Encuentran plantación de marihuana calculada en una hectárea y media de extensión

Efectivos antinarcóticos intervinieron una plantación en la región de Comarapa en los valles cruceños, donde se encontró marihuana en una extensión aproximada de una hectárea y media, reportó el periodista Javier Ramos para la Red ERBOL.

“Según los cálculos que hemos hecho sería aparentemente como una hectárea y media en que estarían los plantines y de un tamaño considerable, de dos metros, dos metros y medio y hasta 3 metros”, dijo el oficial de Umopar que informó del caso.

El efectivo calculó también que el volumen de marihuana en esta plantación está entre tres a cuatro toneladas.

Indicó que, asimismo, se has encontrado bolsas en las cuales se distribuyó la droga  lista para la venta y consumo. Anunció que la marihuana será incinerada y que se seguirán las investigaciones.

La investigación preliminar señala que se aprehendió a varias personas entre bolivianos y extranjeros.

Almagro condena la ‘tortura y asesinato’ cometidos por fuerzas del orden en Colombia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó este viernes condena a lo que calificó como “los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden” en el marco del conflicto que atraviesa Colombia, sin embargo, también llamó a que cesen los bloqueos en el país sudamericano.

Colombia vive varias jornadas de protesta iniciada por una reforma fiscal que pretendía la administración de Iván Duque y, si bien la medida fue retirada, se desató manifestaciones de rechazo al Gobierno y la violencia de la represión. Ya se cuentan más de 20 fallecidos –aunque organizaciones reportan un mayor número- y cientos de heridos.

Almagro expresó su respaldo a un informe de la Defensoría del Pueblo colombiana que para establecer la responsabilidad penal por parte de aquellos miembro de la fuerza pública que se han excedido y cometieron delitos y vulneración derechos fundamentales de la ciudadanía.

También apoyó que se judicialice a “aquellos que han transformado la protesta en vandalismo y que han confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista contra las instituciones y autoridades”.

Llamó a que actores externos e internos que inducen a la violencia que cesen de estas acciones.

Dijo que la Secretaría General de la OEA reconoce la protesta pacífica como un derecho básico, pero también se deben amparar los derechos de los que no protestan. “El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población, como la salud, como el trabajo, como la educación, como la libre circulación”, apuntó.

En ese marco, Almagro exhortó al cese de los bloqueos que manifestantes realizan en Colombia, cuando violan los derechos fundamentales de la gente

Furukawa: Esclavos humanos entre Japón y Ecuador

Condiciones de trabajo «infrahumanas», sin agua potable, luz y saneamiento. Jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social. Hacinamiento. Trabajo infantil. Mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola.

Estos son solo algunos de los abusos que padecían más de un centenar de campesinos, la mayoría afrodescendientes, en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, la principal productora de fibra de abacá (también conocido como cáñamo de Manila) del país.

En una decisión histórica, el pasado 19 de abril un juez constitucional sentenció a la abacalera, de capitales japoneses, a indemnizar a 123 de sus exempleados, que demandaron a la compañía por las terribles condiciones en las que trabajaban y vivían.

El magistrado que impuso la sentencia, Carlos Vera Cedeño, ya había constatado en enero pasado que en los campos agrícolas de Furukawa Plantaciones se llevaba a cabo una forma de esclavitud moderna conocida legalmente como «servidumbre de la gleba».

Su fallo no solo marcó un hito por ser la primera vez que una empresa es condenada por trabajo esclavo en Ecuador.

También sentó un precedente al responsabilizar al Estado por no haber actuado para prevenir los abusos.

«La responsabilidad principal por la vulneración de los derechos de las víctimas está atribuida a Furukawa por todas las acciones que esta comete», señala la sentencia de 246 páginas.

«Sin embargo, se debe señalar como responsable de todas las vulneraciones descritas al Ministerio de Trabajo», agrega.

«Si el Ministerio de Trabajo hubiese cumplido con su obligación de concurrir hasta el lugar donde vivían los trabajadores, todas estas vulneraciones que cometió Furukawa se habrían evitado«, resalta el documento.

«Por esta razón es que responsabiliza de la totalidad de la vulneración de los derechos de las victimas expuestos en esta sentencia al Ministerio de Trabajo, porque la omisión de sus atribuciones propició que estos actos se cometan».

Reparación

El juez Vera Cedeño determinó que Furukawa le pague a cada uno de los demandantes una suma que deberá ser determinada por un perito acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura.

Además, la abacalera, subsidiaria de la compañía japonesa FPC Marketing Co. Ltd., deberá entregar a cada campesino afectado cinco hectáreas de tierra o su equivalente en dinero.

Pero las reparaciones van más allá de lo económico.

El magistrado también ordenó a la compañía que se disculpe públicamente con sus exempleados, a través de una publicación en los diarios de mayor circulación del país.

Por su parte, el gobierno ecuatoriano también deberá pedir perdón.

La sentencia dispone que los Ministerios de Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud Pública emitan disculpas públicas en sus páginas web por no haber actuado oportunamente para frenar las violaciones.

El ministro de Trabajo, Andrés Isch, dijo a BBC Mundo que «la sentencia se acatará en su totalidad«.

BBC Mundo también consultó a los representantes de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador sobre el fallo, pero no recibió una respuesta.

Los abogados de la empresa le anunciaron al juez que apelarán la sentencia.

Condecoración al mérito laboral

Dos días después de conocerse el fallo, el Ministerio de Trabajo anunció que le retiraría a la empresa Furukawa un reconocimiento al mérito laboral que había recibido de parte del gobierno ecuatoriano en 2005, durante la administración de Alfredo Palacio.

«Hemos retirado, por nuestra propia iniciativa, una condecoración dada a Furukawa hace varios años desde el Ministerio del Trabajo», confirmó Isch a BBC Mundo.

Pero ¿cómo se explica que una empresa que explotaba a sus trabajadores haya recibido una condecoración al mérito laboral del Estado ecuatoriano?

Las manos de los trabajadores se deforman, no cuentan con protección ni seguro

Isch, quien asumió en 2020, responsabiliza a los gobiernos anteriores, en particular al exministro de Trabajo Galo Chiriboga quien emitió el reconocimiento.

«La única explicación que puedo asumir (evidentemente no conozco los motivos) es que se limitaron a analizar el volumen de exportación de la empresa y nunca hicieron una inspección o revisión exhaustiva de la misma», señaló.

«Sin duda, el Estado falló por décadas en identificar los abusos y proteger adecuadamente a quienes estaban en una situación de vulnerabilidad (la sentencia identifica muy claramente dichos abusos)».

«Este caso no se puede repetir», agregó.

Sin embargo, activistas por los derechos humanos que se unieron para formar el Comité de Solidaridad Furukawa, aseguran que dicha condecoración revela una connivencia entre el Estado y el sector agroexportador, que aún sigue vigente.

«Hay un interés del Estado en promover a las empresas que les suponen ingresos interesantes», afirma Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y una de las patrocinadoras de los extrabajadores de Furukawa.

Según Carrión, esto lleva a las autoridades a proteger -«ya sea por acción u omisión»- a las grandes compañías agroexportadoras como Furukawa.

«O las autoridades no tienen idea de lo que está sucediendo en estas industrias, o están ocultando las situaciones que viven los trabajadores allí», señala.

La letrada asegura que aún hoy siguen confluyendo los «intereses económicos y políticos» del gobierno y este sector.

«El actual gerente de Producción de Furukawa fue viceministro de Agricultura durante el gobierno actual de Lenín Moreno», ejemplifica.

Desde 1963

Furukawa Plantaciones funciona desde hace casi seis décadas en Ecuador, país que es el segundo productor mundial de fibra de abacá, un material altamente resistente que se usa en varias industrias, incluyendo la automotriz, donde a veces sustituye a la fibra de vidrio.

El país exporta cada año unas 7.000 toneladas de fibra de abacá a Estados Unidos, Europa y Asia, generando más de US$17 millones.

La principal abacalera de Ecuador tiene 23 haciendas distribuidas en una superficie de 2.300 hectáreas, en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador.

Los 123 extrabajadores que denunciaron a la compañía vivían junto con sus familias en precarias viviendas construidas en varias de las haciendas, que ahora han sido desmanteladas en su mayoría.

Walker Vizcarra, un fotógrafo y activista contra la violencia, retrató algunos de estos lugares en 2019, y le contó a BBC Mundo que eran pequeñas construcciones de unos 10 a 15 metros cuadrados, donde vivían familias de 3 o 4 personas, en promedio.

«Había una sola letrina para 17 casas, que quedaba a unos 20 metros de las viviendas», relató.

Vizcarra también observó que muchas de las personas tenían partes de las manos mutiladas.

«Las deformidades en los dedos se deben a que cuando pasan las fibras por la máquina que las deshilacha, muchas veces por la fuerza, se suelta y golpea los dedos de las manos, a veces les corta los dedos o los rompe», explicó.

Pobres y enfermos

Un peritaje médico realizado por el Ministerio de Salud a pedido de la defensa determinó que, además de lesiones en las extremidades, todos los demandantes sufrían alguna enfermedad crónica.

Los niños que nacen en Furukawa se quedan trabajando, producen futuros esclavos

Algunos tenían infecciones en la piel, pero la mayoría padecía de enfermedades respiratorias como consecuencia de aspirar el polvillo que se produce al procesar el abacá, pero, sobre todo, por los residuos de los mecheros de kerosene usados para poder trabajar de noche.

Incluso los niños padecían de estas enfermedades. Según Carrión, muchos eran obligados a trabajar desde los 8 o 9 años de edad.

Un registro sobre condiciones de vida de 400 campesinos abacaleros realizado en 2019 por el Ministerio de Inclusión Económica y Social mostró que el 83% vivía en condiciones de extrema pobreza y apenas el 2% no era pobre.

La abogada señala que es esta pobreza la que mantiene esclavizados a los trabajadores.

«Viven en condiciones que no les permiten irse a otro lado a buscar trabajo», afirma, enumerando, entre otros obstáculos, la falta de medios para movilizarse desde haciendas muy alejadas de las vías principales.

Fue gracias a una denuncia investigada en 2019 por la entonces Defensora del Pueblo Gina Benavides -la primera mujer en ocupar el cargo– y gracias a un grupo de abogadas voluntarias que se unieron para defender a los trabajadores explotados -entre ellas Carrión y la abogada principal, Alejandra Zambrano- que este caso de esclavitud moderna finalmente salió a la luz y se llegó a una condena.

Qué pasa ahora

Pero a pesar de la histórica sentencia contra Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, lo cierto es que la empresa ha podido seguir operando como siempre.

Más allá de una multa de US$42.880 y una clausura por 90 días ordenada por el Ministerio de Trabajo a principios de 2019, después de que la Defensoría presentó su informe sobre los abusos, la abacalera no ha sufrido cierres ni recibido otras sanciones.

En el comunicado emitido por el ministerio para anunciar la clausura, en febrero de 2019, se detallaba que en las inspecciones se hallaron, entre otros, «condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil, insalubridad, riesgo laboral, falta de entrega de ropa y herramientas de trabajo, accidentes laborales (y) personas de tercera edad».

Furukawa Plantaciones afirma tener 198 trabajadores directos que ganan salarios iguales o superiores a los establecidos por ley y gozan de todos los beneficios legales, incluyendo seguro social, uniformes, guantes y otros elementos para el desempeño de sus labores.

Sin embargo, un censo realizado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (actual Ministerio de Gobierno) en marzo de 2019 reveló que 1.244 personas vivían y trabajaban dentro de las haciendas de Furukawa.

Así lo detalla un informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que en julio del 2019 coordinó una misión que verificó «la existencia de casos de formas contemporáneas de esclavitud moderna en el Ecuador».

La mayoría de las personas eran afrodescendientes, no habían recibido educación formal y eran analfabetas.

Temor

Según Carrión, solo 123 se animaron a denunciar a sus empleadores, sabiendo que se quedarían sin empleo.

«Muchos no pueden darse el lujo de reclamar», sostiene, asegurando que el trabajo esclavo «es la cotidianidad del agro ecuatoriano», y también ocurre en otras industrias redituables para el país, como la del banano y el camarón.

«Me vuelvo a sentir un ser humano«, cuenta que le dijo una de sus representadas tras ganar el juicio.

Sin embargo, la abogada advierte que las víctimas no recibirán compensación alguna hasta que la sentencia quede firme, después de que se resuelva la apelación, que ya fue presentada por el Ministerio de Trabajo.

Consultado sobre esto, el ministro Isch explicó que «hay una norma que obliga a las instituciones públicas a impugnar las decisiones que son en su contra».

No obstante, el funcionario aseguró: «No vamos a esperar al resultado de la segunda instancia, sino que vamos a cumplir con las obligaciones inmediatamente».

Entre estas, dijo, se incluye ordenar inspecciones mensuales de la empresa Furukawa.

Isch negó que hoy existan otros casos de esclavitud moderna en Ecuador, como denuncian los organismos de derechos humanos.

«Permanentemente se realizan inspecciones tanto por denuncias como de manera aleatoria. No se ha identificado situaciones similares desde que yo asumí el cargo», señaló.

También resaltó que «es urgente generar cada vez más confianza en la ciudadanía, precisamente para que si existe cualquier caso de abuso los ciudadanos estén dispuestos a denunciar y que sea más fácil tomar acciones correctivas y de protección».

Por su parte, Carrión señala que, más allá de lo que decida el tribunal de apelaciones, este inédito fallo ya ha tenido consecuencias positivas.

«Otros 188 trabajadores y extrabajadores de Furukawa ya le han pedido a la Defensoría del Pueblo que los patrocine para denunciar a la empresa», cuenta, mostrándose esperanzada de que la sentencia aliente a otras víctimas de trabajo esclavo a buscar justicia.

Colombia: los últimos mensajes de Lucas Villa, el joven manifestante que lucha por su vida tras ser baleado durante las manifestaciones

El día antes que le dispararan, el estudiante Lucas Villa le mandó un mensaje a su amigo Héctor.

«Ahorita en Colombia solo el hecho de ser joven y estar en la calle es arriesgar la vida. Todos podemos morir acá, pero cómo uno va a dejar a su pueblo. ¿Cómo no salir a marchar, a protestar mañana 5 de mayo?».

Ese 5 de mayo, después de pasar el día protestando y marchando, Villa, de 37 años, recibió ocho balazos. Está en «un estado neurológico muy grave» internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Jorge de la ciudad de Pereira, en la cordillera central de los Andes colombianos.

Testigos aseguran que los disparos se produjeron desde un vehículo en el viaducto César Gaviria en Pereira.

Villa es uno de las decenas de colombianos heridos o muertos en enfrentamientos durante las últimas jornadas de protestas en Colombia.

Hasta el momento se calcula que 24 personas han muerto y más de 800 han sido heridas.

Las protestas comenzaron el pasado 28 de abril contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. El Ejecutivo retiró la ley ante el rechazo ciudadano, pero las marchas continúan y reclaman una economía más igualitaria, una reforma de la policía y una mejor implementación del proceso de paz.

Allegados de Villa aseguran que era un manifestante pacífico, que acudía a las marchas, bailaba y exhortaba a los jóvenes a salir a la calle.

Por su visibilidad y liderazgo, sus compañeros creen que el ataque no fue casual.

«Estamos 100% seguros de que el ataque fue perfilado y planificado», le dice a BBC Mundo uno de sus amigos que quiso mantener el anonimato.

«Horas muy complicadas»

«Estamos atravesando horas muy complicadas, pendientes de la evolución de nuestro sobrino, que está en condiciones críticas con pronóstico reservado», contó por su parte Martha Viviana de las Salas, tía de Villa, a BBC Mundo.

La policía represora

De las Salas explicó que su sobrino es un joven luchador con una visión clara de las necesidades de su patria.

Actualmente cursa el décimo semestre del programa de ciencias del deporte y la recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira. También es profesor de yoga.

«Es un joven que se basa en el amor, la reconciliación, la empatía y la solidaridad. Realiza caminatas ecológicas, ama la naturaleza y está comprometido con la preservación del medio ambiente», añade De las Salas.

«Quiero que el mundo sepa que Lucas es un líder estudiantil de paz que acompañaba las marchas bailando y cantando».

Además de animar, Villa también realizaba labores pedagógicas en la calle. Explicaba a los manifestantes los motivos de las protestas y lo que reclamaban al gobierno.

En redes sociales han circulado varios videos donde se ve a Villa realizando esas actividades en la calle. En una fotografía se le ve dando la mano y sonriendo a un policía antimotines.

«Los jóvenes tenemos miedo»

Tras el ataque a Villa, el miedo se ha instalado entre los jóvenes de Pereira.

El gobierno de Duque esta utilizando munición real, no balas de goma

«En Pereira las manifestaciones siempre son pacíficas, pero cuando llega la policía o el Esmad todo se descontrola. No es que lancen perdigones o balas de goma. Están disparando balas de verdad. Tenemos mucho miedo», denuncia el amigo de Villa.

«Este gobierno nos quiere silenciar, nos quiere matar y callar. No quieren que alcemos la voz y que se enteren de lo que hacen con nuestra población», agrega el estudiante, de 23 años.

También asegura que policías vestidos de civiles están intentando infiltrarse en las asambleas estudiantiles y sus grupos de mensajería instantánea.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reconoció este jueves al Canal Capital que el pasado 1 de mayo habían identificado a policías vestidos de civil en el centro de la ciudad durante las marchas y que les había solicitado a los mandos policiales que dejaran de usarlos para recoger pruebas y «judicializar» personas porque causaban mucha desconfianza.

Enfrentamientos

Desde que comenzaron las jornadas de Paro Nacional, muchos manifestantes han acusado a las fuerzas de seguridad de utilizar una violencia letal, mientras que el gobierno afirma que la policía enfrenta a grupos armados ilegales.

El gobierno de Duque ha hablado de ataques concertados contra la policía y de «amenaza terrorista».

El ministro de Defensa, Diego Molano, responsabilizó a disidencias de la exguerrilla FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los «actos premeditados», como ataques contra las estaciones de policía conocidas como CAIs (comandos de atención inmediata).

Testigos y allegados indican que el ataque a Villa fue perpetrado por civiles. Algunas versiones apuntan a que los disparos se produjeron desde una moto con dos hombres, otras dicen que desde una camioneta.

La periodista Valentina Lugo, del periódico El Espectador, dice que es «difícil de decir» lo que pasó exactamente porque era de noche y había mucha gente.

En Pereira se ha cuestionado al alcalde la ciudad, Carlos Maya, por «convocar a los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana», según dijo en rueda de prensa el pasado 2 de mayo.

Algunos interpretaron estas palabras como una forma de exhortar a grupos civiles para que se armaran y atacaran manifestantes.

Hablando para la emisora Bluradio, el alcalde dijo que «nunca había buscado» que los civiles se armaran y pidió disculpas si había sido malinterpretado.

Este jueves 6 de mayo, el funcionario exigió «a la policía dar con los autores intelectuales y materiales del atentado», según contó en su cuenta de Twitter. Las autoridades están ofreciendo 50 millones de pesos (más de US$13.000) a quienes ayuden a capturar a los pistoleros.

El amigo de Villa estuvo junto a él durante las protestas del 5 de mayo. Pero no se quedó hasta la noche. En la tarde regresó a su casa para no preocupar a su madre.

Los mensajes premonitorios de Villa

En su conversación con la BBC, cuenta que un día antes de los disparos hablaba con Villa sobre la necesidad de que los jóvenes colombianos salieran a la calle a protestar y a defender los derechos del pueblo.

En uno de los mensajes de voz que le envió, cedidos a BBC Mundo, Villa ya avisaba sobre los peligros que entrañaban las marchas.

«Es un momento refeo y refuerte y puede pasar lo peor. Muchos podemos morir«, dice Villa.

Pero a pesar de dichas palabras, el joven se mostraba convencido de que no podía dejar de salir a la calle: «¿Cómo no salir a marchar, a protestar mañana 5 de mayo? Toca asumir y si toca irse, toca irse. Toca enfrentar eso. Ojalá el espíritu nos guíe y nos cuide para crear un mundo nuevo».

La tía de Villa afirma que hay una investigación policial en marcha sobre lo que sucedió realmente, aunque hasta este viernes nadie se había puesto en contacto con la familia.

‘Chuteros’ ofrecen autos, importados ilegalmente y robados, a mitad de precio que el comercio formal

El mercado de los autos chutos tiene un menú de vehículos de distintos colores y años, son vendidos al 50% menos por contrabandistas que burlan los decretos vigentes que prohíben el ingreso de autos con más de uno y dos años de antigüedad al país

Camionetas, furgones, jeeps, y otros vehículos de distintos colores y años son las ‘perlas’ del menú que pone a la venta autos chutos en territorio nacional. Al 50% menos, los contrabandistas burlan los decretos vigentes que prohíben el ingreso de vehículos con más de uno y dos años de antigüedad a Bolivia y sacan tajada de esta situación. 

Los vendedores de autos chutos o ‘chuteros’ realizan grandes ferias, como por ejemplo en el municipio de Challapata, a 400 kilómetros de La Paz, conocida como la ‘Venta grande de autos indocumentados’, donde cada miércoles y sábado cientos de vehículos, la mayoría provenientes de Chile, son ofrecidos al mejor postor, según el Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa a través del Director General de Lucha Contra el Contrabando, Bladimir Orellana, comunicó que hasta la gestión 2019 se implementó y se equipó  el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando, «pero en la gestión de Jeanine Áñez Chávez (2019-2020), se desmanteló todo lo avanzado e implementado».

En el lamento de las autoridades está que se realizó el repliegue del personal del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando trasladando 48 vehículos que operaban en las fronteras a ciudades capitales; sin embargo, la situación en las fronteras va más allá de las acciones del Gobierno transitorio.

Y es que el contrabando de vehículos que realizan los chuteros es denominado contrabando masivo, porque operan y se desplazan por las fronteras en caravanas de más de 10 vehículos, cuentan con telefonía satelital y comunicación de última generación e incluso armamento de guerra para resguardar la mercadería ilegal y comunicarse con los que operan y colaboran en esta actividad ilícita.

El contrabando es un problema estructural que afecta negativamente a la economía boliviana evadiendo el pago de varios tributos aduaneros, asimismo perjudica la capacidad productiva de los distintos sectores del país.

En 4 meses y 6 días hubo 40 feminicidios en Bolivia

Del 1 de enero al 6 de mayo de este año se registraron 40 casos de feminicidio en Bolivia, según informó este jueves el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa. La autoridad se reunió con la comisión especial mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde informó sobre estas cifras.

Dijo que “lamentablemente, en lo que vamos de esta gestión, tenemos 40 feminicidios a nivel nacional”. Explicó que la comisión mixta de la ALP tiene como objetivo llevar adelante un seguimiento a todos los casos de feminicidio y en la reunión el Ministerio Público brindó datos sobre los avances en estos casos.

La mayor cantidad de ellos se registró en los departamentos del eje: La Paz con 11, Santa Cruz con 8  y Cochabamba con 7. En Oruro hubo 5, en Potosí 3, en Beni 2, en Chuquisaca 2, en Pando 1y en Tarija 1.

Ante estas cifras, la Comisión determinó realizar reuniones entre el Ministerio Público, Órgano Judicial y Policía Boliviana, en los nueve departamentos, para identificar las dificultades procesales en la resolución de los casos de feminicidio, según indica un comunicado de la Fiscalía General del Estado.

“Hemos tenido ese avance en la reunión donde se ha establecido como tarea visitar cada uno de los departamentos para hacer una reunión conjunta entre el Ministerio Público, Órgano Judicial y Policía Nacional y tomar ahí las iniciativas y sugerencias de cuáles son las dificultades y los problemas que se han advertido en cada uno de los casos de feminicidio a nivel nacional”, recalcó Lanchipa.

Uno de los últimos feminicidios reportados en el país sucedió en Santa Cruz. Janeth Callihuara (43) fue presuntamente ahorcada por su esposo con el cable de un aparato de DVD, en su propio domicilio.

El 4 de mayo se registró la muerte de una joven de 22 años en la zona de Alto Tacagua (La Paz) y el principal sospechoso es el hermano de la víctima. Producto de las investigación fueron aprehendidas cinco personas, de las cuales dos fueron enviadas a celdas judiciales.

Aprehenden a violador después de tres años

Franklin G.C.S. fue aprehendido ayer luego de ser acusado de abuso sexual en contra de su prima, que en ese entonces tenía 10 años. Los padres de la víctima denunciaron que tuvieron que peregrinar por justicia durante tres años. La parte acusadora espera que la audiencia cautelar sea expedita y que se envíe a prisión al agresor.

“Aprovechando que la niña se quedaba en la casa de la abuela materna (el acusado) procede a abusarla sexualmente, bajo el argumento de que es un juego y le realizó toques impúdicos”, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) zona Sur, Juan Pablo Machicado. 

El caso data de 2018. Durante este tiempo, el acusado burló la acción de las autoridades, mientras que la familia de la menor recorrió un escabroso camino en  busca de justicia. La víctima no pudo aguantar más el silencio. En las entrevistas especializadas que se le hicieron se descubrió que había sufrido los abusos en más de 10 ocasiones desde que tenía ocho años, informó la delegada de la Defensoría del Pueblo, Teresa Subieta, con base en el testimonio de familiares.

El proceso se desestimó en dos ocasiones, en 2019 y 2020, debido a la falta de comparecencia del acusado que obstruía las investigaciones y se las arreglaba para evitar ser encontrado, indicó Machicado.

El papá de la niña lamentó que alguien con semejante acusación y, además, habiendo  estudios que corroboraban los abusos, haya podido caminar por la calle tranquilamente. “Son tres años que vivimos un calvario como familia. Nos sentimos intimidados por los familiares del acusado, ya no sabemos qué hacer ni a quién acudir”, denunció.

Anulan resolución que dio libertad a Jhasmani Torrico y permanecerá en la cárcel

La Sala Penal Cuarta anuló la resolución del Tribunal de Sentencia N° 2 de Quillacollo que benefició a Jhasmani Torrico Lecler con detención domiciliaria y otras medidas, esto dentro el caso «mecánico».

El Tribunal de Sentencia N° 2 de Quillacollo, ante la anulación de la resolución que beneficiaba con detención domiciliaria a Torrico deberá emitir una nueva resolución en el plazo de 48 horas a partir de la devolución.

Torrico deberá permanecer en el recinto carcelario, porque pese a haberse beneficiado con la detención domiciliaria, no pagó la fianza impuesta de Bs. 80.000 y que fue motivo de su apelación, según una nota publicada por el Tribunal de Justicia.

Torrico cuenta con una sentencia de primera instancia por los delitos de secuestro, lesiones y extorsión contra un mecánico. El pasado 4 de marzo se benefició con detención domiciliaria pero para beneficiarse con esta medida, debió pagar una fianza de Bs 80.000, cumplir un arraigo, presentarse cada 7 días y no concurrir al domicilio de la víctima.

Pasajera de BOA denuncia robo de pertenencias; aerolínea la culpa por no revisar su equipaje

A través de una carta, la pasajera de Boliviana de Aviación (BOA) Carmen Melgar denunció que sufrió el robo de sus pertenencias sacadas de su maleta personal, en un viaje que hizo de la ciudad de Santa Cruz hacia La Paz, el 19 de abril. En respuesta, la aerolínea estatal manifestó la responsabilizó porque debía revisar sus pertenencias en el aeropuerto.

“La respuesta que me da BOA es que al llegar (a destino) debí revisar mi equipaje. Lo que ellos me están diciendo es que yo debo partir del principio de culpabilidad. Yo debería asumir que hay ladrones en el aeropuerto y llegue a revisar, eso me indican”, aseguró Melgar a Página Siete Digital.

Este medio buscó la versión de la empresa, pero el servidor responsable de atender la consulta no contestó las llamadas ni el mensaje enviado por WhatsApp.

La pasajera envió la carta el 22 de abril, dirigida al gerente general de la aerolínea, Ronald Cassio, a quien explicó lo sucedido y le pidió que investigue lo suscitado.

“Quiero precisar que mi equipaje llegó a medias y al abrir mi maleta, con sorpresa y desconcierto, me percaté que faltaban prendas de vestir, un par de zapatos e incluso mi ropa interior nueva que compré en la capital oriental. El motivo de la carta es solicitar la investigación y la devolución de mis pertenencias”, se lee en la carta.

Asimismo, Melgar sostuvo que “vulneraron su privacidad” y que ella, al pagar el pasaje de avión, también paga por un sistema seguro y confiable de transporte.

“Yo he pagado por un pasaje que me da el transporte de mi persona y seguridad para mi equipaje. Entiendo que estoy viajando en una aerolínea seria, con personal honrado porque yo entregué y recogí mi equipaje con BOA. Yo siento que han vulnerado mi privacidad”, manifestó.

La respuesta de BOA a la pasajera llegó también por escrito y expresa que lamentan el hecho, «sin embargo, no es posible atender favorablemente la solicitud» de la afectada.

Exministro Navajas apunta a Añez y Murillo en caso respiradores españoles

El exministro de Salud, Marcelo Navajas, amplió su declaración ante la Fiscalía por el caso respiradores españoles y apuntó contra la expresidenta Jeanine Añez y el exministro Arturo Murillo, atribuyéndoles la responsabilidad de presentar los equipos en 2020 con un “afán mediático” sin conocimiento suyo.

La información fue proporcionada por el abogado de Navajas, Osvaldo Zegarra, quien indicó que hace tres semanas Navajas solicitó ampliar la declaración en este proceso, por el cual aún tiene detención domiciliaria.

El exministro se refirió al acto que se realizó el 14 de mayo de 2020 en la ciudad de Santa Cruz, cuando Añez, junto a Murillo, presentó los 170 respiradores que habían llegado desde España.

Según el abogado, Navajas declaró ante la Fiscalía que Añez y Murillo hicieron esa presentación sin conocimiento suyo y que habría un “afán mediático” de por medio.

“Se ha dejado claro que desconoce por qué la señora Añez y el señor Arturo Murillo raudamente, por un afán mediático protagónico, entregaron esto como si estuvieran prácticamente haciendo un beneficio, cuando nunca se dijo que eran respiradores para terapia intensiva”, aseveró Zegarra.

Entonces, se había generado polémica porque la mandataria había presentado los respiraderos en un acto público, pero después médicos reclamaron que los equipos no eran aptos para terapia intensiva.

Navajas, según su abogado, alegó en su declaración que las especificaciones técnicas le llegaron de su antecesor en el Ministerio de Salud. 

El jurista agregó que su defendido en mayo de 2020 ya había dicho que esos equipos no eran para terapia intensiva y que se los había comprado por su sencillez de uso, que no requería de un intensivista.  

El abogado señaló que, en su opinión personal, la Fiscalía debería citar a declarar a Añez y Murillo en este caso de los respiradores españoles. “Ellos mínimamente deberían haber informado al ministro del área Macedo navajas que estaban entregando públicamente, lo cual no sabía”, sostuvo.

El señor Marcelo Navajas en realidad ha sido víctima del régimen de la señora Añez, del señor Murillo. Ha sido víctima porque ha sido el único ministro que, estando en función a escasos 30 40 días de su posesión, ha sido aprehendido cual si fuera un antisocial, lo cual lógicamente no existe un elemento un documento que diga que él tuvo una responsabilidad o un manejo oscuro o poco claro”, enfatizó.

En este proceso también está investigado el exviceministro Wilson Santamaría, entonces colaborador de Murillo, porque presuntamente habría recibido los respiradores antes de la comisión de recepción del MInisterio de Salud, cuando se hizo la presentación pública.

Respecto al proceso, el abogado de Navajas señaló que el año pasado ya se ha logrado dejar sin efecto una imputación formal y que esa decisión ha sido ratificada por la sala penal.