“Las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre”. Esa es una de las principales conclusiones a las que llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos ocurridos en el país en 2019, según el informe preliminar publicado este martes.

«El GIEI evalúa que la reacción de los militares y de la Policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes. De acuerdo con la terminología adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las muertes de las víctimas de Sacaba constituyen ejecuciones sumarias y los hechos pueden ser descritos como una masacre», consta en el documento. 

Además, el GIEI constató que varios manifestantes «fueron detenidos ilegalmente y sometidos a torturas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Policía».

«La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”, detalla el informe.

El periodo de investigación del informe va del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019. En total fueron ocho meses de trabajo, en los que entrevistaron a más de 400 personas entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas. Además, se visitó una docena de localidades, entre las que se encuentran Challapata, Chapare y Sacaba. 

También se analizaron más de 120.000 folios de diferentes tipos de expedientes provistos por las autoridades y 1.000 archivos audiovisuales aportados por la sociedad civil, autoridades y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, se reunieron con periodistas, organizaciones de la sociedad civil y delegaciones diplomáticas en Bolivia. 

El grupo de expertos estuvo conformado por el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; el británico Julian Burger, profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, abogada experta en derecho constitucional económico; el brasileño Marlon Weichert y la argentina Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos-Unesco, con sede en Buenos Aires.

Después de esta primera presentación en la ciudad de La Paz, los expertos realizarán una gira nacional, hasta el 20 de agosto, por Senkata (El Alto), Sucre (Chuquisaca), Sacaba (Cochabamba), Potosí y Montero (Santa Cruz), para socializar su trabajo.

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