Una investigación realizada por un equipo de 600 periodistas se ha publicado este domingo en influyentes medios de comunicación del mundo entero, entre ellos El País, The Washington Post, The Guardian, entre otros. Y los primeros datos establecidos son que tres presidentes en ejercicio actual, 11 retirados, 90 políticos de alto nivel hicieron uso de los paraísos fiscales con el fin de resguardar sus patrimonios millonarios.

Los Papeles de Pandora es una filtración, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés), y se basa en 11,9 millones de archivos que recogen el trabajo de 14 despachos financieros offshore

La investigación difundida este domingo también salpica a congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un Banco Central; una constelación de personajes poderosos de Latinoamérica que hicieron uso de los paraísos fiscales, mediante una telaraña de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá para evitar el escrutinio público de una parte sustanciosa de sus bienes.

El  cúmulo de información ha sido revisado y contrapuesto por un equipo de 600 periodistas y 150 medios de todo el mundo.

La investigación cobra relevancia cuando apunta a tres jefes de Estado en común tienen haber sido empresarios acaudalados: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso, y el dominicano Luis Abinader. También aparecen 11 exmandatarios, siendo los más conocidos los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.

En el caso del mandatario chileno, en cuya trayectoria empresarial se combinan desde aerolíneas a negocios bancarios e inmobiliarios, la investigación llevada a cabo por los medios chilenos CIPER y LaBot revela, entre sus operaciones offshore, un movimiento controvertido: la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de la Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus amigos de la infancia.

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En diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses en el Palacio de La Moneda, la familia presidencial vendió el negocio a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares. El monto debía pagarse en tres cuotas, con una salvedad: el último pago dependía de que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. La decisión de la viabilidad de Minera Dominga quedó en manos del Gobierno de Piñera, que no promovió la protección ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pagó, informa el periódico español.

Cuando fue consultado sobre el tema, el gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación acabó en sobreseimiento.

Otro presidente salpicado por los Pandora Papers  es el dominicano Luis Abinader, que tiene negocios en el rubro hotelero. Los documentos lo vinculan con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, creadas antes de asumir el cargo y usadas para gestionar activos en República Dominicana.

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La investigación de Noticias SIN apunta a que las acciones de estas sociedades eran inicialmente “al portador”, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías. Una reforma legislativa en 2018 obligó a los Abinader a registrarse públicamente como beneficiarios. Al convertirse en presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader declinó responder a las preguntas solicitadas por el Consorcio de periodistas.

Tanto Abinader como Piñera recurrieron al despacho OMC Group, con sede en Panamá, el mismo del que es cliente la cantante colombiana Shakira para al menos tres de las sociedades offshore a las que la Hacienda española ha seguido el rastro durante años, señala El País.

El tercer jefe de Estado en activo que figura en los documentos obtenidos por el ICIJ es Guillermo Lasso, un exbanquero conservador y millonario que en abril pasado logró la presidencia ecuatoriana. Según los documentos y la investigación de El Universo, llegó a operar con 14 sociedades offshore (la mayoría en Panamá) y las fue cerrando solo después de que el correísmo impulsara una ley que prohibía a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales.

En su defensa, Lasso alega que abrió estas compañías porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país. También sostiene que 10 de estas sociedades están ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relación o beneficio.

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Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore del planeta. Esta compañía suiza es conocida por su discreción en este tipo de soluciones y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa a filtración, al igual que el bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en América Latina.

Alcogal creó la mayoría de las 78 compañías que usaron los venezolanos acusados de ocultar en cuentas de Andorra 2.000 millones de dólares procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Entre los beneficiarios de este entramado, de acuerdo a la investigación de Armando.info, está una parte importante de la jerarquía chavista.

El caso de Brasil

En Brasil, Pandora Papers apuntan a dos hombres poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones sobre este tipo de inversiones. Este posible conflicto afecta especialmente al ministro de Economía, quien ha llevado adelante una reforma fiscal que redujo impuestos sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales.

Guedes, de 72 años, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de una sociedad de las que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino.

Según El País de Madrid, los documentos muestran que el ministro tenía en 2014 al menos 8 millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes.

El Ministerio de Economía, como respuesta a la investigación, envió un comunicado a la revista Piauí en el que señala que estas actividades “fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group”. “Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad”, indica la nota.

El presidente del Banco Central de Brasil, Campos Neto, era propietario de dos empresas, Cor Assets y ROCN Limited, ambas registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo.

Al igual que Guedes, el presidente del Banco Central afirma que declaró todo su dinero en el exterior a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, así como a la agencia tributaria brasileña y al propio Banco Central. También insiste en que ha construido su “patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 años de trabajo en el mercado financiero”.

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