Facilitadores de la lengua guaraní exigen respeto a su labor

Gabriel Morales Espíndola/El Andaluz

El año 2010, el expresidente del Estado, Evo Morales Ayma, promulgó el Decreto Supremo 1313 que, entre sus diferentes alcances, estableció las competencias para dar paso a la creación de un Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas, para capacitar y enseñar lenguas indígenas en el territorio boliviano, mediante la intervención del Ministerio de Cultura.

Este Instituto comenzó a coordinar con las 36 naciones indígenas reconocidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), en el caso del pueblo guaraní, el 30 de septiembre del 2013, el entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, inauguró el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní “Juan Añemoti” en el municipio de Camiri, mismo que reúne la representación de todas las comunidades guaraníes en este ámbito, a través de la certificación sobre la enseñanza de la lengua y la cultura.

El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Itika Guasu, René Arebayo, recordó que desde hace casi 17 años que ha comenzado a enseñar esta lengua, incluso antes de que se institucionalice la práctica, sin embargo, esto causó revuelo en el interior de las comunidades indígenas y, sobre todo, generó críticas y acusaciones sobre el presunto “negociado” del patrimonio intangible, sin embargo, la demanda por parte de funcionarios públicos y privados, entre otros sectores de la población, motivó a la familia Arebayo a continuar con esta actividad.

“Hemos empezado dando clases a los docentes, cuando estábamos en la universidad y posteriormente, el 2009, había muchos interesados y hablar una lengua indígena era un requisito para los funcionarios públicos, ya empezamos a dar cursos al Poder Judicial, Magisterio, sector salud, hoy los institutos del departamento de Tarija, las universidades nos tildan de no estar certificados ni capacitados para enseñar nuestra propia lengua, enseñar nuestra cultura”, argumentó.

Manifestó que solicitará a la Asamblea Legislativa Departamental como a los gobiernos municipales, que se realice una auditoría para constatar si realmente los certificados emitidos por los institutos en la actualidad, gozan del respaldo de la carga horaria correspondiente, alegando que hoy se “negocia” la tramitación de este requisito únicamente para acceder a cargos públicos.

“Un curso requiere de 244 horas académicas, nosotros debemos dar clases 3 meses, dos horas diarias de lunes a viernes, hoy por hoy, como facilitadores, tenemos que gastar en internet, en medios ya sea celular o televisión, folletos, desde que hemos sido contratados en el 2010 fijamos el precio de Bs 300 por curso, pero hay institutos que están cobrando Bs 500 o 600, es preocupante porque además nos desprestigian”, agregó.

Sobre esa base, el dirigente manifestó que la asunción de una directiva presidida por un asambleísta representante de los pueblos indígenas es importante, empero no es del todo cierto que el pueblo guaraní haya dado el apoyo orgánico a los flamantes legisladores, fenómeno que también se repite en el weenhayek y tapiete.

“Nosotros como pueblo guaraní de Itika Guasu, Entre Ríos, no hemos apoyado al actual asambleísta departamental, Nicolás Montero, no tiene nuestro respaldo, porque hemos denunciado que la convocatoria, a través del CITE no se ha cumplido, el pueblo guaraní abarca 7 zonas, los votos igualitarios tanto en el Itika que también está en el Chaco, eran 10 por cada zona, esto no se ha cumplido porque en Entre Ríos sólo valieron 5 votos, el actual presidente no tiene nuestro apoyo, él se hizo elegir entre cuatro paredes, hemos visto que él decidió apoyar a Unidos y la decisión la tomó sólo”, afirmó Arebayo, a tiempo de relatar lo ocurrido al momento de la elección del asambleísta mediante usos y costumbres.

Actualmente, el Órgano Legislativo Departamental comenzó las gestiones en favor de los pueblos indígenas, mediando ante el gobernador, Oscar Montes Barzón, para que se levante la veda en el río Pilcomayo, permitiendo la comercialización del sábalo y reactivando el movimiento económico en centenares de familias.

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