Osmar Arroyo/El Andaluz

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud Pública de Tarija, Omar Velásquez informó a El andaluz que el sector se encuentra en estado de emergencia, en rechazo al reglamento y a la Ley de Emergencia Sanitaria.

La norma establece sanciones para los trabajadores del sector que suspendan el servicio para asumir alguna movilización.

Velásquez indicó que la ley 1350 de Emergencia Sanitaria atenta y vulnera el derecho de la libre expresión y el derecho a la protesta.

Denunció, que se quiere coartar de manera soberbia el derecho a la protesta.

“No vamos a permitir”, dijo Velásquez haciendo referencia a la vulneración de los derechos de los trabajadores de salud pública.

El sector rechaza la norma y se declararon en estado de emergencia, no descartan con iniciar movilizaciones en repudio a la norma.

Consideran que va en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y que busca centralizar la lucha contra el covid 19 en el consejo nacional de salud, conformado por ministros de gobierno.

Remarcó, que respetarán la línea orgánica y se convocará a un ampliado departamental para que se pueda tomar una decisión al respecto, también estarán a la espera de las directrices que se puedan establecer de la Confederación nacional de Trabajadores de Salud Pública.

Reiteró, que la Ley atenta contra la libre sindicalización, el derecho a la protesta y a la libre expresión e los trabajadores de salud.

Con el Decreto de reglamentación de la norma, dijo que se centraliza todo en el consejo de salud, muchas decisiones que se toman en esa instancia y parecería que se aprobó la norma con esa excusa.

Velásquez dijo que no están respetando la Ley Marco de Autonomías, y dirigentes nacionales dijeron que incluso el gobierno nacional podrá meter mano a los recursos departamentales.

Otra de las observaciones a la norma, es la confidencialidad que se establece en compras que se realicen durante la lucha contra la pandemia del covid 19, mientras tanto la situación no mejora en el sistema de salud en todo el país.

El dirigente de los trabajadores de salud indicó que para la próxima semana se estaría convocando al ampliado, para que sean las bases las que tomen una decisión, pero no se descarta con iniciar movilizaciones.

Para Velásquez al parecer con esta normativa pretenden callar al sector que ha denunciado en las últimas semanas el despido de personal en los tres niveles de gobierno, muchos de ellos se encuentran en primera línea en la lucha contra el covid 19.

Desde el inicio de la pandemia, dijo que no cuentan con ropa de trabajo, no tienen los suficientes insumos de bioseguridad, al punto de que muchos trabajadores deben comprar esos insumos con recursos propios.

Remarcó, que muchos establecimientos de salud se encuentran en total precariedad, pero con la norma, los trabajadores ya no podrán realizar medidas de presión para protestar y exigir atención a las autoridades.

“Nos quieren silenciar la voz del trabajador”, apuntó.

Todos estos temas serán abordados en el ampliado que se realice la próxima semana.

Despidos

“Lamentablemente muchos compañeros han sido despedidos”, expresó Velásquez a tiempo de indicar que desde el Ministerio de Salud se cuenta con una representación en Tarija y a través de esa instancia se hacen llegar los memorandos de despido.

Respecto al personal que depende de la gobernación, indicó que son más de 15 trabajadores los que fueron despedidos y piden ahora su reincorporación.

Califican Ley de Emergencia Sanitaria de “autoritaria y abusiva”

El vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Mauricio Lea Plaza indicó a El Andaluz que el reglamento de la Ley de Emergencia Sanitaria es una normativa al que tiene acostumbrado el Movimiento al Socialismo (MAS).

Calificó la Ley de autoritaria y abusiva, que busca tener el control y poder, prohibiendo la protesta en el sector salud.

Indicó, que pretende centralizar al máximo las funciones y competencias que sido en su momento designados a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs).

Considera que las autoridades de salud y las llamadas a defender la autonomía, deben ser los que asuman defensa en caso de que se pretenda vulnerar la autonomía departamental.

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