En una carta en respuesta al exministro de Defensa Luis Fernando López, la exministra de Gobierno de Ecuador María Paula Romo le asegura en noviembre de 2019 que atenderá el requerimiento de envío de materiales antidisturbios en “el marco del principio de reciprocidad internacional”.

La carta fechada el 16 de noviembre de 2019 fue revelada por el exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrāo. El trámite se hizo entre los gobiernos de Jeanine Áñez y Lenin Moreno.

La misiva enviada a López establece: “En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, en principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”.

López fue parte de la cuota del actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, líder de las protestas de 2019. El exministro está prófugo en el caso golpe de Estado.

El 12 de junio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que en noviembre de 2019 no se registró solo “un golpe de Estado”, sino que también en esa acción “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Jeanine Añez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”.

Del Castillo explicó en ese entonces que en el gabinete de ministros del 14 de noviembre de 2019 el gobierno de Añez decidió prestarse ese material de Ecuador. En esa reunión también se aprobó el decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen de operativos para “restablecer el orden público”.

Según el pedido de devolución de la Policía ecuatoriana, se enviaron a Bolivia 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.

“La grave decisión política de los gobiernos en 2019 de volver a coordinarse represivamente interrumpe más de 45 años de compromisos regionales de contraposición con el terror de Estado, de rechazo a todas las formas de autoritarismo, de opresión, de persecución”, cuestionó Abrāo.

A diferencia de la que pasa en Ecuador, en Argentina investigan al expresidente Mauricio Macri por el envío de 70.000 cartucos antitumulto a Bolivia el 13 de noviembre, a horas de que asumió el poder Áñez.

La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó en julio investigar la entrega de material antimotín en el gobierno de Moreno a la administración boliviana de Áñez para enfrentar las protestas en favor del dimitente Evo Morales en noviembre de 2019. La asambleísta Sofía Espín informó de la decisión tomada por la mayoría de sus colegas en la Asamblea Nacional.

El 15 y 19 de noviembre se dieron los hechos más violencia en la gestión de Áñez con una veintena de muertos y decenas de heridos por impactos de bala en Sacaba y Senkata. Policías y militares intervinieron protestas en apoyo al expresidente Evo Morales, quien dimitió en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y “sugerencia” militar de dejar el cargo.

“Frente a tomaño retroceso histórico que representa la cooperación regional para reprimir y masacrar al pueblo boliviano, la iniciativa de denunciar caso de Bolivia constituye un paso fundamental para volver a superar las prácticas de coordinaciones regionales represivas”, sostuvo Abrāo.

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