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El coronel de Ejército Luis Alberto Pacheco Montaño fue enviado ayer a prisión preventiva, al final de la tarde, por los sucesos de noviembre de 2019, registrados en Betanzos (Potosí), donde se produjo la muerte de Marcelino Jarata Estrada y varias personas resultaron heridas.

Mientras se ha detenido a tres militares más en los últimos días por el caso de supuesto golpe de Estado, los excomandantes de la Armada Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada y el de la Fuerza Aérea Jorge Gonzalo Terceros Lara solicitaron a la Fiscalía que convoque a declarar al expresidente del Comité Pro Santa Cruz y actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque lo consideran “el principal implicado” en el proceso por terrorismo, sedición y conspiración iniciado por la exdiputada Lidia Patty (MAS).

Lo detuvieron en Cochabamba y lo trasladaron a Potosí. Se lo acusa de homicidio y tentativa de homicidio en el marco de las investigaciones del presunto “golpe de Estado”, hipótesis que impulsa el MAS desde su retorno al Gobierno.

El domingo, el coronel Franz Vargas, acusado por los hechos de Sacaba, fue enviado por el juez de turno de Chimoré de forma preventiva a la cárcel de esa localidad.

Además, ayer fue aprehendido el excomandante de la Armada, Moisés Orlando Mejía, involucrado en el caso Senkata. Éste último tenía orden de aprehensión, y lo detuvieron ayer por la tarde.

Los dos nuevos encarcelamientos en 48 horas se suman a los del excomandante del Ejército general Iván Inchauste, y el jefe del Estado Mayor de las FFAA, general Pablo Guerra, quienes llegaron a la cárcel por los hechos de violencia ocurridos en Senkata y Sacaba.

Ante tal situación, el general de División Aérea del Ejército en servicio pasivo Tomas Peña y Lillo advirtió que los operadores políticos y judiciales “están hurgando el avispero en forma muy peligrosa” y que hay mucho malestar en el interior de las FFAA.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió que no tolerará amenazas que surjan desde el sector pasivo de las FFAA, ante los procesos judiciales que se abrieron contra exjefes militares por los hechos de 2019.

Magistrado del TCP

Al finalizar la jornada de ayer se conoció que la exasambleísta Lidia Patty, principal impulsora de los procesos por el supuesto golpe de Estado, presentó una denuncia contra el magistrado del Tribunal Constitucional, Petronilo Flores, uno de los que firmó el documento con el que se allanó la sucesión presidencial de Jeanine Áñez. Lo acusa de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y complicidad en el grado de terrorismo por el comunicado que emitió el 12 de noviembre de 2019, después de la renuncia y salida del país de Evo Morales.

Pedido sobre Camacho

Sobre el pedido de que declare Luis Fernando Camacho, el gobernador aseguró el domingo que está dispuesto a hacerlo en el caso, pero advirtió que “hay que estar preparados ante cualquier abuso que pueda cometer el Gobierno”.

Desde la bancada parlamentaria de Creemos, el diputado Erwin Bazán señaló que: “Luis Fernando Camacho lideró un movimiento cívico ciudadano para protestar en contra del fraude electoral de octubre de 2019. En ningún momento fue parte de un acto de terrorismo, sedición y conspiración. El Gobierno ha buscado por todos lados, a través de la justicia, pero no ha encontrado vínculo alguno con hechos ilícitos”, aseveró.

En el requerimiento, Jarjuri y Terceros señalan: “Señores fiscales, de la lectura de la resolución de imputación formal requerida por sus autoridades en el punto ‘tercero’ de la parte ‘fundamento jurídico’ señalaron que “nuestras personas habríamos tomado parte de una conspiración”. Para sustentarlo, el memorial dice que el Ministerio Público refiere “las expresiones de Luis Fernando Camacho, que el 5 de noviembre de 2019 declaró a medios de comunicación que logró evadir el bloqueo con apoyo de policías y de militares”.

Considera que se debe tener en cuenta que él es “el principal denunciado dentro del presente caso y resulta inexplicable que hasta la fecha no haya declarado”.

El Deber

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