Golpe del 2019 en Bolivia: un proceso penal ordinario permite justicia a Senkata y Sacaba

Por. Nelson Aguilar Rodríguez

Las falsas noticias o “fake news”, han infectado las redes sociales con memes, audios y videos descontextualizados buscan generar confusión en la población boliviana. Mientras que los corresponsables del golpe como la Sra. Añez, Sr. Meza,  Sr. Camacho y otros; buscan negociar, conciliar o desviar sus responsabilidades y por eso es necesario aclarar los hechos: 1.El golpe del 2019 en Bolivia comenzó el 21 de octubre, con el llamamiento a protestas hecho por Carlos Mesa, el accionar terrorista de grupos paramilitares dirigidos por Luis Fernando Camacho, el motín policial y la insubordinación de los mandos militares, hasta el derrocamiento del gobierno constitucional de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019. Luego siguió la conspiración entre Camacho, Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y la jerarquía de la iglesia católica, con la conformación de un gobierno ilegal que usurpó el poder autoproclamándose presidenta de forma inconstitucional Jeanine Añez, el 12 de noviembre. Este gobierno golpista ordenó a los militares y policías disparar a mansalva contra la población ocasionando la Masacre de Sacaba el 15 de noviembre y la Masacre de Senkata el 19 de noviembre, en las que murieron decenas de bolivianas y bolivianos. 2.Es absolutamente falaz el argumento de la jerarquía católica y de Mesa en sentido de que la legalidad del gobierno de Añez radica en dos leyes: la 1266 del 24 de noviembre de 2019 y la 1270 del 20 de enero de 2020. Dejando en claro que esas dos leyes fueron aprobadas en un contexto de coerción y persecución, su aprobación es posterior a las masacres de Sacaba y Senkata, por lo que Mesa ha reconocido que ambas masacres deben ser juzgadas por la vía ordinaria. 3.Se debe continuar la investigación y el juzgamiento por vía ordinaria de todos estos hechos, en base a las denuncias presentadas por Lidia Paty, a la que se sumó la de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado. Se debe convocar a que declaren en la Fiscalía todos los involucrados en el golpe: nuevamente convocar a Carlos Mesa, esta vez como investigado y no sólo como testigo que ha obstruido la justicia, a Luis Fernando Camacho y a su padre en la misma condición, a Jorge Quiroga, a Samuel Doria Medina, incluyendo a los representantes de la jerarquía de la iglesia católica que participaron en las reuniones en las que se conspiró para la conformación del gobierno golpista. 4.No corresponde abrir “juicio de responsabilidades” a Añez, pues ha quedado demostrado que nunca hubo una sucesión constitucional ni una transición democrática. Se trató de un golpe sangriento contra Evo Morales, una interrupción violenta del proceso democrático boliviano y la usurpación “ipso facto” del poder, una sedición contra todo el ordenamiento constitucional boliviano. Hacer un “juicio de responsabilidades” significa la aberración de darle constitucionalidad al golpismo y la sedición. Significa darles privilegios a los golpistas para que afronten un juicio. Significa traicionar al pueblo. 5. Se cae por la base el absurdo argumento de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) que afirma: “si el de Añez fue un gobierno inconstitucional significa que también el gobierno de Luis Arce es inconstitucional”. Luis Arce fue elegido en las urnas por el pueblo boliviano, en elecciones convocadas por ley aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El gobierno democráticamente electo de Arce no tiene nada que ver con la usurpación ilegal e inconstitucional, impuesta por las armas, de Añez. 6.La demanda de Justicia es innegociable y menos con quienes fueron, junto con Añez y Murillo, coautores materiales e intelectuales de la sedición, la conspiración y todos los actos de violencia de octubre-noviembre de 2019. Alertamos que será un acto de traición al pueblo boliviano transar en la Asamblea Legislativa Plurinacional con Carlos Mesa o con Luis Fernando Camacho, con sus bancadas de Comunidad Ciudadana o Creemos. Esa negociación inevitablemente significará que se les otorgue impunidad y protección en la investigación de los hechos, cuando Mesa y Camacho fueron coautores del golpe.  7.Una vergonzosa negociación con los coautores del golpe puede conllevar una segunda traición al proceso de cambio: entregar a leales compañeras y compañeros (Leonida Zurita, Alicia Muñoz, Hugo Salvatierra, Juan Ramón Quintana, Alfredo Rada) que hace más de una década fueron procesados de manera absolutamente ilegal e injusta por la fiscalía controlada entonces por el adenista Mario Uribe. 8.Finalmente, frente a los discursos de “conciliación” que se escuchan incluso dentro de nuestro gobierno, hay que recordar que la reconciliación sólo será posible con la Justicia, y que no puede haber “consenso” con quienes asesinaron a nuestros hermanos en Sacaba y Senkata, con quienes quemaron la wiphala e hicieron gemir al pueblo durante los 11 meses que duró la dictadura. Si no hay justicia vía ordinaria, se vuelve a repetir la historia y nuevamente campearía la impunidad como en las dictaduras de Banzer, Natuzch, Meza y otros. Ninguna maniobra debe torcer la voluntad de un juicio a los corresponsables del golpe del 2019 en Bolivia.

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