Estados Unidos (su lado agusanado) censura su propia historia

Jorge Majfud

La revisión de la historia desde una perspectiva crítica del racismo (“critical race theory”), el esclavismo en nombre de la libertad y la civilización y el imperialismo (también, en nombre del la libertad y la civilización) ha levantado polvo, gritos y lágrimas en este país. De repente, en cuestión de semanas, ha comenzado un duro debate nacional (más bien, una guerra cultural) sobre la revisión de la historia por sus pecados raciales y hasta se han aprobado leyes urgentes en estados como Florida, por las cuales queda terminantemente prohibida la revisión de la historia en los centros de enseñanza, algo muy primitivo y fascista, pero que está instalado en “la gran democracia y líder del mundo libre”.

En Florida, el gobernador pro-Trump y muy probable pre candidato a la presidencia en 2024, Ron DeSantis (¿por qué los más obtusos nacionalistas son siempre descendientes de aquellos que fueron perseguidos, como irlandeses, italianos, judíos o hispanos? ¿por qué esa necesidad pornográfica de sentirse integrados y aceptados?) no sólo ha firmado leyes contradiciendo otras leyes, aprobando que los estudiantes graben a sus profesores con el propósito de detectar alguna tendencia ideológica (la tendencia de los otros, no la de ellos) sino que, además, se ha prohibido por ley la enseñanza de cualquier revisión de la historia que ponga en evidencia el racismo, la ideología y la práctica esclavista de este país. Es fascismo con esteroides, pero también con una máscara democrática, la misma máscara de siempre. La negativa de discutir algo no es otra cosa que una burda confesión.

Hasta algunos generales del ejército de EE.UU, como el general Mark Milley, han tomado partido por aceptar la revisión, cosa que ha puesto furiosos a los fanáticos “patriotas y nacionalistas” que lo discuten por las Redes sociales, estimulados por años de frustraciones personales y por galones de cerveza.

De esta forma tan elegante, patriótica, heredera de la Confederación esclavista del siglo XIX y de los más sofisticados complots del siglo XX, “La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina” queda de facto prohibida en las instituciones de enseñanza (directamente en aquellas de educación bilingüe y por referencia a todas las demás), aunque no se la nombre.

Mejor no nombrarla.

Jorge Majfud es escritor uruguayo-estadounidense. Profesor en la Jacksonville University.

El Gobierno de Trump ha ejecutado a más estadounidenses que todos los estados juntos

La Administración Trump terminó con la vida de 10 prisioneros en un 2020 caracterizado por un número inédito de ejecuciones ordenadas por el gobierno federal. La oleada de ejecuciones se saltó una norma histórica y fue en contra de la tendencia de los últimos años en Estados Unidos, donde el número de ejecuciones estaba en declive.

El informe de fin de año del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés) analiza la extraordinaria sed de sangre que ha caracterizado a la Administración Trump. En los últimos años, el informe anual había dejado constancia de una disminución ininterrumpida en el número de ejecuciones. Todas, además, habían sido ordenadas por las autoridades de los estados, no por el gobierno central.

Récord a la baja

A nivel estatal, la tendencia se confirmó también en 2020, con la pandemia del coronavirus conteniendo un número de ejecuciones programadas que ya era bajo. Solo se aplicó la pena de muerte en cinco estados: Alabama, Georgia, Missouri, Tennessee y Texas. Y solo en Texas hubo más de una. Desde 1983, este ha sido el año con un menor número de ejecuciones a cargo de los estados.

Los estados ejecutaron a siete personas (tres de ellas, en Texas), frente a las 10 personas que fueron ajusticiadas por el gobierno federal. Pese a la oleada de muertes ordenadas por el gobierno federal, la suma total sigue dando el menor número de ejecuciones judiciales en Estados Unidos desde 1991.

En medio de esa tendencia descendente, las acciones de la Administración Trump se destacan como una grotesca anormalidad. Según Robert Dunham, director ejecutivo del DPIC y autor principal del informe, «las políticas de la Administración no sólo están desfasadas con las prácticas históricas de los presidentes anteriores, sino que también están completamente desfasadas con las prácticas estatales actuales».

Una parte de la explicación tiene que ver con la negativa deliberada de Trump de tomarse en serio el coronavirus. A diferencia de los estados con pena de muerte, el gobierno federal insistió en seguir adelante con las ejecuciones programadas. El resultado fue un brote de COVID-19 en la cárcel de Terre Haute, en Indiana, donde el informe del DPIC documenta el contagio de al menos nueve miembros de los equipos de ejecución.

El desdén del presidente saliente

Pero el dato más importante de las ejecuciones federales en 2020 ha sido el desdén mostrado por la Administración Trump hacia las normas establecidas, y su determinación de llevar la pena de muerte más allá de los límites incluso para los estándares de los que apoyan la pena capital.

Desde que el 3 de noviembre Trump perdió las elecciones, el gobierno federal ha ejecutado a tres prisioneros: Orlando Hall, Brandon Bernard y Alfred Bourgeois. La última vez que un presidente saliente ocupó el primer lugar en una ejecución fue en 1889, cuando el gobierno de Grover Cleveland mató a un indio choctaw llamado Richard Smith.

Los tres ejecutados bajo el mandato de Trump como presidente saliente fueron hombres negros. Como destaca el informe del DPIC, en la lista de muertos la disparidad racial sigue siendo notoria. Durante décadas, casi la mitad de los ejecutados han sido personas no blancas.

El informe deja a la luz otros problemas sistémicos en la elección que hizo la Administración Trump de los prisioneros a matar. Lezmond Hill, ejecutado en agosto, era el único prisionero nativo americano en el corredor de la muerte del gobierno federal. Su ejecución ignoró la soberanía tribal sobre el caso así como las objeciones de la nación navajo, contraria a la pena de muerte.

Entre las personas que murieron este año por las prisas del gobierno federal en las ejecuciones figuran dos prisioneros con delitos cometidos cuando eran adolescentes: Christopher Vialva (tenía 19 años) y Brandon Bernard (tenía 18). En casi 70 años, son los primeros delincuentes ejecutados por el gobierno de Estados Unidos debido a un crimen cometido durante su adolescencia.

Peor que Texas

El informe anual de la Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte (TCADP, por sus siglas en inglés), publicado el miércoles, subraya el dramático contraste entre la agresiva postura de la Administración Trump y la drástica reducción de las ejecuciones a nivel estatal.

Texas, que tradicionalmente ha sido la capital de la pena de muerte en Estados Unidos, ejecutó a tres personas este año, por debajo de las nueve de 2019. La última ejecución, el 8 de julio, fue la de Billy Joe Wardlow. Tenía 18 años en 1993 cuando cometió un robo y un asesinato.

Según Kristin Houlé Cuellar, directora ejecutiva del TCADP, «las circunstancias de su ejecución arbitraria son aún más atroces teniendo en cuenta que hubo legisladores estatales, defensores de la justicia para los jóvenes, expertos en neurociencias y dos jurados del juicio de Wardlow pidiendo un indulto por lo que ahora se sabe sobre el desarrollo del cerebro en los adolescentes».

Hubo algunas buenas noticias. En marzo, Colorado se convirtió en el vigesimosegundo estado en abolir la pena de muerte. Louisiana y Utah llevan 10 años sin ejecutar a nadie.

Joe Biden, el presidente electo, ha prometido terminar con la pena de muerte. Pero hasta que el 20 de enero entre en la Casa Blanca, Trump sigue al mando. Antes de que termine, tres prisioneros federales más podrían morir, incluyendo a la única mujer en el corredor federal de la muerte.

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