Valdez sugiera que justicia protege algunos concejales que aprobaron puente millonario

ACTUAL CONSEJO MUNICIPAL NO TIENE LA VOLUNTAD PARA PARALIZAR LA OBRA, SE TIRAN LA PELOTITA

Puente de la verguenza

Alan Echart, ex concejal aprobó junto con otros cinco la polémica obra, ahora se encuentra como director del Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (Sedegia), es decir protegido de la Gobernación de Tarija.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

Alberto Valdez, concejal de la anterior gestión municipal y la actual apuntó que se está a la espera de que la justicia los convoque, pero, el poder judicial no esta convocando a todos los ex concejales que aprobaron la construcción de la cuestionada obra, se estaría protegiendo a algunas autoridades.

“Ha habido sorpresa con algunos concejales que la justicia no estaría convocando que aprobaron este tema, son seis los que aprobaron eta obra, la justicia debe ampliar” expresó Valdez ante cámaras de Televisión Andalucía, cadena hermana de El Andaluz.

Los concejales que aprobaron la construcción del puente millonario son Alfonso Lema Grosz, Cira Flores Villarroel, Esther García, Alan Echart Sosa, Valmore Donoso Zambrana y Freddy Yucra Paredes.

Alfonso Lema trabajó como alcalde interino tras la salida de Rodrigo Paz, y Alan Echart ahora se encuentra como director del Servicio Departamental de Gestión Integral del Agua (Sedegia), es decir protegido de Oscar Montes.

Valdez señaló además que se esta terminando el plazo para que desde el ejecutivo municipal presenten un informe sobre el avance de la obra.

Por su parte el concejal, Fernando Castellanos, indicó que dentro del concejo municipal se realizará un informe para apuntar si es aconsejable parar o no el puente millonario 4 de julio, a fin de mes emitirán el criterio. EL concejal no se mostró muy preocupado por el gasto que representa la observada obra que ya fue observada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

Castellanos resaltó que se realizará la fiscalización de forma transparente y lamentó que este proceso desde la aprobación hasta la ejecución del puente estuvo a cargo de la anterior gestión, y no se hizo el control correspondiente, dio a entender un actuar dudoso del anterior concejo municipal.

No se justificó ni la compra de material, pero, continua la construcción del puente 4 de julio

El Puente 4 de julio o el puente millonario de la discordia, tuvo una evaluación por parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), filial Tarija, donde se demostró que existen informalidades e irregularidades, la más concurrente es que el municipio de Cercado entregó información faltante, inconclusa, amputada, como si no se deseara una evaluación completa, en todas las dimensiones del informe se resalta que faltan datos.

Tanto en especificaciones técnicas y de forma el proyecto esta observado como faltante, pero, en una parte del informe elaborado por la comisión: análisis administrativo, socio económico y ambiental, se nota algo alarmante, ya que se concluye que “NO SE RECOMIENDA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO”.

También se observó que los plazos no concuerdan con lo establecido “Sobre el Plazo no se está efectuando un control serio y responsable por los actores del proyecto, el cual debe hacerse el seguimiento y control respectivo según Cronograma de Actividades” dicta la página 39 de documento público de la SIB. 

Se observaron los precios de adquisición, ya que fueron consultados por la cámara de construcción, además que no se especifica la fuente o el lugar de compra.

En enero el past presidente del Colegio de Arquitectos de Tarija (CAT), Leopoldo López, informó en una entrevista en Televisión Andalucía que se reunieron con el ex alcalde de Tarija, Alfonso Lema, y se informó que habrían adquirido tres apoyos para el puente, los cuales tenían un precio equivoco.

Esto fue tachado de irreal por el antiguo secretario de obras públicas, Rodrigo Ichazu, sin embargo, el informe de la SIB dentro del mar de irregularidades que se tiene dicta lo siguiente respecto a los materiales y los apoyos.

-Incumple la normativa, debido que el Material debe estar claramente definido y especificado.

– Al no incluir la Entidad los Materiales ha dado curso y libertad, a que este ítem será ejecutado irregularmente, teniendo así una ejecución no adecuada a la Especificación Técnica.

– No se ha construido y ejecutado este ítem

– Se sustituye incumpliendo la especificación técnica por un emplazamiento de 3 contenedores, que no responden al costo de 110.222,70 Bs.

Por si no fuera suficientemente lapidaria, en la parte ambiental se apunta que no se cumplieron con las normas ambientales establecidas en la ley 1333, se evidenció que no se cumple con las medidas de mitigación ambiental. También especifican que es necesaria una auditoria y detener el proyecto. 

En palabras del propio informe se dicta lo siguiente:

Después de haber revisado los documentos que el gobierno municipal de Tarija facilito a la sociedad de ingenieros Bolivia regional Tarija ,se recomienda la RESOLUCION DE CONTRATO por haber encontrado indicios de sobre precio en los precios unitarios contractuales con la empresa adjudicada, existe inconsistencia de justificación técnica estructural, el proyecto es inviable financieramente por el alto costo, no existe la suficiente justificación técnica para determinar el lugar de emplazamiento, existe inconsistencia en la evaluación de impacto ambiental, el documento de estudio a diseño final carece de documentos de socialización del proyecto con las instituciones representativas de la Ciudad de Tarija como es el colegio de arquitectos ,Colegio de Ingenieros civiles, Colegio de ingenieros Ambientales barrios colindantes con el proyecto ( Ley de participación y control social), hacemos notar que de no realizar la resolución de contrato por todo lo indicado puede generar responsabilidades por incumplimiento de deberes.

Estas recomendaciones fueron realizadas en la parte del informe presentada por los ingenieros, Iván Medina Castillo y Rodrigo Alcoba Trujillo.

A pesar de todo el trabajo observado por la Sociedad de ingenieros de Bolivia, el actual alcalde, Johnny Torres, concluirá la obra, es mas los trabajos se están realizando de manera apresurada, el ahínco con el que trabajan todos los días parece haber sido multiplicado desde que Alfonso Lema dejó el municipio.

A pesar de las continuas observaciones Torres, terminará el proyecto que no pudo Rodrigo Paz, ex alcalde de Tarija actual senador e impulsor de esta obra.

EL ex alcalde prometió varias veces terminar el puente, pero, jamás se hizo, por eso la SIB informó de retraso en el contrato.

En el año 2017 La Voz de Tarija publicó que Rodrigo Paz habría anunciado que el puente es solo un poco mas caro que el Bicentenario,

“Estamos intentando hacer un nuevo sistema vial en la ciudad, el 4 de julio es un par de millones más caro que el Bicentenario a precios actuales, si lo construiríamos hoy en día” aseguró, como demostramos la SIB señaló que los precios acorde a la cámara de construcción hacen que la obra sea mucho más cara de lo oficial,a demás no hay justificativo de compra de materiales.

El puente Bicentenario costó 21 millones, si lo pusieran diez años después costaría 30 millones, si lo quisieran de hacer de 4 vías, costaría 60 millones, en el puente no entra un peatón, no fue diseñado para ser un puente urbano, este nuevo puente tiene un solo arco, cuesta 3 millones más”, expresó Rodrigo Paz en el 2017, estas incongruencias e inverosímiles declaraciones tiene sentido con el informe destacado de la SIB.

Imputaciones por el puente

El ex alcalde interino de Tarija, Alfonso Lema, el ex alcalde ahora senador, Rodrigo Paz, la miembro de la agrupación UNIR, Cira Flores, el expresidente del concejo municipal, Valmoré Donoso, junto con seis personas más que participaron en la adjudicación del puente 4 de Julio, apodado puente millonario, están siendo imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, daño económico al Estado, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado. 

El representante del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en Tarija, Gustavo Ávila, informó a El Andaluz que cada autoridad está siendo imputada por distintos cargos, esto debido a la contratación y adjudicación de la empresa Convisa para la construcción del polémico y hasta ahora inconcluso Puente millonario.  

Ávila resaltó que también al representante de la empresa Convisa, David Henry Terceros, se los estaría imputando por falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, y contratos lesivos al Estado, se sospecha que Terceros falsificó documentos para adjudicarse la obra.

El representante del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en Tarija señaló que están en etapa de investigación del proceso, esto hasta que el Ministerio Público comprueba los delitos, y los delitos podrían cambiar de tipificación.

Rodrigo Paz se saldrá con la suya

Marco Antonio Cardozo, abogado, señaló que los administradores públicos en función tienen preferencias ante la ley, debido a que la Constitución Política del Estado (CPE) está diseñada para proteger a los políticos, debido a esto, personas como Rodrigo Paz Pereira, ex alcalde de Tarija y actual senador, que lleva bastantes obras millonarias siendo observadas no tendrá un juicio como corresponde, la ley lo protege.

Cardozo cito el articulo 152 de la CPE, donde asegura que asambleístas no gozan de inmunidad, pero, tampoco pueden cumplir detención preventiva.

El mencionado párrafo dicta “Las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante”.

Es decir que Rodrigo Paz jamás será cautelado por los delitos que puedan ser encontrados si se realiza una investigación de obras como el Puente 4 de julio.

“Mientras Rodrigo Paz o cualquier miembro de la asamblea legislativa plurinacional tenga un mandato la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, la ley 004 no le va poder agarrar” afirmó Cardozo.

Debido a esto el jurista expresó que los “políticos” siempre “se salen con la suya”, porque influyen en los testigos, peritos, jueces.

Entonces el principio de inocencia solo se aplica si eres autoridad, mas no, cuando eres un ciudadano civil, porque los demás aun si son inocentes entran en procesos, difamación, gasto de dinero.

El abogado también argumentó que la clase política es favorecida y goza de beneficios no solo porque no se le aplica la detención preventiva, sino que se los favorece cuando hacen campaña y se les facilita el camino una vez en la administración pública.

La sentencia constitucional 32/2019 tiene una particularidad que te dice que algunos artículos de la CPE no se aplican en los políticos. Porque esta sentencia no los obliga a renunciar cuando están en campaña política, y esto permite que puedan utilizar el aparato estatal en cualquier nivel para realizar campaña.

“Por los argumentos expresados precedentemente, se deberá aplicar preferentemente lo dispuesto en el art. 23 de la CADH, al ser la norma más favorable en cuanto a los derechos políticos, sobre el art. 238.3 de la CPE; en consecuencia, quienes ocupen cargos electivos en general, no necesariamente deberán renunciar tres meses antes para postular a un cargo electivo, condición que se mantiene para los servidores designados y los de libre nombramiento” dicta la sentencia constitucional 32/2019 en su parte final .

Para el abogado Marco Cardozo, esto marca una clara diferencia entre políticos y el resto de los ciudadanos.

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