Osmar Arroyo/El Andaluz

En los últimos días el gobernador Oscar Montes hizo conocer su intención de devolver al Gobierno Municipal y a la Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) la competencia sobre las lagunas de oxidación.

Cuando Montes era alcalde de Tarija transfirió esas competencias al Gobierno Departamental y ahora que es gobernador trata de transferir ahora al Gobierno Municipal, eludiendo sus responsabilidades sobre las acciones de remediación y mitigación de los daños ocasionados por la rescisión del contrato en el proyecto de mitigación de olores.

El concejal municipal de Tarija, Daniel López indicó a El Andaluz que también se hizo conocer que debido a que el tema se encuentra en instancias judiciales, el ejecutivo departamental y Cosaalt se verían imposibilitados de realizar acciones en las lagunas de oxidación.

El concejal dijo para las Noticias de Tarija que el pasado fin de semana autoridades del Gobierno Departamental participaron de la inspección realizada por la comisión de diputados a las lagunas de oxidación, pero solo se limitaron a exponer los avances y los costos del proyecto de mitigación de olores, y el por qué se tomó la decisión de rescindir el contrato con la empresa a cargo del proyecto, debido a que no se cumplió con lo establecido en el contrato.

Respecto a la judicialización del tema, López explicó que existen mecanismos para que se puedan realizar trabajos en los predios de las lagunas de oxidación e hizo mención al Decreto Supremo 181 que rige los procesos de contratación y que en su numeral 65, inciso c indica algunas acciones que permitirían hacer un proceso de adjudicación por excepción de manera inmediata con las mismas características, con el fin de atender los daños que se habrían ocasionado por las obras inconclusas del proyecto de mitigación de olores.

“Ante la resolución de contrato por las causales establecidas en el mismo; la interposición de recursos o proceso no impedirá la contratación”, señala de manera expresa el inciso c) del artículo 65 sobre la contratación por excepción del Decreto Supremo 181.

“Creemos que hay suficiente jurisprudencia, hay documentos”, expresó López al hacer referencia al Documento Base de Contratación (DBC) que en su parte conclusiva según el concejal establece algunas causales que pueden hacer que se pueda trabajar posterior a la resolución del contrato, a diferencia de lo que se ha mencionado pro un consejero de Cosaalt de que no se puede tocar nada en las lagunas de oxidación por la judicialización del tema.

El concejal municipal remarcó, que el ejecutivo departamental tiene que generar los mecanismos necesarios para no dejar las cosas como estas en la actualidad, y realizar acciones para mitigar y remediar los daños ambientales ocasionados.

Más al contrario el gobernador Oscar Montes pretende devolver las competencias a la alcaldía y a Cosaalt.

López remarcó que para devolver las competencias debe entregar las lagunas de oxidación en las condiciones en las que se encontraba cuando se transfirió al Gobierno Departamental y no como se encuentra en la actualidad.

Considera que se pudieron haber resuelto las controversias de la mejor manera, sin llegar a instancias judiciales, pero a pesar de ello existen algunas normativas que puede utilizar el ejecutivo departamental a su favor para que se puedan realizar acciones en las lagunas.

Para el legislador municipal todas las acciones muestran que el gobernador Oscar Montes pretende eludir sus responsabilidades al tratar de transferir las competencias a terceros.

Recordó, que hasta la fecha autoridades del Gobierno Departamental no han dicho nada sobre lo que se hará sobre los daños en las lagunas de oxidación y más bien sus intensiones son eludir responsabilidades en el tema sanitario.

Mencionó, que de la misma manera pretendía hacerlo con un proyecto de 30 barrios, con un costo de 150 millones de bolivianos, en donde la intención el gobernador era retirar el financiamiento, pero por la presión social tuvo que continuar.

Ahora pretende hacer lo mismo con lo que se vive en las lagunas de oxidación y nuevamente eludir su responsabilidad, siendo que cuando estaba como alcalde ya hizo la transferencia de competencias al Gobierno Departamental y ahora como gobernador pretende devolver esas competencias al Gobierno Municipal.

López remarcó que la competencia la tiene el ejecutivo departamental, pero lamentó que no haga ninguna propuesta, ni se manifieste al respecto, pero trata de transferir responsabilidades a terceros.

Recordó que varias instituciones, como el Comité Cívico, el Gobierno Municipal y Cosaalt, entre otras hicieron llegar sus propuestas y mostraron su voluntad de trabajar de manera conjunta, pero es la gobernación la que no se pronuncia en torno a la problemática de servicios básicos.

Resaltó que se necesitan acciones y no solamente excusas por parte del gobernador, señalando que no tiene recursos económicos.

Considera que también es necesario que se muestre gestión por parte de la autoridad, lo que no significa que trate de resolver los problemas, pero que actúe en inercia con otras instituciones que están dispuestas a encontrar soluciones al tema.

Antecedentes

La comisión técnica interinstitucional conformada hizo conocer sobre los daños ambientales generados en las lagunas de oxidación antes que el tema se judicializará, cuando se había hecho conoce por la gobernación su intención de rescindir el contrato con la empresa.

El concejal López dijo que fueron muy responsables en el manejo de la información y la intención de realizar un informe detallado sobre los problemas que se presentan en San Luis.

Remarcó, que se tiene una responsabilidad institucional por parte del Gobierno Departamental, más allá de que se haya cambiado de gobernador, la responsabilidad en torno a los daños causados por las obras inconclusas en el proyecto de mitigación de olores.

Reiteró que la alcaldía, el Comité Cívico, la comisión interinstitucional, Cosaalt y otras instancias hicieron llegar sus propuestas, pero el único que no hizo ninguna propuesta fue la gobernación.

“Se resume en lavarse las manos y tratar de pasar la responsabilidad a terceros”, dijo López sobre el accionar de la gobernación.

Explicó que cuando llegue la temporada de lluvias, no se podrá hacer anda sobre las acciones para mitigar y remediar los daños en las lagunas e oxidación, en donde se tienen lodos en tanques flexibles y los canales de distribución interna de las aguas hervidas se encuentran abiertas.

Con esa situación y sin acciones al respecto la responsabilidad también será mayor.

El concejal pide que se busque una posibilidad legal para que se pueda realizar el tratamiento necesario de los lodos, por lo menos los que se encuentran en los tanques flexibles.

Realizar un análisis de laboratorio sobre los lodos y en caso de que estén ya estabilizados, solo se requerirá trasladarlos para usarlos como relleno o como abono.

Remarcó, que no se pueden realizar acciones mientras los titulares de los predios (gobernación) no autorice hacerlo, no pueden hacer las acciones, pero dijo que tampoco se puede mirar desde el balcón.

Responsabilidades legales

El concejal explicó que las responsabilidades sobre este tema, es ineludible.

Señaló, que las tareas de fiscalización están acompañadas y relacionadas al cumplimiento de una auditoría ambiental que ya fue solicitada por vecinos del barrio San Luis.

Recordó que además, se tiene la fecha ambiental que debe ser evaluada y sancionar a todos aquellos que atentaron contra la salud de la población por no actuar para mitigar y remediar los daños ambientales.

Afirmó que la gobernación es corresponsable de los daños ocasionados en las lagunas de oxidación, siendo que existe una unidad encargada en el Gobierno Departamental de realizar una evaluación de los impactos ambientales y de otorgar fichas ambientales y ahora no pueden solo hacer la vista a un lado y no asumir su responsabilidad.

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