El Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaló la mañana de este viernes una Sala Extraordinaria para tratar si se suspende o no al presidente y vicepresidenta de esa institución, Óscar Haussenteufel y Nancy Gutiérrez, respectivamente.

Los resultados serán de conocimiento público luego de que los vocales del ente electoral deliberen si es pertinente o no la suspensión de las autoridades del organismo, confirmó a Página Siete Digital la vicepresidenta del TSE, Nancy Gutiérrez.

«Seguramente habrá un tribunal que se ha conformado para ver si nos suspenden o no al presidente y a mi persona, pero (ahora) están en Sala Extraordinaria (…). No hay Sala Ordinaria, vamos a esperar para ver qué resultado hay», declaró en contacto con este medio.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas solicitó la suspensión de Haussenteufel y Gutiérrez por supuesto incumplimiento de deberes.

Además, fue el encargado de denunciar penalmente al expresidente del TSE Salvador Romero por la denuncia de la vocal Rosario Baptista, y recordó que abrió el proceso penal contra el expresidente del ente electoral porque no respondió a dos peticiones de informe cuando se encontraba al mando del TSE, sobre la carta enviada a la OEA por la vocal, en la que pidió una auditoría al padrón electoral.

Es así que esta semana, seis vocales de Tribunales Electorales Departamentales (TED) fueron removidos y reemplazados por decidión del presidente Luis Arce, a pesar de que la Ley del Órgano Electoral Plurinacional establece “inamovilidad” para los vocales, hasta la culminación de su gestión.

De acuerdo con el artículo 20 de Ley 018, los vocales del TSE “tienen inamovilidad durante todo el período establecido” para el cumplimiento de sus funciones.

En esa línea, la norma establece que las causales para la cesación de las funciones de las autoridades electorales son el vencimiento del periodo de funciones, la renuncia y la incapacidad absoluta o permanente.

Además, el artículo 21 precisa que la pérdida de funciones también procede por sentencias condenatorias ejecutoriadas en el ejercicio de funciones, delitos de corrupción o bien por la comisión de una falta muy grave establecida en la Ley del OEP.

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