Abogado de Petrobras dice que en Tarija hubo prevaricato e irregularidades

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

Luis Fernando Calvo Moscoso, abogado defensor de la gigante transnacional Petrobras, en contacto con Televisión Andalucía, cadena hermana de El Andaluz, señaló para las noticias de Tarija que hubo una demanda de una familia a PETROBRAS por más de 170 millones de dólares por el uso de tierras, una jueza de Entre Ríos, condenó que la transnacional pague 61 millones de dólares de ese monto, mas los intereses por el uso, que llegaría a una suma de 100 millones de dólares.

Calvo indicó que la demanda es del campo San Alberto por el uso de los suelos, donde Petrobras ocupa alrededor del 35 por ciento, la mayoría YPFB, perteneciente al Estado, sin embargo, el jurista aclaró que Petrobras es la que administra.

Sin embargo, el abogado expresó que existen irregularidades en el proceso, ya que no puede ser una cantidad tan grande de dinero por una tierra que supuestamente son cultivables.

Se supone que la tierra es utilizada para cultivar soya, debido a esto se llegó a los 100 millones de dólares, el abogado dice que son Serranías no aptas para cultivos, “es una falta de respeto, llega a extremos impensables” expresó a tiempo de señalar que no se necesitan conocimientos jurídicos muy grandes para saber que todo el caso es irregular. 

Debido a esto Luis Fernando Calvo Moscoso indicó que se esta demandando a la jueza por prevaricato ante las instancias judiciales pertinentes, debido que se sometió una serie de irregularidades.

Según el articulo 173 del código penal, la Jueza o el Juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años. Es decir, el delito tipificado como prevaricato se sanciona con cárcel.

El jurista apuntó que la familia demandante no tiene en derecho propietario, se consiguieron un título en el año 1971, mas no tiene un valor real sino de revisión para saber si fue legalmente adquirido expresó.

En la perspectiva del abogado que defiende a la gigante transnacional, existe una complicidad entre ex abogado del INRA, la jueza denunciada por prevaricato y la familia Baldivieso, que seria la que demanda por millones a Petrobras.

Calvo dijo que la mayoría de las tierras son comunitarias, “se ha convivido en plena paz y armonía” explicó.

Esta demanda si sale a favor de Baldivieso quedaría un antecedente nefasto para Bolivia, porque podría acabar con la industria hidrocarburifera en Bolivia.

Antecedentes

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), con relación a las noticias difundidas en los medios, informa que su subsidiaria integral Petrobras Bolivia S.A. (PEB) fue condenada en primera instancia a pagar una indemnización por el uso de la propiedad donde están localizadas las instalaciones del campo San Alberto por un valor de $us 61,1 millones, además de intereses y costas. La sentencia también impone medidas cautelares contra la petrolera.

En cuanto a las medidas cautelares, se pudo saber que la misma está vigente desde los primeros días de abril y que dicho congelamiento de todas las cuentas de la empresa petrolera ya está afectando en el pago de impuestos, salarios, pagos a proveedores y demás gastos operativos.

En el comunicado, PEB hace conocer que apeló a una instancia superior, como es el Tribunal Agroambiental de la ciudad de Sucre, donde el caso es actualmente evaluado.

“Petrobras espera que el Tribunal revierta la decisión. La compañía entiende que ocurrieron irregularidades durante el proceso y PEB se defenderá vigorosamente en todas las instancias”, señala la empresa y agrega que Petrobras refuerza su confianza en las instituciones de Bolivia, donde actúa hace 25 años, siempre con respeto a las leyes y a las comunidades, y acompaña atentamente el desarrollo del caso.

La compañía hace notar que, en la decisión judicial, un supuesto propietario del área ocupada por el bloque San Alberto fue contemplado con una indemnización por uso de la propiedad, calculada a partir de 1996, cuando las operaciones del bloque fueron iniciadas.

Entretanto, la firma asegura que desde el inicio de las actividades en el bloque San Alberto, PEB suscribió acuerdos de servidumbre (“Convenios de Servidumbres”) con diversas comunidades campesinas que, según el levantamiento hecho en la época con el Instituto Nacional de Reforma Agraria de Bolivia (INRA), eran las legítimas propietarias de esas tierras.}

El DEBER publicó la anterior semana a finales de mayo, que pudo conocer que, por concepto de servidumbre, por una superficie aproximada de 672 hectáreas y a través de la firma de 39 convenios con poseedores identificados por el INRA (comunidades y familias), celebrados entre 2000 y 2018, Petrobras Bolivia ha pagado un valor aproximado de $us 570.000.

El bloque San Alberto es operado por PEB con 35% de participación, en sociedad con YPFB Andina S.A. (50%) y Total E&P Sucursal Bolivia (15%).

Los demandantes

Alberto Baldiviezo Vacaflor aclaró que el fallo del tribunal agroambiental de Entre Ríos se encuentra apegado a la Ley y a la Constitución Política del Estado y que, al tratarse de una demanda entre particulares, las obligaciones contractuales asumidas por Petrobras Bolivia S.A. no afectan a Yacimientos ni al Estado.

El demandante también defiende el derecho propietario de María del Rosario Vacaflor Lahore indicando que la propiedad “Campo Grande-San Alberto”, además de una escritura de 1955, cuenta con un título ejecutorial 452649 del 9 de septiembre de 1971, que tiene el consentimiento del INRA en un informe fechado el 28 de enero de 2021.

Según el litigante, es falso y erróneo que existan derechos de terceros registrados en libros de las comunidades reconocidos por la entonces Prefectura de Tarija, que, en su criterio, no es competente para avalar el derecho propietario.

También resaltó que Petrobras conoció de la demanda de pago por uso de propiedad el 4 de agosto de 2014, pero no puso en conocimiento de YPFB, dentro de un plazo límite, tal como establece una cláusula de “costos recuperables”, por lo que Baldiviezo sostuvo que esto libera a la estatal petrolera boliviana de asumir alguna carga y de pagar el monto de la querella.

Se debe recordar que en primera instancia y en cumplimiento a un fallo judicial del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos  (Tarija), a cargo de Verónica Hesse de los Ríos, la empresa Petrobras deberá pagar $us 61,5 millones  a una familia por el uso de los terrenos con una vocación de Función Económica Social (FES), donde está ubicado parte del bloque  hidrocarburífero de San Alberto, situación que es analizada en Sucre.

Al respecto, a decir de Petrobras,  la familia no es poseedora de los terrenos y por lo tanto no

cumple con la FES.

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