«Declaro la guerra contra las drogas». Esta frase, pronunciada por Richard Nixon el 17 de junio de 1971 en la Casa Blanca, marcó el inicio de una estrategia intervencionista en la que EE.UU. se erigió como gendarme mundial del combate al narcotráfico.
Los resultados han sido desastrosos. Cinco décadas después, no hay un solo efecto positivo. Al contrario. Hoy hay más sustancias prohibidas, son más baratas, más accesibles y con mayor potencia. El consumo aumentó tanto en EE.UU. que ha enfrentado epidemias consecutivas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, y sigue siendo el país que más consume drogas.
Las organizaciones criminales crecieron, se multiplicaron, se profesionalizaron, se globalizaron. Se expandieron a todo el mundo con la invaluable ayuda de los bancos estadounidenses y europeos que lavan las multimillonarias ganancias del negocio trasnacional e ilegal más lucrativo.
La estela de víctimas es interminable: los usuarios que tienen consumo problemático y que son tratados como delincuentes, no como personas con problemas de salud; los cientos de miles de muertos y desaparecidos por la disputa de territorios o de mercancías o por la militarización del combate que sólo acrecentó las violaciones a los derechos humanos; los campesinos sumidos en la pobreza y que sólo pueden sobrevivir con la siembra de adormidera, hoja de coca o marihuana, o a quienes les arrasan sus campos con fumigaciones dañinas y erradicaciones forzadas; las ‘mulas’ que, a cambio de unos cuantos dólares, aceptan utilizar su cuerpo para transportar drogas; los consumidores que cumplen condenas por delitos que no deberían ser tales; los hombres y mujeres que forman parte de los eslabones más vulnerables de la cadena narco y a los que se les imponen condenas desproporcionadas.
Y la violencia endémica. Si lo sabrán especialmente Colombia y México.
Cada año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes presentan informes sobre drogas y narcotráfico que demuestran que, más allá de oscilaciones en la producción, el negocio se mantiene firme. No importa cuántos narcotraficantes mueran, se detengan o condenen, o cuántas toneladas se decomisen. El negocio solamente cambia de manos y no para de crecer.
Lo increíble es que, a pesar de que las cifras de producción, variedad de sustancias, consumo, muertes y presos evidencian que esta guerra ha sido infructuosa, la retórica bélica sigue vigente y cada tanto es repetida por presidentes latinoamericanos. Todavía es un discurso predominante que contrasta con los esfuerzos de sectores sociales que apuestan por modificar las políticas de drogas para que se aborde prioritariamente como una problemática de salud basada en el respeto a los derechos humanos.
El origen
Nixon fundamentó su nefasta guerra en el persistente consumo y en premisas moralinas. Hilvanó un lenguaje en el que consideró el abuso de sustancias como el «enemigo público número uno» al que había que derrotar a toda costa bajo tres ejes: la criminalización de los consumidores, el prohibicionismo absoluto de determinadas drogas y la militarización en el combate al narcotráfico en los países latinoamericanos productores.
La meta, irreal, era desterrar todas las drogas ilegales. Que dejaran de producirse y de consumirse.
Para reforzar su estrategia, en julio de 1973 creó la Drug Enforcement Administration (DEA) que, a partir de ese momento, sería omnipresente en las operaciones contra el narcotráfico alrededor del mundo y que junto con la CIA se disputaría recursos financieros para seguir justificando su existencia.
En el imaginario estadounidense ya predominaban la estigmatización y los prejuicios raciales. Desde principios del siglo pasado habían vinculado a los chinos con el opio; a los negros con la cocaína; y a los mexicanos con la marihuana. Eran una amenaza. EE.UU. jamás ha admitido su responsabilidad en el negocio narco debido a sus altos niveles de consumo, al tráfico de armas y al lavado de dinero. Los culpables siempre son otros. Están convencidos. De ahí el éxito de la promesa de Donald Trump de construir un muro para cerrar el paso a los narcos mexicanos. De los narcos estadounidenses jamás sabemos nada.
Ya en los 80, Ronald Reagan insistió en que las drogas representaban una amenaza para la seguridad nacional. La guerra antinarcóticos se convirtió en una prioridad y EE.UU incrementó la asistencia militar y policial en América Latina. A través de la Iniciativa Andina, combatió el cultivo de marihuana y la producción de cocaína sin entender las complejas causas económicas, políticas y sociales que permitían el auge de estos cultivos en países como Colombia, Bolivia o Perú.
La hipocresía siempre ha estado latente. La CIA llegó al extremo de permitir el ingreso de drogas a EE.UU. a cambio de que los cárteles apoyaran a la Contra, el grupo armado que financiaba para derrocar a los sandinistas en Nicaragua. El caso Irán-Contras ha sido uno de los grandes escándalos de corrupción e intervencionismo de EE.UU. en América Latina, pero no el único.
Rebeldía
Durante décadas, EE.UU. extorsionó al resto de los países latinoamericanos con una certificación anual que evaluaba si habían obedecido sus políticas antidrogas. En caso contrario, les cortaba el flujo millonario de recursos. A varios gobiernos dependientes no les importó afectar a sus ciudadanos y provocar sangrientos conflictos sociales con tal de entregar buenas cuentas.
Importaban más las cifras de campos erradicados, drogas decomisadas y narcos detenidos y asesinados, que las personas, los derechos humanos y la democracia.
El tema era tan central en la agenda de los gobiernos estadounidenses que, a fines del siglo pasado, el 92 % del presupuesto de asistencia militar y policial en América Latina y el Caribe se destinaba a la guerra contra las drogas. Pero en septiembre de 2001 la preocupación cambió por completo para dar prioridad a la «guerra contra el terrorismo».
Aun con recortes presupuestarios, las políticas de drogas siguieron inmutables. Desde Nixon hasta ahora, todos los presidentes estadounidenses han anunciado «éxitos» en la guerra contra el narcotráfico que, en realidad, son inexistentes. Es un «ya casi ganamos» que, 50 años después, es todavía más inalcanzable.
Por eso, comenzó a asomar la rebeldía. En 1998, a instancias de México, se celebró en Nueva York una Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas en la que países latinoamericanos y europeos advirtieron que no compartían una guerra que había provocado más daño que el consumo mismo de las sustancias. En lugar de analizar alternativas, la ONU volvió a comprometerse con «un mundo libre de drogas». De nuevo, la meta imposible.
Desde entonces, expresidentes, premios Nobel, periodistas, profesores universitarios, parlamentarios, empresarios, médicos, criminólogos, diplomáticos, políticos, filósofos, sociólogos, activistas, jueces y sacerdotes de decenas países, incluido Estados Unidos, han convocado a través de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia a cambiar el paradigma, a enfocar las políticas mundiales de control de drogas sin miedos, prejuicios y prohibiciones punitivas que cedan al sentido común, la ciencia, la salud pública y los derechos humanos.
Alternativas
La discusión está latente, tanto como las resistencias y los avances.
En 2013, Uruguay hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la producción, consumo y venta de la marihuana con fines medicinales y recreativos. Es decir, toda la cadena del negocio. Luego le siguió Canadá. México, que tiene un papel central en el negocio narco, está a un paso de imitar esta política rupturista e incluso desde el Gobierno abren la puerta a regular también la amapola, materia prima de la heroína.
La legalización de la marihuana ya rige en más de la mitad de los estados de EE.UU. En Portugal, la despenalización del consumo y el fin de la estigmatización a los usuarios de drogas logró reducir el mercado de cocaína y heroína y la población carcelaria. En gran parte de Europa se fortalecen las políticas de reducción de daños con salas de consumo supervisadas por el Estado que incluyen el intercambio de jeringas para evitar la propagación del VIH y hepatitis B y C entre los usuarios de heroína y otras drogas inyectables.
No se trata de promover las drogas, de frivolizar su consumo ni de alentarlo. Tampoco de que los países latinoamericanos asuman solo el papel de víctimas, porque, con el pretexto de combatir el narcotráfico, muchos políticos violan gustosamente y por su cuenta propia los derechos humanos y lideran o participan de las prácticas de corrupción inherentes al negocio.
Lo fundamental es ser realistas. Entender que las drogas se van a seguir produciendo y consumiendo. Que las políticas aplicadas hasta ahora no funcionaron y que hay que diseñar y poner en marcha alternativas alejadas de dogmas y prejuicios. Que así sea, por el bien de nuestras sociedades.
