Demandarán a exalcaldesa Sosa por 530 contratos «ilegales» y por daño económico al municipio

La responsable de Trasparencia del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Adriana Pedraza, informó que, esta tarde, presentarán una denuncia formal contra la exalcaldesa interina Angélica Sosa en la Fiscalía. La demanda será por los supuestos delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a las leyes, contratos ilegales, falsedad material, falsedad ideológica y otros. La imputación también abarcará al director de Recursos Humanos y allegados.

La denuncia se realizará tras el informe presentado por el  Secretario municipal de Administración y Finanzas, Mario Centellas, en el que se mencionan supuestas irregularidades que se habrían cometido en la anterior gestión municipal con la contratación de personal.  

El propio Centellas dijo que la actual administración municipal se encuentra en «una situación muy difícil por la herencia que ha recibido».

El informe habla de la existencia de «530 contratos ilegales, que no cuentan con certificación presupuestaria» y cuyos salarios suman casi Bs 3 millones. Se suman a ellos otros «1.205  funcionarios que no marcaron entrada ni salida, ni tienen una función específica». Estos últimos han sido contratados entre enero y marzo, para lo cual  se presupuestó un desembolso de Bs 25.6 millones.

“Son clanes políticos; cada concejal, cada funcionario tenía su gente dispuesta en este lugar”, afirma Centellas.

Pedraza planteará la demanda contra Sosa y su equipo cercano para «determinar la responsabilidad civil». De esta manera, pretende lograr el «resarcimiento» ocasionado, «no al municipio, sino a todos los cruceños».

Contratos irregulares

Centellas mostró un desglose de las irregularidades encontradas en la contratación de personal por la gestión anterior. En general, dijo que la partida de personal contratado, los que no cuentan con ítem, resulta deficitaria por el exceso de contrataciones realizadas sin observar el presupuesto.

El reporte muestra que son 7.550 trabajadores bajo esta modalidad de vinculación. La mitad de ellos, es decir, 3.709, corresponden al sector Salud, y otro número importante, 1.226, se asignan a Seguridad Ciudadana.

El secretario de Administración y Finanzas estima «un déficit  de Bs 153 millones» sólo en esta partida. «Es un daño económico total al municipio pues solo se cuenta con Bs 117 millones para continuar con el presupuesto hasta fin de año».

Para nivelar el presupuesto, señala, «se debería despedir a 2.134 trabajadores», considerando un promedio de salario de 6.000 bolivianos al mes.

También se identifican otras irregularidades en contratos que no han completado su tramitación y registro. Son 530 contratos que no se han reportado al Sigep, el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas que permite emitir las plantillas y realizar los pagos. En algunos de estos contratos, incluso, falta la firma de la autoridad o  está reemplazada por un sello, según informó. 

Centellas también se refirió a la supuesta  ilegalidad al contratarse 591 funcionarios que «no cumplen con los requisitos exigidos por la CPE para la contratación». 

El secretario municipal dijo que 281 de estos funcionarios contratados no cuentan con el respaldo de su título profesional, mientras que 310 carecen de la libreta del servicio militar.

EL DEBER ha intentado contactarse con la exalcaldesa Angélica Sosa para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero la es autoridad desvía las llamadas realizadas.

Deja un comentario