Realizan campeonato de corrupción de los últimos 25 años de Bolivia

Desde que instituciones especializadas empezaron a estudiar el fenómeno de la corrupción, Bolivia ha logrado puestos destacados en sus tablas de clasificación. Si se tratase de un deporte, las autoridades bolivianas de diverso signo y color estuvieron cerca, varias veces, de lograr campeonatos mundiales. Vale decir que siempre, mejor dicho, durante ya 25 años, mantuvieron la imagen del país por los suelos o muy cerca. 

La más aplicada al estudio de esta oscura temática es la organización no gubernamental alemana Transparencia Internacional (TI) que lanzó su primer ranking de corrupción en 1996. Allí, Bolivia ocupaba el puesto 16 entre 52 países. Era el sexto país más corrupto de Latinoamérica. Pese a la mala nota, la novedad pasó relativamente inadvertida. Andábamos mal, aunque no tanto. 

Pero el siguiente informe de TI resultó noticia de portada dentro y fuera de Bolivia. En 1997, el país ocupaba el segundo puesto entre 52, sólo por detrás de Nigeria. La sorpresa tuvo tal eco que incluso, 12 años más tarde, el expresidente Evo Morales repetía: “Ya no somos subcampeones mundiales de la corrupción”, como restregándoles a sus opositores una vieja herida. 

Quien recibió aquella deshonrosa medalla de plata resultó el Gobierno de Hugo Banzer (Acción Democrática Nacionalista – ADN). Pero gran parte de los méritos los había hecho su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario – MNR (1993-1997). 

Primer subcampeonato

Entre 1993 y 1996, aquel Gobierno había privatizado las más importantes empresas estatales, y el propio presidente-empresario consolidó su emporio minero. La puja internacional se transformó en una caja de pandora colmada de tratos oscuros que paulatinamente fueron descubiertos. 

Los escándalos salpicaron al Gabinete de Sánchez de Lozada, al Congreso Nacional y al Poder Judicial. Baste citar que los contratos para la explotación de los hidrocarburos se firmaron sin que sean aprobados por el Congreso, tal cual dictaban las leyes. O el hecho de que un agente de la CIA, José Ibarra, filmase a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando recibía una coima de 15 mil dólares. 

Sobre las razones de aquel subcampeonato, en años posteriores surgió abundante información, especialmente en las investigaciones de Juan Carlos Virreira, Andrés Soliz Rada y Enrique Mariaca Bilbao. A ello se sumaban los clásicos botines políticos de instituciones como Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Caminos y Aduanas. Probablemente los reportes que llegaron a TI presentaban a Bolivia como una academia o centro de alto rendimiento para la corrupción.

“El aplazo que puso TI no sólo significaba mala imagen, sino que ahuyentaba inversiones y créditos internacionales que el Gobierno de Banzer buscaba desesperadamente —explica el abogado y politólogo Jaime Zuleta—. Entonces convocó a una misión conjunta del Banco Mundial, a través de su Instituto de Desarrollo Económico (EDI) y la propia TI. Les pidió que elaboraran, con el Gobierno, una evaluación de la situación de corrupción en Bolivia, y perfilaran un programa de lucha contra la corrupción. El proyecto avanzó y recibió un importante respaldo internacional”. 

En el informe 1998 de TI, el país pasó al puesto 16 entre los más corruptos del planeta y ocupaba el sexto lugar en Latinoamérica. Transparencia, esta vez, ya había evaluado a 85 países. Pero aquella mejora no dio para mayores avances posteriores. Ya aquel Gobierno de Banzer y el de su sucesor, Jorge Quiroga, hasta el año 2002 vieron nuevamente multiplicados los casos de corrupción. 

“De esto sabían las hijas del presidente Banzer y pregúntenle a él mismo”, señaló el exministro de Defensa Fernando Kieffer el 3 de septiembre de 1998. Descargaba así responsabilidades por la compra de un avión ejecutivo Beechcraft a un sobreprecio de casi 3 millones de dólares y bajo el justificativo de ayuda civil con dinero de donaciones para el terremoto de Aiquile en Cochabamba. 

“Defenderé mi honra en el llano —decía el 7 de abril de 1999 el ya exministro de Salud, Tonchi Marinkovic—. ¡Soy inocente!”. Y nunca se aclaró por qué hubo un sobreprecio de 385 mil dólares en una compra de vacunas con dineros de la cooperación internacional. 

Una empresa conocida

Diez millones de dólares en escopetas que nunca llegaron a la Policía Boliviana también mancharon al gobierno de Banzer en abril de 2000. Berkman SRL, la empresa que había vendido aquella producción, desató el escandalete; hoy se ha vuelto a saber de ella. Tres ministros de Gobierno, Leopoldo Fernández, Walter Guiteras y Guillermo Fortún, y el interinato presidencial posterior de Jorge Quiroga evadieron sistemáticamente cualquier aclaración. Otro misterio hasta el presente y otra pauta de por qué TI y otras organizaciones no subieron la calificación al país. 

La lista da para otra de las antologías de corrupción que podrían escribirse. Baste añadir que a escasos metros de palacio de Gobierno, en aquel tiempo, el yerno de Hugo Banzer, Luis Alberto Valle labraba su propia marca. Era prefecto del departamento de La Paz y había instalado una alcoba en sus oficinas y, entre otras actuaciones, remataba casi abiertamente la maquinaria de la institución. Adicionalmente se le conocían sus fiestas en el hotel de lujo que había montado en el célebre parque Madidi, allí en la cabeza de la Amazonía boliviana. En el Congreso Nacional se había empezado un discreto trámite que asignaba dietas vitalicias para todos los senadores. Todo fácil para los investigadores de TI. 

Para el informe 2002, Bolivia ocupaba el puesto 14 entre los más corruptos del mundo y era el segundo en Latinoamérica sólo por detrás de Paraguay. Esta nota se agravaba además porque TI ya había ampliado su lista a 102 países estudiados. Ese año, Gonzalo Sánchez de Lozada volvía al poder y también jugó sus propias cartas para mejorar la imagen y atraer inversores: tener como vicepresidente al periodista Carlos Mesa Gisbert, quien había condicionado ir en la fórmula si se le daba carta blanca para combatir la corrupción. 

Sin poder que valga

“Le estoy entregando a Carlos un poder —dijo Sánchez de Lozada el 18 de febrero de 2002—. Es un documento para que, a partir de la presente fecha, diseñe y desarrolle, y en el período de gobierno 2002-2007 ejecute la política de Estado de lucha contra la corrupción”. 

Al plan de Mesa se sumó la exigencia de un delegado revisor del programa de privatización (llamado plan de “Capitalización de las empresas estatales”) del primer gobierno de Sánchez de Lozada pactada tras el pacto de gobierno con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue designado en ese cargo el ya mencionado Juan Carlos Virreira. 

Fue un gobierno fugaz de 14 meses. “El modelo de aquel sistema de partidos no sólo se hallaba plagado de corrupción, sino que no superaba una crónica crisis económica —explica Zuleta—. Y en aquella coyuntura (agosto de 2002-octubre de 2003) no dejaron de menudear los casos de corrupción. Se llegó al extremo de que allegados al Ministro de Defensa y al Canciller fueron descubiertos utilizando conscriptos militares en labores agrícolas particulares. También se desataron escándalos por jugosas consultorías para obras sociales que se llevaban más del 80 por ciento de los fondos en pagos a los consultores”. 

Pero la nota más sonada probablemente fue la sorpresa que desató el delegado revisor de la Capitalización. Entre varias demandas, Virreira pidió la extradición del ministro responsable de aquel programa, Alfonso Revollo, y un juicio penal contra la transnacional energética Enron. Nadie se atrevió a usar ningún poder irrevocable contra la corrupción. Es más, Virreira fue destituido. Obviamente, las sonadas denuncias contra la fortuna que Sánchez de Lozada había acumulado en el país sólo tuvieron como respuesta el silencio oficial. 

Sin proceso de cambio

Tras la violenta caída del Gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, los gobiernos interinos de Carlos Mesa (octubre de 2003-junio de 2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (junio 2005-enero 2006) vivieron acosados por presiones sociales, cívicas y políticas. “Ello puso en evidencia nuevas formas de corrupción —explica el analista—. Un ejemplo son las presiones cívicas que obedecían a coimas de empresas para que se les asigne obras, especialmente carreteras. Otras fueron las que implicaban a sindicatos que presionaban por acuerdos para provisiones o servicios, también fruto de coimas. Parlamentarios y jueces se hacían funcionales a ellos”. 

A la llegada de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, TI ubicaba a Bolivia en el puesto 55, sobre 160 países. Era además el noveno país más corrupto de Latinoamérica. Morales lanzó el “Proceso de Cambio” con su propuesta anticorrupción: una ley específica a la que dio el nombre del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y un Viceministerio de Lucha contra la Corrupción que luego se convertiría en Ministerio. Además, en su política de nacionalización, su primer ministro de Hidrocarburos y Energía, Andrés Soliz Rada, anunció una profunda revisión de los contratos y acuerdos petroleros de tiempos de la Capitalización.

La labor de Soliz Rada fue especialmente notoria. Su equipo inició un proceso de auditorías a las empresas petroleras que operaban en el país. Anticipó graves delitos y daños a la economía. Pero tras el decreto de la Nacionalización de los Hidrocarburos en mayo de 2006 sobrevinieron una serie de negociaciones entre las principales autoridades de gobierno y los ejecutivos de las petroleras. Soliz cuestionó recurrentemente aquellas conductas. En septiembre renunció al cargo reclamando la publicación de las auditorías petroleras y denunció a un “grupo palaciego”.

Paralelamente, desde aquellos años empezaron a menudear, notables casos de corrupción. “El Poder Judicial y el Parlamento fueron cooptados por el MAS —señala el sociólogo Jaime Zavala, especializado en temas de corrupción—. La Ley Quiroga Santa Cruz y el Ministerio Anticorrupción fueron utilizados como arma de presión y acoso político contra opositores”. 

Segundo subcampeonato



Alrededor de 2012 surgieron otras organizaciones e instituciones que clasificaron la corrupción en los países. Natural Resource Governance Institute (NRGI), US News y el propio Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) lanzaron sus propios sistemas de clasificación. En 2015, NRGI ubicó a Bolivia entre los nueve países más corruptos del mundo y como tercero en el continente, sobre 209 investigados. 

En 2016, TI clasificaba a Bolivia en el puesto 43, sobre 176 países y era sexto en Latinoamérica. Sin embargo, ese mismo año el WEF lo ubicó como el segundo más corrupto del mundo sobre un total de 138 países, sólo por detrás de Venezuela. En enero de 2020, US News hizo su propia clasificación, basada en las pautas de TI, pero además en la percepción de los ciudadanos de cada país. En este ranking Bolivia resultó ubicado entre los nueve más corruptos del planeta y quinto en Latinoamérica. 

En su informe de 2021, TI ha situado al país en el puesto 55, entre 179. Ocupa el sitio 8 en Latinoamérica. Evo Morales dejó el poder hace 19 meses. También sumó un subcampeonato mundial y abundantes críticas. Pero quienes lo siguieron no salieron indemnes. En estas semanas, el escándalo de corrupción del exministro Arturo Murillo y la empresa Berkman en EEUU resalta entre las noticias destacadas. “El nuevo gobierno masista, a semejanza de aquellos del MNR que no quisieron tocar la Capitalización, evade tocar los escándalos de los 14 años pasados del ‘proceso de cambio’”, dice Zavala. Será difícil salir de ese top 10. 

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