante, pero el último apellido no suena claro, por lo que la docente pregunta dos veces más y al final le comenta a modo de respuesta: “Huy, de dónde serás vos. Primo del Evo”.

Según el artículo 281 del código penal boliviano la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, por motivos de sexo, edad, género, orientación sexual e identidad de género, identidad cultural, filiación familiar, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, opinión política o filosófica, estado civil, condición económica o social, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción, capacidades diferentes o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia regional, apariencia física y vestimenta, será sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a cinco (5) años.

La sanción será agravada en un tercio el mínimo y en una mitad el máximo cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público o autoridad pública.

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