El Andaluz / Yacuiba

La Red de Lucha Contra la Violencia informó que la Fiscalía de Tarija cerró el caso de la adulta mayor Irene Guerrero, quien denunció por violación y violencia a su exesposo, un militar jubilado, por lo que la víctima hizo responsables a esa instancia y la Fiscalía de Yacuiba si algo llega a pasarle.

“Lamentamos que, pese a nuestros esfuerzos de tantos meses luchando por justicia, con marchas y conferencias, la víctima siga hasta la fecha recibiendo amenazas y persecución por parte de su agresor que se le aparece por todo lado, amenazándola hasta de muerte”, indicó Elsa Llanos, presidenta de la Red de Lucha Contra la Violencia.

La Fiscalía Departamental de Tarija afirma que no hay pruebas suficientes del caso, pese a que se le dio el seguimiento correspondiente e incluso contó con el testimonio presencial de la víctima, quien se trasladó a la capital. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) Yacuiba pasó en tres oportunidades notas al fiscal para la aprehensión inmediata del acusado.

Llanos señaló que fiscal de turno revisó el cuaderno e indicó que existían muchos indicios de culpabilidad, pero hace dos semanas atrás se suspendió la audiencia porque el agresor Alfonso C. V. se encontraba delicado de salud y hasta la fecha no se dio nueva fecha. “Más al contrario, el caso de violación quedó archivado”.

El acusado es militar retirado y cuenta con tres abogados, a diferencia de la víctima que solo cuenta con el abogado voluntario que le proporcionó la Red de Lucha Contra la Violencia, Ariel Ariste, quien hace seguimiento hace seis meses. “Aun así se continúa con el tercer proceso de amenaza de muerte, sin tener ningún resultado favorable, ya que el caso está quedando impune, no se está aplicando la Ley 348”, sostuvo la representante de la Red.

La Fiscalía de Tarija designó una comisión de dos abogadas, quienes pusieron el caso en conocimiento de FELCV, para que asistan día por medio a la casa de la víctima para verificar su bienestar. Ella vive en Sanandita.

“Lo único que exigimos es el cumplimiento de la Ley 348. La víctima estaba separada legalmente de su exesposo cuando recibió la agresión y hasta la fecha sigue recibiendo amenazas de muerte a pesar de que tiene custodia policial. Ella teme por su vida y hace responsable de lo que le pueda pasar a la Fiscalía Departamental de Tarija y la Fiscalía de Yacuiba”, señaló Llanos.

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