En el penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, un bus se convirtió en celda para aislamientos y castigos. Recientemente se habría usado para torturas y vejaciones al privado de libertad Cristofer Quispe, que falleció en esa prisión.

Mucho antes de 2019, el bus policial ya se encontraba en el perímetro de ingreso a las diferentes secciones del penal. Aún permanece allí, cerca de una torre de vigilancia, con las ventanas enmalladas y las puertas cerradas con candados.

Hace dos años, un privado de libertad permaneció aislado por más de tres meses en ese bus de color verde. Supuestamente se había portado mal y era muy violento. El bus funcionaba como una celda para el recluso y solo a través de algunas ventanas del motorizado el reo podía ver poco de lo que acontecía a su alrededor o hacer alguna petición.

“A través de los mismos internos se tenía conocimiento de que alguna vez los castigaban ahí, un tiempo un preso problemático o peligroso vivió en el bus. Tenía diferentes fines, a veces era para aislar”, señaló a Página Siete una exautoridad que trabajó en el tema de cárceles durante el gobierno de Evo Morales y pidió mantener en reserva su identidad.
El bus se usaba, dependiendo la instrucción que daba la autoridad del recinto penitenciario, unas veces como espacio de aislamiento para reos peligrosos y otras veces para privados de libertad cuya vida  corría riesgo.
Fue en ese motorizado, conocido como el área “Bus”, donde  Cristofer Quispe habría recibido  brutales golpizas de parte de un teniente de la Policía los días  14 y 15 de octubre. El 16, sábado,  el mismo uniformado habría vuelto a golpear  al recluso. Supuestamente era una represalia contra  Quispe, quien  había escupido en la cara a un coronel que trabaja en ese recinto.
“Después del hecho, el funcionario policial habría depositado al privado de libertad en una celda de castigo de dos por un metros cuadrados, ubicada al lado del denominado sector E (al interior del perímetro carcelario). Allí, Quispe fue hallado sin vida el domingo 17 de octubre”, señala el informe  emitido por el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret).

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