Arias por caso gases lacrimógenos: ‘no se aprobó un decreto para que un exministro se corrompa’

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se presentó este viernes a la Fiscalía  a declarar como testigo en el caso gases lacrimógenos y, en la oportunidad, aseveró que su excolega de gabinete Arturo Murillo hizo mucho daño a la democracia y que el decreto aprobado para esa adquisición no eran para que se corrompa.

Arias fue convocado a declarar porque cuando era Ministro de Obras Públicas firmó decretos con que se autorizó al Ministerio de Defensa a realizar compras directas de material bélico y se dispuso del presupuesto para comprar los agentes químicos.

El Alcalde sostuvo que el decreto aprobado entonces cumplió todas las formalidades, incluso según una ley que fue emitida anteriormente por Evo Morales.

“No se aprobó un decreto para que un exministro se corrompa. En ese marco he hecho mis declaraciones y yo creo que los bolivianos tenemos que comprometernos a que nunca se utilice la función pública para enriquecerse”, dijo Arias al salir de su declaración.

Lamentó también que por la corrupción se afecte la credibilidad de la democracia en el país. “La lógica el de ‘yo le meto nomás’, también ha provocado que muchos funcionarios se sientan motivados a cometer cualquier delito sabiendo que no va haber sanción”, acotó.

Al ingresar a la Fiscalía, Arias también se comprometió a evitar que la corrupción carcoma la institución pública.

“La corrupción tiene que ser combatida, el señor Murillo le hizo mucho daño a la democracia y al proceso que estamos viviendo y, por lo tanto, la justicia se hará cargo”, sostuvo el burgomaestre.

Aclaró también que con el decreto sólo se autoriza la adquisición, pero no así cómo ni a quienes se contrata. Señaló que eso es responsabilidad de los ministros que realizaron la compra.

Consultado de por qué no adviritó antes sobre Murillo, Arias señaló que recién se enteró de lo sucedido por la invsetigación que se hizo en Estados Unidos.

Murillo se encuentra ahora detenido en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos a cambio de direccionar la contratación de la empresa Bravo Tactical Solutions para la adquisición de gases lacrimógenos durante el gobierno transitorio. 

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