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Ely C.Q. y Elizabeth G.C. son las dos exfuncionarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que este jueves fueron aprehendidas dentro del caso UMEC, que investiga la Fiscalía y donde detectó un presunto daño económico de $us 1,21 millones. Las dos mujeres, a decir del Ministerio Público, se desempeñaron durante la gestión del ex ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y del expresidente de la estatal petrolera Herland Soliz, ambos prófugos de la justicia.

El 26 de abril de este año, el presidente de YPFB, Wilson Zelaya, encomendó la realización de auditorías especiales e investigaciones a la filiales y subsidiarias de YPFB, relacionadas con el programa UMEC (Unidades Médicas de Emergencia contra el Coronavirus), esto ante la presunta existencia de indicios de irregularidades. Posteriormente, el 20 de mayo, el ejecutivo de la petrolera estatal dijo que se había confirmado la existencia de irregularidades y que el caso pasó a la justicia ordinaria.

Ayer las dos exfuncionarias fueron convocadas en calidad de sindicadas y luego de prestar sus declaraciones, los fiscales resolvieron su aprehensión y las remitieron a un juez cautelar. Elizabeth G.C. se desempeñaba como Gerente General del Área Legal de la estatal petrolera.

El caso

El 23 de marzo 2020 el Ministerio de Hidrocarburos de aquel entonces, emitió la Resolución Ministerial 031/2020 que resolvió: “Recomendar a YPFB y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destinen recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el Covid-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia contra el Coronavirus (programa UMEC)”.

El mismo 23 de marzo, remitieron a algunas filiales y subsidiarias, notas instruyendo el inicio de procesos de contratación a proveedores específicos a partir de facturas y cotizaciones emitidas con fecha anterior, el 20 de marzo de 2020 a nombre de YPFB, es decir tres días antes de la Resolución Ministerial 031/2020.

YPFB-Transportes, Transboliviano y YPFB Transierra realizaron auditorías y aseguraron que detectaron irregularidades como la compra de barbijos a $us 1,5 la unidad o prendas de seguridad a $us 500 la unidad

El Deber

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