Al menos 6 factores favorecen la liberación de feminicidas

Carlos Quisbert / Página 7

Víctimas, abogados, fiscales, jueces y policías investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) coincidieron en señalar que  al menos seis factores son los que favorecen a los procesados por violencia hacia las mujeres y  feminicidio para que obtengan libertad pese a contar con sentencia o ser un evidente riesgo para las víctimas y la sociedad.

El principal de ellos: la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, que entró en vigencia en mayo de 2019, durante la gestión del entonces presidente Evo Morales.

“El Gobierno se equivocó, no debería  hablarse de cambiar la Ley 348 (Ley  Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia), lo que debieron hacer es modificar la Ley 1173, porque se puede aplicar en la realidad que tenemos en Bolivia y es una norma que terminó favoreciendo a los feminicidas, porque desde  2020  vimos que se los benefició con libertad”, afirmó la abogada Jéssica Echeverría, de Santa Cruz.

Señaló que, si bien la Ley 1173 fue ideada para abreviar el tiempo en el que los  fiscales deben investigar y presentar una imputación o una acusación,   ha creado  “no pequeños vacíos legales, sino ventanas por donde están escapando los feminicidas”.

Consultadas por Página Siete, diferentes autoridades y familiares de víctimas, no sólo de feminicidios sino de violaciones y violencia familiar e intentos de feminicidio, identificaron también entre los factores que permiten que agresores logren su libertad o sean sancionados con penas mínimas, en primer lugar las contradicciones jurídicas que permite la Ley 1173. Así lo afirmó la exdirectora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), Gloria Tapia.

Las posturas surgen a raíz de que, en marzo de este año, la vocal Mirtha Montaño, de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba determinó dar detención domiciliaria a Omar Alejandro Ordóñez Arias, miembro de la pandilla Wander Rap, quien fue condenado a 30 años de cárcel por la violación y feminicidio de María del Carmen Carballo  en 2016, pero logró su libertad debido a que su condena aún no se había ejecutoriado y porque -según el criterio de la vocal- ya no existía un riesgo de obstaculización a la investigación.

La vocal le dio la detención domiciliaria sin custodio y sólo fijó una fianza de 100 mil bolivianos y  arraigo, entre otros requisitos de fácil cumplimiento. La decisión causó protestas e indignación  a nivel nacional y la madre de la víctima decidió crucificarse en puertas de los tribunales. Finalmente, el 7 de mayo Montaño revocó la detención domiciliaria y ordenó el encarcelamiento de Ordóñez, pero la medida fue inútil, porque el condenado ya  había  fugado.

Tapia sintetizó los seis factores: “La Ley 1173, la mala investigación de los policías y fiscales, la falta de personal competente para valorar (emocional y psicológicamente) a las víctimas, la carencia de protección institucional del Estado hacia la víctima, el cambio de tipos penales y sentencias benévolas que emiten los jueces y la corrupción  son los principales factores que permiten que no se logre justicia pronta y oportuna en casos de violencia y feminicidio”.

Al igual que Echeverría,  consideró que, al margen de la corrupción y los  malos funcionarios, la Ley 1173 sólo creó una sobrecarga de trabajo para investigadores y fiscales que sí realizan su labor cumpliendo la norma.

El coordinador de la Fiscalía de La Paz, Sergio Bustillos, en una anterior entrevista, señaló que en casos de violaciones y violencia contra niños y mujeres, se necesitan elementos como los informes psicológicos para sustentar las imputaciones y pedir la detención de un agresor, pero las víctimas logran un certificado de este tipo de las defensorías o en  la Felcv en varias semanas, debido a la cantidad de trabajo que tienen esos  funcionarios.

“Una sugerencia que quisiéramos que se tome en cuenta es la de ampliar el tiempo que un juez determina para la medida cautelar y los seis meses que implican la etapa preparatoria”, declaró el coordinador.

Tapia lamentó que, pese a que es un compromiso del Ministerio de Justicia desde 2013, hasta la fecha no exista una institución del Estado u organización que centralice la información de los casos de violencia y feminicidios, pues el Cidem (Centro Integral de la Mujer) tuvo que cerrar debido a las políticas implementadas por el gobierno de Morales, que aseguraba que las ONG financiaban a sus opositores políticos. En efecto, los datos que proporcionan tanto la Fiscalía como  la Felcv son diferentes, debido a que cada institución maneja de manera distinta la información sobre la tipificación de los delitos y el seguimiento de casos.

Las modificaciones a la Ley 348 y la implementación de la Ley 1173 fueron promovidas por los legisladores y sectores sociales del  Movimiento Al Socialismo (MAS) y Tapia mencionó que los conflictos sociales, con cambios de Gobierno y además la pandemia, impidieron tomar medidas para frenar el mal manejo de estas reformas, cuyos resultados derivan en  hechos como el asesinato de mujeres por sus exparejas que salen de los penales, o la fuga de sentenciados como es el caso de Ordóñez.

Proceso a  jueces

  •  Denuncias Sobre  las denuncias contra los jueces que incurren en irregularidades como las denunciadas contra la vocal Mirtha Montaño, el presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, dijo que se instruyó elaborar informes departamentales para conocer cuáles y cuándo son  procesados los jueces por similares acciones a las de Montaño. Éstos serán sometidos a procesos disciplinarios y penales, de evidenciarse  delitos.
  •  Violencia Asimismo, reveló que de una revisión de todas las causas tratadas en el Órgano Judicial, se tiene que desde la implementación de la Ley 348, en 2013, se tramitaron más de 191 mil procesos de violencia de género, en los que las principales víctimas son mujeres y niños. En esos casos sólo se tiene un 20% de condenas.
  •  Feminicidios Michel también reveló que, en el caso de los feminicidios, se registraron 1.590  desde 2013, de los cuales sólo el 50%, aproximadamente, cuenta con sentencia. “Estamos pidiendo crear de manera inmediata y urgente 31 juzgados de violencia, sobre los 27 existentes, y que el Gobierno de manera extraordinaria pueda aprobar 27 millones de bolivianos para la creación de estos juzgados”, afirmó .

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